Por una sanidad sostenible

Tenemos en España una sanidad pública que se hizo universal en la etapa en la que Ernest Lluch era ministro. Tenemos, por tanto, un sistema sanitario que da derecho a la salud y a la asistencia sanitaria a toda la ciudadanía en igualdad de condiciones. La accesibilidad al sistema está garantizada en todo el Estado español, pero existen cuestiones que hacen poco eficiente el trabajo asistencial y la necesaria coordinación entre medicina primaria y especializada: por ejemplo, las listas de espera, quirúrgicas o para realizar pruebas diagnósticas, o la dificultad para atender problemas crónicos, como el dolor y el cansancio.

Este problema representa el primer motivo de consulta en primaria entre las mujeres y los ancianos, y conlleva también largas derivaciones que duran meses de un especialista a otro. Las esperas asistenciales provocan también un exceso de utilización de los servicios de urgencias, por patologías crónicas, que no banales, que deberían ser atendidas en otros niveles del sistema.

La inmigración, acusada en falso de provocar una sobrecarga del sistema, no lo utiliza en exceso, por ser una población joven y trabajadora. La buena noticia del incremento de la esperanza de vida, el denominado "envejecimiento de la población", aumenta la demanda asistencial, pero esta población debería ser tratada con optimismo creativo, y con una prevención de los riesgos (hipertensión, diabetes, colesterol...) sin medicalizar por sistema.

La preocupación por la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario es creciente, y debemos debatir con rigor cuáles son sus causas. La sostenibilidad de un sistema sanitario depende de la eficiencia de su funcionamiento, de su organización, y de que los costes de los servicios prestados no superen los presupuestos de los que se dispone. Reconociendo que existen problemas de financiación por el incremento de población, deberíamos analizar también en profundidad --junto a los profesionales de la salud y de los ciudadanos y ciudadanas que utilizan el sistema, y los gestores-- cuáles son los problemas de la falta de eficiencia del sistema. ¿Por qué se retrasa la atención entre realizar pruebas y resolver resultados en los diagnósticos, y en la resolución del dolor? ¿Por qué están aumentando las demandas a los servicios de urgencias? ¿Podemos pedir al sistema sanitario que resuelva el malestar provocado por problemas laborales, sociales, de autoestima o de relaciones de pareja? ¿O bien tenemos que hacerlo con un enfoque sociosanitario e interdisciplinar?

El gasto farmacéutico es también un gran pilar de la sostenibilidad del sistema sanitario público, y su incremento es algo progresivo. La factura farmacéutica anual en Catalunya fue de unos 1.400 millones de euros solo en atención primaria durante el 2007. Después de los antihipertensivos, el mayor gasto pesa sobre ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos y otros psicofármacos, que son administrados sobre todo a mujeres. No se puede, pues, atribuir el aumento del gasto farmacéutico solo a la demanda de los jubilados. Mucho antes de la jubilación se tratan con psicofármacos muchos otros malestares que no tienen etiología clara, como la denominada fibromialgia y tantas otras afecciones.

En un debate reciente organizado por los amigos de la UAB, el profesor Figueras comentaba que el acto médico es una de las pocas relaciones entre usuarios y profesionales en que la decisión conlleva efectos sobre el gasto, las pruebas y los tratamientos, pero esta decisión solo puede tomarla una de las partes, la de los profesionales que indican el procedimiento diagnóstico y terapéutico a seguir. ¿Es sostenible aumentar el número de profesionales sanitarios, si el sistema no pivota en la prevención real y la promoción de la salud? Si no cambiamos el modelo y el tiempo de atención, aumentar solo el número de profesionales puede incrementar aún más la medicalización. Intercambiar angustias por recetas de psicofármacos es un mal sistema.

Si hemos pasado a tratar los riesgos, en lugar de prevenirlos, y la prevención se ha convertido en medicalización, solo incrementar el copago no llevará a mejorar la sostenibilidad del sistema. Somos uno de los países europeos en los que los ciudadanos y ciudadanas pagan más proporción del gasto farmacéutico (excepto los jubilados) y más contribuyen al total del gasto sanitario, además de la parte proporcional de los impuestos que todos y todas pagamos.

Estamos de acuerdo con las declaraciones de la patronal de que hay que llevar a cabo un debate social sobre la cartera de servicios del sistema sanitario público, y que no pueden darse nuevas prestaciones, por ningún tipo de presión, sin haber aprobado la eficiencia y la sostenibilidad. Pero no lo estamos en centrar el debate en los complementos por comidas en los hospitales, o el pago por visitas, porque no se ha demostrado que evite el uso excesivo del sistema, y en cambio puede incrementar las desigualdades y las iniquidades.

El sistema sanitario solo será sostenible si es eficiente, democrático, con participación real de los ciudadanos y corresponsabilización de los mismos en su salud y en la salud colectiva. Hay que abrir un debate social sobre los servicios que deben ser financiados por el sistema público de salud y devolver a la ciudadanía el protagonismo de su salud.

Carme Valls-Llobet, Josep Martí y Esperança Aguilà, de la Junta del Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris.