Quizá la forma más didáctica de explicar la diferencia entre violencia machista y violencia intrafamiliar consista en recurrir, como hacía Pablo de Lora hace unos días, a la teoría de los conjuntos y al diagrama de Venn: presentar ambos problemas como dos circunferencias que no se solapan del todo y comparten la superficie de su intersección.
Por su sencillez y utilidad, el diagrama de Venn resulta muy práctico para enseñar a los niños a utilizar el pensamiento lógico. Seamos niños por un momento y apliquemos la lógica libre de prejuicios promovidos interesadamente desde las dos trincheras de la guerra cultural. Si dentro de la circunferencia A incluimos a las víctimas de violencia machista y dentro de la circunferencia B a las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia doméstica, encontraremos en la intersección compartida a mujeres que son víctimas de violencia dentro de la pareja con la que conviven y, además, a los menores a cargo de esa pareja. Es decir, esas mujeres y esos niños víctimas de violencia de género lo son al mismo tiempo de violencia intrafamiliar.
Lo que ocurre es que en la parte de la circunferencia A no compartida con la B sigue quedando un gran número de víctimas: las que han sufrido algún tipo de violencia o acoso sexual fuera del ámbito doméstico, o las mujeres prostituidas víctimas de trata, entre otras. Y también en la circunferencia B encontraremos otras víctimas, como los padres y madres que sufren agresiones por parte de sus hijos, los menores que las sufren por parte de sus progenitores o los abuelos que padecen maltrato.
Definidos los conceptos, encontramos a representantes de Vox comprometidos en la lucha contra la violencia intrafamiliar, pero que insisten en afirmar que no existe la machista o de género. Y en el lado opuesto tenemos a la coalición Frankenstein encabezada por Sánchez, cuya máxima autoridad en materia de Igualdad, la misma Irene Montero de la que ahora el presidente y Yolanda Díaz reniegan, espeta desde su cuenta de Twitter: «No es violencia intrafamiliar, es VIOLENCIA MACHISTA» (las mayúsculas son suyas).
Así es como hemos llegado al absurdo de negar lo obvio, que diría Feijóo: unos niegan el contenido de la circunferencia A y otros el de la circunferencia B. De la intersección ya ni hablamos.
Para identificar y resolver problemas conviene conocer los datos disponibles. Según el INE, en 2022 fueron víctimas de violencia de género 32.644 mujeres y 1.376 menores, todos ellos con órdenes de protección o medidas cautelares dictadas por los juzgados. Y si hablamos de violencia doméstica, el número de víctimas ascendió a 4.949 mujeres y a 3.202 hombres. El cálculo final arroja por tanto la cifra de 37.593 mujeres víctimas frente a 3.202 hombres víctimas, y específicamente a 34.020 víctimas de violencia machista frente a 8.151 víctimas de violencia doméstica. Es decir, el 92% de las víctimas fueron mujeres, y el 81% de esa violencia corresponde a la categoría de violencia machista. El porcentaje en realidad es superior, por cuanto los datos que proporciona el INE se limitan a la violencia machista ejercida dentro de la pareja, lo que deja fuera de este recuento a las víctimas de violencia sexual o a las víctimas de trata. Así y siguiendo con los conjuntos, el número de víctimas que aparecen en la circunferencia A es mucho mayor que el que aparece en la circunferencia B.
Si convenimos que hay un problema -la gran proporción de mujeres que sufren violencia lo es- y si queremos encontrar una solución, tendremos que analizar su causa y hacerla visible para que sea combatida con mayor facilidad. Por eso hoy distinguimos entre violencia machista y violencia doméstica. Yo personalmente prefiero el término «machista» al «de género»; entre otras cosas porque el primero pone el foco en la causa. Esa violencia contra las mujeres la ejerce el que es machista y violento, no los hombres en general, según tratan de trasladar determinadas posiciones extremistas. No está de más especificarlo para que no se sienta atacado ningún amigo de Sánchez, que de eso ya se encarga el propio Sánchez.
