Port Corrupció

La gran mayoría de los españoles ignora el nivel que alcanzó la corrupción en las Islas Baleares, y especialmente en Mallorca, durante los últimos mandatos de María Antonia Munar como presidenta del Consell Insular y de Jaume Matas como presidente de la comunidad autónoma. La tenaz labor investigativa de EL MUNDO de Baleares en el caso de la intocable Unió Mallorquina y la selectiva labor de la Fiscalía -unida a nuestras propias revelaciones- en el del PP está, sin embargo, dando ya los suficientes frutos como para que la suma de todas las tramas de pillaje del erario descubiertas adquiera categoría de gran escándalo nacional.

No estamos ante uno, dos, cinco o 10 episodios aislados -en estos momentos debe haber abiertos más de 50 sumarios por corrupción en las islas- sino ante toda una concepción de la política como maquinaria para enriquecerse delictivamente. Tanto es así que antes de que lo ocurrido se convierta en un caso de estudio en la Harvard Business School u otras escuelas de negocios, sería conveniente que el Congreso de los Diputados creara una comisión de investigación no para determinar las responsabilidades penales -que de esas ya se ocupan al tran-trán los tribunales-, ni siquiera para asignar culpas políticas personales -que ésas están claras una vez que las principales figuras han quedado fuera del juego-, sino para proponer toda una batería de medidas, a modo de Libro Blanco contra la corrupción, que impida que ninguna comunidad autónoma pueda volver a ser saqueada por sus gobernantes como lo ha sido ésta.

Toda vez que esta iniciativa requeriría de un consenso difícil de forjar, tanto por parte del PP, por su implicación directa, como del PSOE, dispuesto a proteger como sea a su pestilente aliada UM, sólo se me ocurre que la absurdamente degradada Secretaría General de Turismo, encabezada por un mallorquín con vitola de integridad, como Joan Mesquida, promueva la creación de un parque temático en las inmediaciones de Palma a modo de museo de los horrores, feria de los disparates y nuevo callejón del gato donde se exhiban o remeden todas las variedades del trinque practicadas en la isla.

Con el precedente de Isla Mágica en la cabeza había pensado proponer que su nombre fuera Corruption Island. Pero la injusticia que supondría crear mala fama a esa inmensa mayoría de mallorquines que no sólo no han participado en estos sucios engranajes, sino que han sido sus víctimas directas, me lleva a decantarme por Port Corrupció que, además de evocar el refugio de bucaneros en que se convirtió la política balear, rinde homenaje a la peculiaridad lingüística que ha servido de coartada a todos los latrocinios de UM y parte de los del PP.

Las distintas atracciones se alinearían en la típica calle mayor de un pueblo pirata. Las del PP aparecerían de un lado con el emblemático velódromo Palma Arena y sus multimillonarias desviaciones de costes en el centro; las de UM del otro, repartidas a derecha e izquierda del solar de Can Domenge, adjudicado a mitad de precio al postor que garantizaba más comisiones. La feliz y elocuente coincidencia de que ambos emplazamientos -el velódromo y el solar- coexistan frente con frente en la topografía real de la capital de la isla contribuiría pues, no poco, al verismo de esta Corruptilandia de tramoya y cartonaje.

Pero pasen y vean, que la juerga va a comenzar. Abriendo la puerta de la primera barraca coincidimos con un hombre bien trajeado que acude a su oficina saludando a la mejor sociedad del lugar. Es un abogado respetable y se llama Jaime Montis. Sin embargo, en la pared de su despacho hay colocado un plano enorme de otro polígono, el de Son Oms, que cualquier visitante puede ver al aterrizar o despegar del aeropuerto. Una presentación audiovisual ilumina entonces un primer documento: es la propuesta por escrito que los dirigentes de UM hicieron a los propietarios de las parcelas para garantizarles su recalificación a cambio de una comisión del 15% en suelo. De esa forma se hicieron con 60.000 metros cuadrados valorados en unos 50 millones de euros. El siguiente documento son las anotaciones del propio Montis incautadas por la policía. Hablan de cinco partes «en metálico y en B» e identifican con iniciales a los beneficiarios. Uno sería el orondo ex presidente del parlamento balear Maximiliano Morales, otro, el ex conseller del Territorio Bartomeu Vicens; otro, un socio fallecido; el cuarto, el propio Montis y, el quinto -o quinta-, una persona identificada como «M».

