Por una democracia ilustrada

Del aluvión de diagnósticos y recetas ideados para resolver los problemas de España emerge una larga lista de asuntos que sugieren revisar nuestra democracia: el funcionamiento de los partidos, la corrupción, la falta de transparencia, el desprecio a los órganos independientes, la articulación territorial del Estado, etcétera. Hoy me ocuparé sólo de un problema que, en mi opinión, merece una especial atención: los deficientes procedimientos de elaboración de normas y de evaluación de la actuación política.

Aunque nuestros problemas son similares a los de otros países, cuando nos comparamos con democracias como la americana o la británica, detectamos que esos problemas aparecen en España con mayor frecuencia e intensidad. Una muestra es la generalización del populismo en España, que no sólo aprovechan los partidos minoritarios, sino que los partidos de gobierno lo practican también con una normalidad preocupante. Aquí hemos escuchado que no hacía falta extender la edad de jubilación a los 67 años, que no había que subir el IVA sino bajarlo, que no había que congelar el sueldo a los funcionarios, o que la reestructuración bancaria no costaría ni un euro a los contribuyentes españoles.

Por una democracia ilustradaUna explicación de la generalización del populismo en España es que la elaboración de las normas y el control de la actividad política se hacen sin una suficiente ilustración de los problemas y sin un serio análisis de los posibles efectos de las políticas. En España siempre se quiere ir directamente a votar, a decidir. Si hay un problema, si hay algo que necesita ser cambiado, lo que se demanda es, antes de estudiarlo, una votación. Se actúa así cuando se está en la oposición y, cuando se está en el Gobierno, las actuaciones no ilustradas toman otras formas. Por ejemplo, la de aprobar decretos ley improvisados. Este es un país donde un lunes se decide llevar el viernes al Consejo de Ministros un decreto ley y el miércoles todavía no se tiene un borrador redactado.

Y no es que en España no se discuta de política. Tanto en los medios de comunicación como en el mismo Parlamento se enfrentan continuamente las políticas. El problema es que esas formas de confrontación no incluyen el análisis, el estudio, no se llama a los expertos en las cuestiones que se debaten, no se estudian otras experiencias internacionales y por tanto lo único que le llega al ciudadano es el duelo entre unos y otros, con lo que su juicio sólo puede basarse en la cercanía ideológica.

Se ha dicho que los medios son los responsables porque sólo buscan una exposición rápida de las distintas propuestas sin interesarse por los estudios y análisis en que estén fundamentadas. Pero no es esta su función. Los medios reflejan la realidad de la política española y es inútil esperar que la mejora en la profundidad y en la discusión de nuestras políticas venga de ellos. Son las instituciones democráticas las que tienen que asegurar procedimientos como los que existen en el mundo anglosajón donde, al margen de contar con libros blancos que no se encargan exclusivamente a simpatizantes del Gobierno, se crean comisiones que convocan a académicos y expertos, se estudian las experiencias internacionales y se exige precisar todos los efectos de las distintas políticas. Esos países cuentan con unas instituciones que obligan a hacer un debate ilustrado. Tres ejemplos: la discusión de la reforma de la sanidad del presidente Obama, el análisis del Congreso americano sobre las causas de la crisis financiera, o la revisión de la regulación energética en el Parlamento Británico. La comparación con lo que se ha hecho en España sobre asuntos similares es demoledora.

Hace poco, en estas mismas páginas, el sociólogo Urquizu subrayaba el desconcierto que embarga a los españoles y no cabe duda que una de las explicaciones de ese desconcierto es que ni la crisis ni las diferentes políticas se han debatido en profundidad. La gente no entiende por qué se suben los impuestos por quienes prometieron no hacerlo y, en especial, por qué se sube el IVA cuando antes se había incitado al pueblo a salir a la calle a pedir su reducción en mesas instaladas al efecto y no comprende por qué ahora se mantienen los 67 años para jubilarse si antes esto era un error innecesario del Gobierno anterior.

Pero no es el desconcierto el peor daño de la falta de una democracia ilustrada. Otro efecto pernicioso es que los políticos responsables de los diferentes partidos no se atreven a proponer políticas como, por ejemplo, las políticas de flexiguridad y productividad que aplican con éxito los países nórdicos y que podrían ayudar a sacar a España del drama del paro, de las bajas remuneraciones y de la desprotección social. Y es que, si no hay análisis e ilustración, la opinión pública nunca las entenderá ni las aceptará y los políticos que las propusieran se suicidarían electoralmente.

Si no se acometen reformas políticas será muy difícil avanzar en las reformas económicas. Ahora mismo, en cuanto el BCE ha dado un respiro a todos los países periféricos, en España se han paralizado las reformas y sólo se propone lo que puede dar alguna alegría electoral. Pero no cabe esperar otra cosa si no contamos con mecanismos de análisis y discusión profunda de las políticas en el Parlamento. Si no contamos con esos mecanismos e instituciones nadie propondrá las reformas económicas necesarias y, una vez más, la única posibilidad que le quedará al ciudadano será la de decidir entre diferentes populismos.

No es que en España haya escasez de expertos que puedan contribuir a debates razonados y fundamentados sobre las distintas políticas. En economía o en el sistema financiero —y supongo que será igual en otros muchos campos— hay bastantes expertos y responsables con un buen nivel, similar a los de otras democracias avanzadas. El problema es que estos expertos no participan en absoluto en la formación de las políticas. Escriben en blogs, libros y revistas pero ello sirve de poco porque la política española ignora sus trabajos. Es esencial que la ilustración entre en el Parlamento, que es quien elabora las normas y controla al Gobierno. Lo importante es que los políticos tengan que posicionarse en la Cámara no exclusivamente en base al populismo, sino razonando, examinando los efectos de unas y otras políticas y explicando por qué no se hace en España lo que ha tenido éxito en otros países.

Mientras las instituciones no obliguen a un debate ilustrado seguiremos viviendo bajo el imperio de las ocurrencias, cualquiera sea el partido que gobierne. Seguiremos viviendo en un país donde cada dos meses el Consejo de Ministros aprueba 40 medidas para lo que sea, en el que cambios en la regulación energética aparecen escondidos en una disposición de la ley de servicio doméstico, en el que las memorias económicas no estudian el impacto de las medidas que se aprueban, etcétera.

Y las elecciones no resolverán este problema. Bajo el Gobierno actual se han alcanzado cotas nunca vistas antes, pero el partido que nos gobierna no es quien ha inventado el populismo y la falta de debate institucional ilustrado. El problema viene de atrás, y simplemente sucede que ha empeorado con el paso del tiempo. Sin reforma institucional, las elecciones no cambiarán nada.

Es verdad que el populismo está en el ADN de la política, y no sólo de la política española, y por tanto es ingenuo pensar que va a desaparecer del todo, se haga lo que se haga. Pero no debemos renunciar a intentar disminuirlo. Al menos no deberíamos ponerlo tan fácil.

Miguel A. Fernández Ordóñez fue Gobernador del Banco de España.

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