Por una reforma federal del Estado autonómico

El Estado autonómico ha sido hasta ahora el desarrollo de un proceso abierto por la Constitución, que nos ha proporcionado el modelo de organización político-territorial más legítimo, democrático y eficaz que hemos tenido en España. Sin embargo, no es un Estado formalmente federal porque no existió en 1978 una voluntad expresa constituyente, por lo que el modelo no está en la Constitución.

No es esta una cuestión menor. Y no lo es porque esta realidad no solo resta fortaleza a su legitimidad de origen, sino que hace que tampoco disponga de la plenitud y coherencia de los rasgos estructurales de la forma federal, razón por la que está permanentemente abierto a reinterpretaciones o pretensiones de reconfiguración recurrentes sin reforma constitucional. Estamos ya abundantemente ilustrados acerca de estos problemas y de las importantes carencias e incoherencias que el Estado autonómico viene arrastrando en su estructura y articulación, que se proyectan en un funcionamiento deficiente, con grandes tensiones y conflictos territoriales sin un marco común adecuado en el que resolverlos y sin una clara perspectiva de futuro.

El Estado autonómico es el punto de llegada de un Estado fuertemente descentralizado, fruto de un dilatado proceso de desarrollo político e interpretación de las normas constitucionales y estatutarias que ya parece haber alcanzado su límite tras la STC 31/2010 sobre el Estatut. Al importante desgaste que venía sufriendo desde hace años, ha de unirse ahora el deterioro que produce su fuerte cuestionamiento; de un lado, por pretensiones recentralizadoras que apuntan en sentido contrario a la indiscutible realidad plural de España; y de otro, por un nacionalismo que se ha venido instalando con intensidad creciente en planteamientos soberanistas en el País Vasco y en Cataluña. Los efectos y las tensiones generadas por la profunda crisis económica, social y política se suman también a una progresiva pérdida de su legitimidad de ejercicio.

Así las cosas, su desembocadura lógica, “natural” y racional sería el Estado federal pluralista, social y cooperativo como punto de encuentro para una reorganización territorial desde la lealtad al compromiso democrático que animó el consenso constitucional. El Estado federal sería punto de llegada y de partida para un tiempo nuevo. Estamos en uno de esos momentos históricos de encrucijada que conviene aprovechar con el máximo de sensatez, racionalidad y consenso para reasentar las bases de nuestra convivencia.

Hoy podemos decir que tenemos un Estado muy distinto de aquel del que partimos en 1978. De ahí que sea posible y necesario reconstruir un modelo de organización territorial con la suficiente legitimidad, racionalidad y coherencia para que todos los territorios puedan sentirse suficientemente cómodos en él. Si las tensiones y los conflictos no desaparecen por ello, estarán mejor encauzados sobre la base de un renovado pacto constitucional. Por encargo de José A. Griñán y en el marco de la Fundación Alfonso Perales, un grupo de reflexión del que formamos parte ha elaborado un documento destinado al debate que traza de manera abierta el panorama de una posible reforma federal del Estado autonómico (http://www.fundacionalfonsoperales.com). En él se proponen sustancialmente, con el necesario detalle, los siguientes elementos:

— Reformar el Senado para convertirlo en una auténtica Cámara de representación territorial de nacionalidades y regiones.

— Reformar el Poder Judicial para adecuarlo a la estructura descentralizada del Estado federal y mejorar el servicio público de la Administración de justicia.

— Impulsar los instrumentos de colaboración y cooperación tanto verticales como horizontales, para reforzar las instituciones y ámbitos de encuentro multilaterales donde abordar de manera compartida y eficiente los problemas comunes.

— Reformar, clarificar y cerrar el sistema de distribución competencial para conseguir un autogobierno de la máxima calidad y un Gobierno compartido que sustente la unidad y el interés general de España.

— Configurar en la Constitución una autonomía local fortalecida que descanse sobre la concepción de comunidad política democrática más cercana al ciudadano.

— Establecer un sistema de financiación cuyos elementos esenciales estén en la Constitución, basado en los principios de suficiencia, corresponsabilidad, coordinación, solidaridad, equidad y estabilidad; y que ponga remedio a las desigualdades que por su aplicación y metodología producen el sistema de concierto vasco y de convenio navarro, singularidades históricas de cuño confederal que son asumibles democráticamente en tanto que sean neutras y no generen privilegio alguno.

Está acreditado históricamente que el federalismo es un modelo integrador, al tener capacidad de asimilar democráticamente la convivencia de todos, personas y territorios, en la diferencia (no en la desigualdad), configurando así el mejor espacio para el ejercicio de la participación y las libertades democráticas, para el mantenimiento y desarrollo del Estado social y para la canalización de los intereses comunes, fortaleciendo simultáneamente la autonomía territorial, la unidad del Estado y la igualdad. Una igualdad integradora de la autonomía que permita garantizar a la ciudadanía de todos los territorios una homogeneidad básica en sus condiciones de vida (derechos, prestaciones, deberes) para que sean justas y equitativas, pero que no ha de proyectarse en las diferencias culturales, cuya gran riqueza —riqueza para todos— se expresa libremente en la pluralidad de culturas y tradiciones, lenguas, instituciones y otras singularidades y modos de vida de nuestros territorios.

Gregorio Cámara es coordinador del documento y catedrático de Derecho Constitucional. Carmen Calvo es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Alfonso Perales, profesora titular de Derecho Constitucional y exministra de Cultura.

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