Entonces reaparece en escena el tal Montis pero -atención- ya no va vestido con traje, corbata y zapatos italianos, sino que lleva una extravagante pamela, unos ridículos shorts y unos zuecos agujereados y chillones. Ante el estupor de sus amistades de toda la vida, va andando con ademanes de marchador olímpico y profiriendo todo tipo de incoherencias. Está loco o se lo hace para no tener que declarar ante la justicia. Un psiquiatra certifica que no está en condiciones de asumir ninguna responsabilidad. ¿Tampoco la gestión de su despacho? ¿Y de qué va a vivir el señor Montis? El mismo psiquiatra certifica su curación, pero pasan los meses y la citación a declarar no llega.

El foco se fija ahora en un rincón de la estancia donde tras unas rudimentarias rejas cumple prisión el ex conseller Vicens. Su avaricia rompió el saco, porque para evadir el pago de impuestos por el fruto de su parte del pelotazo compró facturas falsas y recompensó a su contable por el «trabajo», pagándole 12.000 cutres euros de dinero público, justificados con unos grotescos informes copiados de internet.

Entonces aparece emperifollada y enjoyada Maria Antonia Munar, «sa Princesa», probablemente la señora «M». Va colgada del brazo de su marido al que el narrador presenta como Miguel Munar Munar. Pero entonces irrumpe en escena un nuevo personaje, protestando: «No, Miguel Munar Munar soy yo». Y la líder de UM, «Marian la ladrona» para los amantes del cine de Hitchcock, va y lo explica: «Es que mi marido y este otro señor se llaman igual. Siempre les confunden. Como todos somos de Costitx…». Ha sido su eterna coartada desde que empezaron a acusarla de enriquecimiento ilícito: lo que le adjudicaban a su marido era del otro M. M. M. Pero cuando vamos a pasar ya a la siguiente atracción, vemos a ese «otro señor» de Costitx accediendo a una de las cuentas de la sociedad instrumental que reparte las comisiones de Son Oms. ¿Cabría imaginar un testaferro más perfecto que alguien con tu mismo nombre y apellidos?

Al salir de esa barraca la líder de UM se mete en un coche aparcado en la puerta y le da 300.000 euros en billetes a su delfín Miguel Nadal para que compre una productora a la que su televisión insular, la TeleMunar, va a adjudicar contratos por cinco millones y en la que podrán poner en nómina a todos los activistas de la campaña electoral. Con su parte en el botín de esta Operación Maquillaje, Nadal se compra una avioneta con la que pronto le vemos surcar, libre como el viento, el cielo de Port Corrupció. Todavía queda por ahí un pico con el que el propio Nadal, Vicens y -¡oh casualidad!- la secretaria de la Munar se hacen a precio de saldo con cuatro bloques de apartamentos construidos por una inmobiliaria a la que el Consell -¡oh casualidad!- acaba de triplicar la edificabilidad de su principal inmueble de oficinas.

Pasamos al corro de «la Piñata» y vemos a la propia jefa de la banda, recién cumplidas sus obligaciones diarias en la peluquería y con una nueva toilette, golpeando la cucaña del presupuesto del Consell para que una lluvia de cuatro millones en subvenciones, contratos y demás golosinas caiga sobre sus colaboradores y asociados. Enseguida vemos a la consellera insular de Cultura Dolça Mulet llevándose de gorra a su madre y un grupo de amigas a hermanar lazos con la isla siciliana de Lípari. Y como Sicilia tenía que ser, la siguiente escena muestra a la tal Mulet colocando en el Consell al hijo del juez Pedro Barceló que, a renglón seguido, archiva el caso.

Y ahora comienza en un tablado la subasta de Can Domenge. «¿Tu cuánto ofreces? ¿Tu cuánto ofreces?» Los emisarios de la Munar contactan con los principales promotores. Se habla menos del precio del solar que del precio de la coima. A uno le piden 8.000 euros por cada una de las 600 y pico viviendas y dice que sí. Pero hay otro que paga más. Total que el solar tasado en 60 millones por el que Núñez y Navarro oferta 61, se le adjudica a Sacresa por 30 y cuando se registran sus oficinas, se descubren las pruebas de que tenía todos los datos del concurso antes de que se convocara. Vemos entre tanto como en el piso de la Munar instalan una caja fuerte tan voluminosa que el ascensor, escandalizado, decide hacer huelga de cables caídos. En otra viñeta el delegado de Hacienda sigue la pista del dinero y el Gobierno socialista le traslada fuera de la isla.

Sin tiempo para subirnos en los camiones de la empresa familiar que suministra grava a los contratistas del Consell, ni en los que mueven tierra para las obras particulares del Director General de Carreteras y otos cargos del caso Peaje, pasamos por delante de un artista ambulante que pinta compulsivamente terribles marinas para que el muchos años director de Costas, Garau, pueda «vendérselas» a todos los hoteleros y demás particulares que, a instancias suyas, le sobornan, y cruzamos de acera para entrar en el Palma Arena que comunica por su parte de atrás con el llamado «palacete» de Jaume Matas.

