Hay muchas cosas por hacer sin que volver a las urnas sea una de ellas. El pasado 28 de abril, más de veintiséis millones de ciudadanos votamos con un resultado evidente: el partido ganador de las elecciones tiene mayoría absoluta en el Senado y suma en el Congreso el mismo número de diputados que el segundo y tercer grupo, juntos. En un régimen pluripartidista donde las leyes se aprueban en el Parlamento, la clave no es tanto la investidura de un presidente sino que las Cámaras echen a andar cuanto antes. Así, quien tiene mayoría clara debe poder formar un gobierno coherente y sin sombra de corrupción, en base a un programa cuyo cumplimiento va aprobando conforme sea capaz de negociar con el resto de grupos para obtener las mayorías necesarias.
El actual momento de España es crucial para nuestro futuro. Abordamos una legislatura compleja donde los valores materiales —llegar a fin de mes con dignidad, por ejemplo— se convierten en vitales para millones de españoles, sin que los identitarios hayan perdido fuerza. Una legislatura en la que será fundamental la capacidad del Parlamento para encontrar soluciones a esos problemas que tanto están alterando la convivencia y la cohesión en nuestro país, intentando buscar lo que une y abandonar la confrontación como método. Una legislatura sin mayorías absolutas, lo que significa que el Ejecutivo pierde protagonismo ante el Legislativo que es donde se deben pactar y aprobar las reformas necesarias.
Después de seis años de recuperación económica, estamos mejor que en plena crisis. Claro. Pero hay demasiadas cosas que no van todo lo bien que deberían, precisamente como consecuencia de la fuerte inestabilidad política en la que nos instalamos a partir de la anterior investidura fallida del candidato Sánchez, en 2016. Algunos asuntos evolucionan con una lentitud incompatible con recuperar la cohesión social suficiente: casi la mitad de nuestros ciudadanos es víctima de una integración social precaria o de exclusión social. Otros temas, ni siquiera los estamos analizando desde las instancias públicas pese a lo urgente que resulta adoptar decisiones para no perder un tren global que hace tiempo que está en marcha.
Se podría organizar las tareas económicas pendientes en dos bloques: cerrar las heridas de la crisis y abrir caminos hacia el futuro. Y, para ambas, un Gobierno impulsando reformas y un Parlamento discutiéndolas, aprobándolas y controlando su correcta implementación son imprescindibles, aunque el activismo de la sociedad civil sea, también, necesario.
Va muy lenta la llegada de la recuperación a las familias y, especialmente, a los seis millones de hogares que no pueden permitirse unas vacaciones o un imprevisto. En parte, porque las políticas puestas en marcha para hacer frente a la crisis rompieron los dos principales canales de transmisión que permitían que el crecimiento económico se expandiera por el conjunto de la sociedad: el gasto social redistributivo, con los recortes y una negociación salarial equilibrada, con la reforma laboral. Así, aunque es la demanda interna la que está tirando de nuestro crecimiento diferencial, lo hace sobre un modelo productivo de baja productividad, empleo precario, muy centrado en la construcción, el turismo masivo y el endeudamiento de unas familias para las que el salario más frecuente de sus miembros está en 17.484 euros.
La recuperación económica no está llegando a todos al ritmo que debería hacerlo si hubiera un Parlamento dispuesto a debatir y aprobar medidas como los ingresos mínimos (los sindicatos presentaron una Iniciativa Legislativa Popular) o el incremento de la ayuda por hijo a cargo. O para consensuar una reforma del sistema de pensiones que lo haga más sostenible, o para legislar una política de acceso a vivienda para familias desfavorecidas, o para recuperar en los Presupuestos los niveles de atención y servicio que nos merecemos en la sanidad o la educación públicas, o para no conformarnos con una tasa de paro que duplica a la media de los países de nuestro entorno. Y todo ello, en el contexto europeo de control del déficit y la deuda pública con mercados financieros globales, obliga a revisar los niveles reales con que se contribuye a la hacienda pública en función de la capacidad económica, tal y como se reconoce en la Constitución.
Para enganchar a España a las olas de transformación mundial que están cambiando las maneras de hacer, de consumir y de trabajar, necesitamos un Gobierno que impulse en el Parlamento medidas de las que todo el mundo está hablando pero nadie está haciendo por la inestabilidad política vivida. Me refiero, por ejemplo, a una Ley de Cambio Climático que enmarque con garantías la transición energética iniciada; una reforma educativa que reduzca los escandalosos niveles de fracaso escolar y aproxime los conocimientos y habilidades de los alumnos con las necesidades de las empresas; medidas que impulsen la productividad de las empresas para que nuestra necesaria competitividad no se tenga que basar en salarios bajos; una adaptación legislativa al imparable desarrollo de la robotización, plataformas digitales, inteligencia artificial; una apuesta ordenada para reindustrializar la economía; un sistema permanente de análisis de la eficacia del gasto público (40% del PIB), para centrar el debate sobre si hace bien lo que debe de hacer; o a una nueva articulación público-privada entorno a la llamada Responsabilidad Social de las Empresas, que incluye compromisos privados que deben articularse con los compromisos públicos y que va más allá del debate sobre el impuesto de sociedades.
Es mucho lo que necesitamos del Gobierno y del Parlamento actualmente. Para escuchar, proponer, discutir, dialogar y acordar con el objetivo de llevar a cabo las transformaciones que son necesarias y sobre cuya urgencia resulta imposible exagerar. Todas nuestras mejoras en oportunidades personales, nivel de renta, bienestar social y derechos, dependen de que seamos capaces de resolver en el Parlamento las brechas sociales existentes y abordar de manera sensata los retos y posibilidades que se nos están planteando.
De esto va la política democrática, ¿no?. De avanzar, mediante una vía consensuada para resolver los conflictos o la diversidad de intereses o puntos de vista existentes en una sociedad plural y compleja como la nuestra. Lo opuesto a bloquear al país, prendidos de los intereses particulares de aquellos agentes elegidos por los ciudadanos precisamente para resolver los problemas colectivos. No tener un Gobierno en julio, con la amenaza de repetir unas elecciones que serían las cuartas en cinco años porque a algunos políticos no les gusta lo que acabamos de decir los ciudadanos en las urnas, sería el mayor daño que se podría infringir a los españoles. Empujemos para que no pase. Sin vetos, ni personalismos.
Jordi Sevilla, presidente de la Red Eléctrica de España, fue ministro de Administraciones Públicas de 2004 a 2007.