Por una política socialdemócrata

La severa derrota cosechada por el PSOE en las elecciones municipales y autonómicas ha puesto a los socialistas españoles en una frágil situación política que afecta a toda la izquierda, ya que es la organización con cuyas propuestas y programas se han identificado tradicionalmente los sectores más progresistas de nuestra sociedad. Estos resultados ponen claramente de manifiesto que los votantes de izquierda han decidido castigar al Gobierno de la nación por la crisis económica y al Partido Socialista, por su política alejada de los principios de la socialdemocracia evolucionada.

El error del socialismo ha sido refugiarse a veces en principios claramente opuestos a los socialistas, como el nacionalismo egoísta o ciertos supuestos del liberalismo manchesteriano, entre otros, abandonando los criterios programáticos de la izquierda democrática, que había logrado integrar a la sociedad española en una convivencia respetuosa y solidaria. Convivencia, en la que los principios de igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos y sociales habían creado las condiciones idóneas para la movilidad vertical y la promoción de los mejores en torno a la modernización de España.

La actual crisis económica es consecuencia de los excesos de los sistemas financieros internacionales ocasionados por su desregulación, presentada como presupuesto para avanzar económicamente. Esta situación ha sido aprovechada por los sectores financieros para imponer sus criterios y actuar en beneficio propio. Debido a la debilidad de los poderes públicos, estos sectores, lejos de reconocer sus fallos y las consecuencias que tienen, nos imponen unas recetas, las suyas, que nos abocan a una nueva crisis más aguda y dolorosa, de no remediarlo los legítimos representantes de los ciudadanos.

Como los socialdemócratas hemos afirmado tradicionalmente, los mercados han demostrado una vez más que son incapaces de regularse por sí mismos. La falta de una adecuada intervención de los poderes públicos ha agudizado la insolidaridad y ha generado situaciones de extrema injusticia, que ponen en peligro la paz social, tan costosamente conseguida.

La crisis económica originada por los abusos del sistema financiero ha agravado la crisis política. El sistema democrático español ha experimentado en esta última década un notable deterioro cuyas causas son, entre otras, la desnaturalización de los mecanismos de representación, el autismo de los partidos políticos, el alejamiento de los dirigentes democráticos de la sociedad y los sucesivos escándalos de corrupción. Estos comportamientos y abusos, además de corroer la propia esencia del poder representativo, generan el desánimo en los ciudadanos, favorecen la pérdida de los valores básicos de la convivencia y fermentan la expansión del nihilismo político.

Si no se actúa enérgicamente contra esas deficiencias, el sistema democrático corre el riesgo de degenerar, máxime si los sectores más retrógrados, al socaire de la debilidad mostrada por el poder político frente al financiero, continúan intentando el desmantelamiento del Estado del bienestar, clave de bóveda de la civilización europea. Con cuatro millones de parados -el 40%, jóvenes-, se corre el riesgo de que reaparezcan el conflicto y el enfrentamiento social, con las trágicas consecuencias que históricamente han tenido en Europa.

Ante la gravedad de la crisis, que ha supuesto uno de los fracasos más contundentes del liberalismo económico más acérrimo, resulta paradójico que sean precisamente sus responsables los que orienten las medidas que tienen que tomar los Gobiernos. Es un sarcasmo que quienes han fomentado inversiones temerarias o han alentado un consumo irresponsable culpen ahora a los ciudadanos por vivir por encima de sus posibilidades y reclamen medidas de ajuste que limitan gravemente los avances sociales alcanzados.

Es cierto que el Gobierno, pese a sus fallos, se ha visto obligado a tomar medidas impopulares pero absolutamente necesarias para sortear las consecuencias aún más graves que la crisis habría tenido. Estas medidas no han sido apoyadas por el Partido Popular, que, al contrario, las ha criticado irresponsablemente por un puñado de votos. La realidad nos demostrará, si desgraciadamente ganan las próximas elecciones, que su política consiste en limitar los derechos sociales logrados por los españoles.

A fin de que los ciudadanos españoles puedan recuperar su estabilidad económica y su nivel de vida, es necesario articular propuestas basadas en:

– La reafirmación responsable de un Estado del bienestar que garantice la solución de las necesidades básicas de una sociedad avanzada como la española, porque aquel no solo genera actividad económica y riqueza, sino que además aporta paz social, requisito indispensable para consolidar el desarrollo social y económico.

La educación, la sanidad y los servicios sociales son parte imprescindible de la inversión productiva en las sociedades avanzadas, y no un gasto inútil como afirman sectores de la derecha.

– La recuperación urgente por parte del Estado del sector financiero básico que permita afrontar directamente las necesidades crediticias de los sectores local, agrario e hipotecario, sin recurrir necesariamente a la intermediación de la banca privada.

– La reorientación del gasto autonómico hacia fines productivos que beneficien a los ciudadanos y no a intereses partidistas o de grupos. Es urgente la reasignación del gasto público de manera solidaria entre las distintas Comunidades Autónomas que integran España y dentro de cada una de ellas, creando además mecanismos que refuercen la transparencia en todas las instituciones locales, autonómicas y estatales.

– El respeto a las instituciones y a sus representantes, esencial para el desarrollo de un Estado democrático de derecho, en el bien entendido de que el principio de legalidad, y por tanto el sometimiento a las leyes, es exigible especialmente a quienes nos representan. Consecuentemente, es preciso el endurecimiento de las penas para aquellos representantes que utilizan su poder de manera torticera para enriquecerse. Igualmente es necesaria la adopción de ciertas medidas de austeridad que no suponen un gran ahorro, pero tienen un significado moral en la vida pública.

– La reforma del sistema tributario para que sea verdaderamente justo como se proclama en el artículo 31 de la Constitución, y el refuerzo de los mecanismos de lucha contra el fraude y la economía sumergida.

– La recuperación y el fomento de los valores en torno a los que se fraguó la conciencia cívica y solidaria que distingue a las sociedades europeas avanzadas. Es imprescindible que los españoles volvamos a confiar en nuestras instituciones y nos impliquemos en los asuntos públicos.

– La urgente reforma de la ley electoral, de manera que facilite una más justa representación en las instituciones, una mayor democracia interna en el proceso de elaboración de las listas, la participación de los mejores, y una cercanía entre representantes y representados de modo que estos últimos se hagan oír directamente. Abogamos por un sistema electoral similar al alemán, en el que se combinan criterios mayoritarios y proporcionales.

Estimamos que corresponde, en este momento:

– Un proceso electoral adecuado a la delicada situación económica, evitando incertidumbres que alienten la voracidad especuladora de los poderes financieros internacionales y el encarecimiento de la deuda.

– Una Conferencia específica -finalizado el proceso electoral- que elabore una nueva orientación del PSOE para facilitar una auténtica participación democrática de los militantes y nuevos cauces para los simpatizantes. Urge la adaptación de la estructura de nuestro partido a los cambios en las formas de movilización de los ciudadanos, para escuchar y responder a sus demandas y expectativas.

Firman este artículo Pedro Bofill, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, diputado, eurodiputado y delegado del Gobierno; Francisco Cruz de Castro, pintor, ex gobernador civil y ex director general; Bárbara Dührkop, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSE-PSOE y eurodiputada; Leopoldo Torres Boursault, que ha sido vicepresidente del Congreso de los Diputados y fiscal general del Estado; Ana Miranda de Lage, que ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE, senadora y eurodiputada, y Fernando Sanz, que ha sido senador.

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