Vemos al ex presidente balear declarar delante del juez que aumentó su patrimonio gracias al dinero negro que obtenía defraudando al fisco con unos alquileres durante años. Como las cuentas no cuadran, el juez le impone una fianza-trampa de tres millones: 10 veces la de Munar. Si no paga, a la cárcel; si paga, aquí hay gato encerrado. Y Matas paga. Y no se aclara por qué el velódromo presupuestado en 45 millones acabó costando 110. Ni por qué las actas de las reuniones en las que se aprobaba el gasto son casi todas falsas. Ni por qué Matas contrató directamente a los nuevos arquitectos. Ni por qué la empresa de publicidad del velódromo servía de tapadera para pagar actos del PP o facturas del Govern. Ni por qué la esposa del president derrochaba a troche y moche, pagando siempre en metálico. Ni por qué se contrataban los servicios de la empresa Over Marketing -a su vez contratista de Gürtel– muy por encima del precio de mercado. Ni por qué en el Plan Territorial algunas de las mejores parcelas terminaron en manos del promotor al que todas las malas lenguas vinculan a Matas. Ni por qué, ni por qué, ni por qué…

Pero nuestra atención se desplaza unos metros hasta un pequeño jardín interior. Dos mujeres desentierran una lata de Cola-Cao con 240.000 euros dentro y se la entregan a la policía. Son «las Soprano», o sea la gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico Antonia Ordinas y su esposa, la cantante de ópera Isabel Roselló. Las han cogido con el carrito del helado -los contratos que se autoadjudicaban-, las han metido en la cárcel y se les ha empezado a soltar la voz. Claro que sus gorjeos no suenan igual que cuando la una cantaba para la otra, de Shanghai a Nueva York con cargo al contribuyente balear. Pero, de repente, se les escapa un gallo y resulta que dicen que el conseller Cardona también era parte del negocio.

En una cárcel similar a la de Vicens vemos al alcalde de Andratx, Hidalgo por realizar obras ilegales y al teniente de alcalde de Palma Rodrigo de Santos por pagar drogas y compañía homosexual con la Visa del ayuntamiento. Rodeando la manzana del edificio judicial topamos con una interminable fila de imputados populares, empezando por los del Turisme Jove que se autoalquilaban locales y se autoagasajaban con pantagruélicos ágapes, y terminando, de momento, con los del Ibatur que cobraban comisiones de sus proveedores -uno de ellos ya apuntó maneras imputándole al erario las copas y no se sabe si algo más en el moscovita club de alterne Rasputin-, pero entre medias vemos también a los acusados de los casos Puertos, Bitel, Bomsai y quién sabe qué.

El nuevo líder del PP, Bauzá, le está echando un par, con la doble legitimidad de estar limpio y ser el primer presidente regional elegido directamente por las bases. Ningún imputado irá en las listas y todo aquel contra quien se adopten medidas cautelares será baja en el partido. ¿Pero cómo garantizar que no volverán a las andadas?

«Lo terrible no es que hayamos tenido unos líderes corruptos, sino que el sistema iba calando desde arriba hacia abajo y al final había decenas, centenares de cargos corruptos en la administración», me decía el otro día un notable letrado mallorquín. «¿Cómo en la administración?», le corregí yo. «Querrás decir en las administraciones». Porque una de las líneas para reflexionar es la de si es lógico que en un escueto territorio con menos de un millón de habitantes convivan funcionarios del Estado, la comunidad autónoma, los consells insulares y los municipios. Cuantas más covachuelas, cuantos más trámites, más oportunidades para la rapiña.

Esta es la madre del cordero. ¿Qué clase de Estado cleptocrático estamos construyendo? Porque es obvio que si la Fiscalía no fuera el perro faldero del Gobierno nuestro Port Corrupció también tendría su barrio socialista, con el Ibiza Center como edificio emblemático, una barraca entera dedicada a los abusos impunes en Calvià de la misma Margarita Nájera a la que se acaba de confiar el multimillonario proyecto de la playa de Palma y las corruptelas del fulano que se fumaba los mejores habanos del mercado a costa de su consellería como curiosa amenidad. Pero el mal de muchos no es aquí ni siquiera consuelo de tontos. Porque lo que hay que prevenir no es tanto el retorno de las grandes urracas, como la plaga de langostas. Es decir, la consolidación de una cultura política según la cual ha terminado habiendo tantos mangantes, robándoles tanto a tan pocos contribuyentes.

Pedro J. Ramírez, director de El Mundo.