Ha sido así, separando problemas según su causa, como se ha ido avanzando en la lucha contra la violencia machista, pero no por ello se ha dejado de atender a las víctimas de violencia doméstica o violencia intrafamiliar. Un problema no anula el otro.
Desde 2021 he estado al frente de la Dirección General de Igualdad de la Comunidad de Madrid. Durante este tiempo he tenido la oportunidad de charlar con numerosas víctimas de violencia machista: mujeres que junto a sus hijos han comenzado a ver la luz gracias a su fortaleza y a la red de recursos de la comunidad presidida por Isabel Díaz Ayuso. La mayoría de las veces lamentan no haber conocido antes la existencia de estos centros. Muchas llegan después de un episodio importante de violencia con intervención policial, y es la propia policía la que las deriva al centro. Si ya es difícil para estas mujeres acceder a nuestros recursos porque no saben de su existencia pese a las campañas de difusión, me pregunto qué pensarán cuando escuchan a ciertos líderes políticos cuestionar que la violencia machista que ellas sufren cada día exista. Feijóo ha sido rotundo: «La lucha contra la violencia de género es un principio irrenunciable para el PP». Se podrá discrepar en la forma de abordar el problema o en la propuesta de soluciones, pero negar su existencia es un disparate.
¿Por qué la lucha contra la violencia machista se sacó del consenso político? Cierto es que la izquierda, empezando por el PSOE, ha intentado hacer del feminismo una bandera excluyente. Recordemos aquella frase de Carmen Calvo: «El feminismo no es de todas, bonita, se lo ha currado el socialismo». Se trataba de excluir de la lucha por la igualdad al feminismo liberal con el que muchas mujeres y hombres nos sentimos identificados. Recordemos también cómo el PSOE, después de acordar un pacto de Estado contra la violencia de género durante el gobierno de Rajoy, intentó expulsar a las mujeres del PP y de Ciudadanos de las manifestaciones celebradas con motivo del día de la mujer, el 8 de marzo. Mientras compartían espacio en la calle con el único partido que no votó a favor de ese pacto, Podemos, al que posteriormente Sánchez le encomendaría las políticas de igualdad de su Gobierno. Se las quitó al PSOE y se las entregó a Irene Montero. La ley del solo sí es sí -tan de Montero como de Sánchez- ha provocado hasta la fecha 1.127 reducciones de condena y 115 violadores excarcelados.
Cuando Vox propone derogar la legislación actual en materia de violencia de género y promulgar en su lugar «una ley de violencia intrafamiliar que proteja por igual a ancianos, hombres, mujeres y niños», está negando una forma específica de violencia contra la mujer -la machista- que requiere un tratamiento propio. Quiero pensar que Vox desea erradicar o reducir en lo posible las palizas, la tortura psicológica, las vejaciones, el maltrato o los asesinatos en el ámbito de la familia o de la pareja; pero para ello, en un ejercicio de madurez política, debiera atender a los datos y a la experiencia acumulada por quienes desde las administraciones lidian hace ya décadas con esta lacra.
Llevo el tiempo suficiente en política como para saber que, por desgracia, los partidos sacrifican a veces la eficacia en aras de retener una bandera: un mensaje que los posicione en un nicho electoral. Ojalá esos mismos políticos, por dogmáticas que sean sus posiciones de partida, fueran capaces de matizar o corregir sus ideas preconcebidas cuando se acercan al problema en sí. Les invitaría a que visitasen uno de nuestros centros y conociesen de primera mano la tragedia de alguna de las mujeres allí atendidas: quizá entonces modificarían su punto de vista y se sumarían a la tarea de ayudarla y prevenir otros casos iguales.
Por culpa de la deriva polarizadora de los últimos años, en la que el sanchismo tiene una responsabilidad evidente y principal, estamos aún lejos de devolver la lucha contra estas formas de violencia al amplio consenso que imperaba en España hace solo una década. Pero me gustaría creer que se abre un nuevo tiempo político donde el feminismo volverá a ser causa de integración y no de confrontación. Un compromiso compartido, y no un campo de batalla sectaria. Trabajemos por ello.
Patricia Reyes es diputada por el PP en la Comunidad de Madrid.