Por Luis Manuel Ruiz, profesor de Filosofía en Sevilla y Premio Internacional de Novela Francturt 2001 (EL PAÍS, 30/04/06):
La independencia, autodeterminación, autonomía de un pueblo puede producirse a través de dos procesos divergentes y hasta contrapuestos. Uno, el modelo conservador, se apoya en la tradición real o supuesta: el método consiste en escarbar en las raíces, destripar la historia, entrar a saco en los museos para arrancarles héroes, gestas, banderas o cualquier otro pretexto que sirva de sostén a la secesión. Esta variante se sintetiza más o menos en la fórmula: siempre hemos sido diferentes y queremos seguir siéndolo a pesar de lo que nos imponga el centralismo. La controversia entre Estado central y periférico no radica, así, en un enfrentamiento entre metrópoli y colonia, sino entre dos naciones diferentes y antagónicas, a las que los avatares de las guerras y las intrigas políticas enredaron para beneficio de la mayor pero no tanto de la otra. La reclamación de independencia nacionalista se sustenta más en el sentimiento que en la razón y confía su triunfo a los símbolos: el escudo desteñido, los mártires inmolados, los viejos himnos que antes sólo podían cantarse entre susurros volverán a ganar la calle y el país reconquistará la libertad que los acontecimientos arrastraron por el barro. El Estatuto de Cataluña se basa, obviamente, en estas premisas. Una región que cuenta con siglos enteros de andadura privada frente a otras entidades estatales como la corona de Castilla, la de Aragón o la monarquía francesa tiene derecho a reclamar su cuota de autogestión, y resulta lícito que para ello vuelva su rostro hacia ese pasado en que las fronteras se marcaban con colores distintos en los mapas.
Pero no es el único modelo de autonomía en que un pueblo puede ampararse para acentuar su diferencia. Los ejércitos que lucharon contra los estandartes del Imperio Británico en Saratoga y Yorktown estaban formados por nativos ingleses o vástagos de los primeros colonos, y a Washington jamás se le habría ocurrido calificar a sus 13 provincias de ultramar con el título de nación, no al menos en el sentido clásico del término desde el famoso opúsculo de Ernest Renan. Sin embargo, los habitantes de esas provincias, alimentados por el ideario de la Ilustración, se consideraban lo suficientemente capacitados para decidir políticamente por ellos mismos y tomar las riendas del Gobierno en lo que a la gestión de sus propios recursos y posibilidades se refería. Esta segunda propuesta toleraría el nombre de modelo liberal de emancipación: una no sustentada en los iconos, que no precisa de ritos ni medallas añejas para reclamar el derecho de una comunidad a decidir por sí misma qué caminos hollar en el futuro sin interposición de ministerios externos. Aquí no resultan necesarios idiomas vernáculos, literatura particular, instituciones obligadas al silencio: con la conciencia de autonomía basta y sobra, esa misma conciencia que hace a la persona adulta dejar en suspenso el dictamen de sus padres, tutores y maestros para confiar en sus propios arrestos.
Es natural que Andalucía mire hacia Cataluña a la hora de plantear su reforma del Estatuto y que desee para sí la ampliación de competencias que solicitan las nacionalidades históricas. Aun más: no debe conformarse con menos cesiones y su gobierno autonómico no debe carecer de la libertad de acción que se otorgue a otros. Pero inventarse para ello una nacionalidad que no existe me parece marrullero y constitutivo de un delito de deshonestidad que no congenia con el espíritu del proyecto. Pese a quien pese, Andalucía nunca ha sido nación porque carece de cohesión, de pasado común, de signos culturales específicamente propios; lo cual no obsta para que exija su independencia en términos análogos a los de cualquier otro territorio. Cuando se invoca el concepto "realidad nacional", ni yo ni muchos sabemos exactamente a qué entelequia se están refiriendo los políticos. ¿Está esa realidad en Blas Infante, cuyo patriotismo data de inicios del siglo XX? ¿Alude a la bandera blanca y verde, que hubo de improvisarse sobre los vetustos estandartes de Al-Ándalus porque se carecía de un emblema más a mano para colgar sobre las astas de los ayuntamientos? ¿Andalucía se corresponde precisamente con Al-Ándalus, título genérico de la España musulmana cuyas lindes abarcaban también el sur de Portugal y Toledo y que en la mayor parte de su cronología estuvo compuesta por reinos fragmentarios que luchaban entre sí? La única realidad que salta a la vista sin necesidad de embarrarse en prospecciones ni genealogías es que Andalucía es un horizonte plural, que integra en su espectro una enorme diversidad de tradiciones, costumbres, dialectos, naciones, un crisol resultante de la combinación de la sangre fenicia con la griega, la romana, la visigoda, la árabe, la judía, la portuguesa, y cuyas lindes se desdibujan entre Extremadura, Castilla, Murcia y Marruecos. Seguramente a historia no nos gana nadie, pero ésa es una historia diversificada, con afluentes y bifurcaciones, más parecida al enramado del árbol que a su tallo, y sin duda no muy apta para sostener el mito de una nación unida. No reside en la realidad nacional, sea lo que sea, el argumento que Andalucía debe esgrimir para exigir su plena autodeterminación, porque aquí la tradición no viene al caso; lo que importa es el presente, un panorama de progreso y expectativas que le permite medirse con cualquier otra región en igualdad de condiciones políticas y administrativas. La única forma de paliar esa disgregación tan temida de España en naciones vecinas pero aisladas es colocar su diferencia no en el pasado, sino en el porvenir: un estado federal con condiciones equivalentes para todos sus integrantes, cimentadas en la capacidad del adulto para enfrentarse a su destino particular y no en los fantasmas de la arqueología.