Por una fiscalidad europea

El 5 de noviembre de 2014, un grupo de periodistas reveló que entre 2002 y 2010 más de 330 multinacionales acordaron pactos secretos con Luxemburgo, los llamados tax rulings, con el objetivo de reducir su carga tributaria global. Así nació el escándalo conocido como LuxLeaks.

La dimensión del engaño ha originado una ola de indignación en el mundo. Algunas de las empresas que facturan miles de millones de euros han disfrutado de tipos impositivos efectivos inferiores al 1%  sobre unos beneficios artificialmente trasladados a Luxemburgo. Entretanto, las pymes no se benefician de estos acuerdos, al tiempo que se enfrentan a una competencia desleal.

Así, Estados miembros de la Unión Europea compiten entre sí ofreciendo una variedad de medidas fiscales creativas, incluyendo los acuerdos tributarios, con la finalidad de atraer artificialmente la domiciliación de empresas a su territorio. Esta práctica priva al resto de socios europeos de una parte importante de sus ingresos fiscales, una pérdida de recaudación que podría haber sido invertida en mejorar los servicios públicos, la sanidad o la educación.

Sin embargo, ha transcurrido un año sin que haya cambiado mucho esta realidad, a pesar de los anuncios realizados. La Unión Europea está fallando a sus ciudadanos y a las pequeñas y medianas empresas.

De hecho, el 6 de octubre de 2015, los ministros de finanzas de la UE perdieron la oportunidad de demostrar que han aprendido las lecciones del escándalo de LuxLeaks. EL acuerdo alcanzado en el Consejo sobre la extensión del sistema de intercambio automático de información a los pactos tributarios diluye seriamente la propuesta de mínimos de la Comisión, y no pone suficiente luz sobre estos apaños secretos.

Esa situación daña gravemente los sistemas tributarios nacionales y el proyecto europeo: necesitamos urgentemente una acción fuerte y efectiva. Un verdadero mercado interior solo puede funcionar correctamente en un marco transparente, cooperativo y coordinado en lo que respecta al impuesto de sociedades. Seguir como si nada hubiera pasado no es una opción.

La Unión Europea debe asegurar que las multinacionales pagan sus impuestos donde generan los beneficios. Nosotros reclamamos reformas ambiciosas para acabar con el fraude y la elusión fiscales, cerrar los resquicios legales, sancionar de manera efectiva los paraísos fiscales, luchar contra la corrupción y el lavado de dinero, y mejorar la transparencia y la cooperación transfronteriza.

En este contexto, llamamos a los Gobiernos de la Unión Europea a apoyar la obligación de los Informes País por País que se encuentra actualmente en discusión en el marco de la directiva de derechos de los accionistas.

Esta medida obligaría a las empresas que cotizan en bolsa a hacer públicas sus actividades, así como los impuestos que pagan en cada país en que operan. Esto permitiría a las autoridades fiscales, inversores, trabajadores y ciudadanos en general, reaccionar en aquellos casos de comportamiento empresarial ilícito o inapropiado. Los bancos europeos deben cumplir ya estos requisitos, lo que no ha mermado su competitividad, como ha probado la investigación oficial de la Comisión Europea.

Un año después del escándalo de LuxLeaks, los ciudadanos europeos y las empresas responsables no pueden seguir esperando. Necesitamos una acción coordinada a escala europea. Los Informes País por País representan un arma muy importante para luchar contra el fraude y la evasión fiscales, además de un paso significativo en el establecimiento de un marco europeo de mayor transparencia fiscal.

Ya es hora de que los Estados miembros aprendan la lección de LuxLeaks, poniendo punto final a las maniobras de las multinacionales para evitar pagar impuestos, y trabajando por un sistema justo de tributación societaria. Esta es una precondición para el crecimiento económico en la Unión Europea, en beneficio de ciudadanos y empresas. Es mucho lo que nos jugamos.

Ramón Jáuregui es diputado socialista al Parlamento Europeo. Firman también este artículo Thomas Piketty, de la Paris School of Economics; Romano Prodi, expresidente de la Comisión Europea; Josep Borrell, expresidente del Parlamento Europeo; Sergio Cofferati, eurodiputado; Elio di Rupo, ex primer ministro de Bélgica; Gianni Pittella, portavoz del grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo; Jean-Paul Fitoussi, del comité científico de Progressive Economy; Eider Gardiazabal, diputada socialista al Parlamento Europeo.

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