Mucho se está hablando de cómo está afectando el panorama socioeconómico a las administraciones públicas, y un claro ejemplo se encuentra en la financiación de la educación, en concreto, de las universidades públicas. Desde el comienzo de la crisis, los centros universitarios públicos han visto mermadas sus inversiones en investigación o equipamiento, por lo que para mantener e incrementar la calidad de nuestras universidades es necesario plantear alternativas que mejoren su financiación, reduciendo la dependencia tan directa de los recursos públicos.
Una de las claves de la excelencia de los mejores campus a nivel internacional radica, sin duda, en dos aspectos fundamentales: la forma en la que se financian éstos y su interacción con el tejido empresarial. Estos campus reciben aportaciones de capitales privados que, como en el caso de EEUU, llegan a desgravar hasta el 100% de la inversión que realizan, gracias a unas leyes de mecenazgo que no sólo protegen a los inversores sino que incentivan su participación y altruismo para con las universidades. Asimismo, la presencia de estas grandes firmas posibilita una fuerte interacción universidad-empresa, que propicia la generación de grandes polos de investigación y conocimiento. Prueba de ello es el caso del Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde empresa y universidad han creado un ecosistema emprendedor de referencia mundial.
Desde los Consejos Sociales de las universidades públicas valencianas apostamos por una ley de mecenazgo fuerte, que sea capaz de atraer al tejido empresarial a invertir en nuestros centros y, por ende, en el futuro de nuestra sociedad. Como órganos que sirven de nexo de unión entre la universidad y la sociedad, defendemos la potenciación de la relación entre los centros universitarios y el tejido empresarial. Esta interacción no sólo convertirá a los centros de investigación universitarios en un activo todavía más determinante para el desarrollo efectivo de la I+D+i en nuestro país, sino que potenciará la creación de puestos de trabajo especializados.
En los últimos años desde las propias universidades se ha venido trabajando en este sentido, tendiendo puentes con el tejido empresarial. No obstante, todavía queda camino por recorrer. De un lado, es necesario esforzarse en una mejor coordinación de la excelente actividad investigadora que se lleva a cabo en nuestras universidades, de manera que se presente a las empresas una oferta coherente y, por tanto, de mayor valor. Pero, sobre todo, emplazamos a las administraciones públicas a que apuesten decididamente por el mecenazgo universitario.
Si bien la Generalitat Valenciana recientemente ha aprobado una ley que incluye ventajas fiscales en el tramo autonómico del IRPF para incentivar las iniciativas culturales o de investigación, creemos necesario que desde el Estado, que es donde realmente residen las competencias en esta materia, se den pasos decididos en esta dirección.
Desde los Consejos Sociales de las universidades públicas valencianas creemos necesaria la elaboración de un ambicioso proyecto de ley estatal de mecenazgo, acorde con las necesidades actuales, que incorpore atractivos incentivos fiscales en el Impuesto de Sociedades a las empresas que se interesen en generar sinergias y potenciar el acercamiento entre el mundo empresarial y universitario. No es necesario cruzar el Atlántico para tomar ejemplo de cómo llevar a buen puerto este proyecto de mecenazgo: vecinos europeos como Francia, Reino Unido o Italia ya desgravan el 60%, 70% y hasta el 100% del capital donado en algunos casos.
En un momento económico complejo, las universidades cuentan con la capacidad de convertirse en un auténtico motor de desarrollo económico y social. Para ello es necesaria la voluntad decidida de nuestros gobernantes para que, tomando ejemplo de países punteros en la materia, ejecuten una legislación que fomente una interacción más directa entre la universidad y la empresa. Mientras tanto, debe seguir siendo una labor principal de los Consejos Sociales de nuestras universidades el continuar alentando a nuestro Gobierno para que dichas leyes puedan estar a la altura de lo que ya se aplica en los países más importantes de la Unión Europea.
Manuel Broseta, Mónica Bragado, Francisco Gómez, José Luis Breva y Francisco Borja son presidentes de los Consejos Sociales de las universidades públicas valencianas.