Por una retirada honorable

Mi liberada:

El primer acto de la trama catalana se aproxima a su culminación. Este lunes empieza en el Supremo el juicio contra Francesc Homs, acusado de los mismos delitos por los que han sido juzgados Artur Mas y dos de sus consejeras. Los trámites de redacción de las sentencias no son fácilmente previsibles, pero es probable que antes del verano haya ya decisiones firmes, avalada por el Supremo. El caso de la presidenta del parlamento y de otros miembros de la mesa se alargará hasta el otoño y entonces se sabrá si la voluntad de desobediencia de Carme Forcadell incluye a los tribunales. El juicio del caso Palau empieza el miércoles y trata de la financiación ilegal de Convergència, que estos días se actualiza con el fin del secreto de sumario del caso 3%. Políticamente éste es el año del referéndum que el presidente Carles Puigdemont se ha comprometido a convocar. Y quizá el de unas nuevas elecciones autonómicas. El año, finalmente, en que debe aprobarse una ley de transitoriedad jurídica, así la llaman, que establezca la desobediencia formal de las autoridades autonómicas a las leyes del Estado. Merodeando entre líneas, mientras tanto, está la doble voluntad del gobierno Rajoy de no trocear la soberanía constitucional y de negociar con los nacionalistas hasta ese límite.

Este es el contexto jurídico y político en el que cabe plantear la pregunta crucial. ¿Las autoridades nacionalistas van a renunciar a sus planes antes o después de la intervención de la autonomía y del conflicto de intensidad incierta que se genere? Dos cosas parecen hoy seguras: el gobierno del Estado no modificará su actitud ante la soberanía, pero la crisis no acabará sin algún tipo de negociación exitosa con el nacionalismo. Como bien sabes, eso poco tiene que ver con mis deseos. Si por mí fuera, los nacionalistas catalanes iban a pasarse medio siglo en el rincón de pensar para que adquirieran la práctica. Pero, por desgracia, la objetividad existe y los periodistas han de escribir a menudo contra sus convicciones, lo que explica la alta mortandad del oficio. Dado que más tarde o más temprano los nacionalistas habrán de renunciar a la autodeterminación (hasta la próxima crisis, por supuesto, en que ya negociarán robots) sería sensato que evitaran el conflicto y pasaran directamente a la negociación.

Lo aconseja, además, la inflexibilidad de las condiciones exteriores, siempre que la UE salga vencedora, como es probable, de las elecciones en Holanda, Francia y Alemania, y que se mantenga la revalorización del papel de España como Estado miembro. Y también lo aconsejan las circunstancias interiores: el proyecto secesionista ha partido la sociedad en dos mitades, pero después de cinco años incesantes no ha logrado sumar nuevos e imprescindibles apoyos. En condiciones de suavidad institucional la independencia sería por completo desaconsejable; en condiciones de abrupta ilegalidad es una quimera. Como demostró la flaca adhesión en las calles al procesado Mas, tampoco parece que las minorías revolucionarias estén dispuestas a perder en el proyecto una sola hora de sueldo.

Sin embargo, el secesionismo necesita una sacudida que irresponsabilice a sus promotores del delirio a que han sometido la sociedad política. Sobre la forma que deba revestir la sacudida hay discrepancia. En el relato que sigue, que no es de lo que pasará sino de lo que pasa, apenas verás nombres propios. En Cataluña la distancia entre el discurso privado y el discurso público se acrecienta conforme llega el desenlace, porque nadie quiere pasar a la Historia bien como impulsor de la catástrofe bien como traidor. Un planteamiento defiende que es preciso forzar la intervención del Estado. El precinto de las urnas, la cárcel y el destierro de la política que decrete para los dirigentes del proceso o la intervención de la autonomía permitirían articular un discurso en el que el abandono provisional del secesionismo se justificaría en razón de la responsabilidad [sic], de la paz, de la necesidad de sacar a Cataluña del pozo donde la ha hundido un gobierno opresor, insensible a la democracia, heredero de todos los absolutismos españoles, bla, bla. La retirada tendría un componente táctico acorde con la propia historia del nacionalismo catalán, que ha hecho de cada derrota un paso hacia la libertad. Forzar la intervención está ahora al alcance de los nacionalistas, porque el Estado ya no tiene margen para responder con pasividad al desafío: ni jurídica ni políticamente. Y quizá también porque el Estado puede que no desdeñe alguna cuota de conflicto que le permita imponer su autoridad para negociar luego con legitimidad renovada. El problema es que un escenario así entraña un grado de disturbios y los disturbios son imprevisibles y hasta cierto punto incontrolables. Por temor a la imagen de los disturbios el presidente Rajoy no intervino el 9-N. Pero los disturbios no solo le preocupan a él: una calle encendida apartaría del proceso al soberanista confortable, ese tipo humano mayoritario al que le hierve la sangre mientras no la vea correr.

Luego hay quien querría llegar al mismo lugar mediante las elecciones. Cierto soberanismo necesita las urnas no ya para proclamar la independencia sino para descartarla. El planteamiento sería acatar con más o menos desgarro público la suspensión del referéndum que dictará el Estado, evitar así la intervención de la autonomía y convocar elecciones de inmediato. Los soberanistas confían en que la mayoría favorable a los partidos independentistas se mantuviera en parecidos términos a los actuales ¡Es decir, política y socialmente insuficientes! La maniobra resultaría mucho más eficaz si un hombre comprometido desde siempre con el independentismo y leal al proceso ganara las elecciones y pudiera liderar una suerte de tripartito renovado con los restos de Convergència y el PSC, una fórmula que quizá devolviera a Cataluña la solidez de un cierto establishment; y que observando, asimismo, la frágil mayoría independentista anunciara su épica voluntad de trabajar por su extensión en los próximos años, e incluso siglos, mientras se dispone a negociar al día siguiente los plazos para el acabamiento del corredor mediterráneo; y que a más largo plazo, finalmente, suscribiera el pacto sobre un nuevo estatuto que reparase la pasada y grave ofensa del Alto Tribunal y que sin tocar la soberanía introdujera cambios constitucionales. El hombre, obviamente, es Oriol Junqueras. Junqueras visto y descrito por Soraya Sáenz de Santamaría, para ser preciso.

En cualquiera de las hipótesis, la commedia è finita. Pagliacci, sí. Nadie debe dudar, sin embargo, que en poco tiempo empezará a armarse el guión de otra nueva para que la petulante Catalunya trate de recuperar un share que, según todos los medidores, está hoy por los suelos.

Sigue ciega tu camino

Arcadi Espada

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