Once años después del final del terrorismo de ETA, no hay ningún atisbo de su renacimiento en Euskadi. El rechazo es abrumador mientras sus víctimas gozan de un amplio reconocimiento y el debate político se ha distendido sensiblemente en comparación con Madrid. El principal reto del posterrorismo es la ausencia de una memoria compartida, cuya primera responsabilidad recae en Sortu —heredera de Batasuna y núcleo duro de Bildu—, cuya autocrítica por su pasada complicidad con ETA sigue pendiente para evitar una repetición de la historia.
Este déficit se intensifica con la ausencia de reconocimiento del final del terrorismo etarra por parte del PP y Vox por su electoralista identificación de Bildu y ETA para acusar al Gobierno de coalición de complicidad con el terrorismo cuando Bildu le apoya en el Parlamento. Esa banalización del terrorismo, identificándolo con el independentismo, es un obstáculo para la convivencia y una expresión de la ola radical intolerante que aúna derecha tradicional y ultraderecha en el juego perverso del contra peor, mejor.
Pese a su ausencia de autocrítica, el abertzalismo evoluciona lentamente. Arrancó en 2011, al final del terrorismo etarra, con su rechazo en sus estatutos por lo que recuperó la legalidad. Sortu asumió, recientemente, la legislación penitenciaria; reconoció el daño a las víctimas de ETA y desautorizó los ongi-etorri s (recibimientos públicos a los presos), sensible a la presión social. Asimismo, especialmente en las Cortes, ha moderado sus formas y ha priorizado el discurso social en menoscabo del identitario votando medidas gubernamentales contra la crisis.
Su evolución está aún lejos de la meta. A Sortu, que admite genéricamente que el terrorismo no debió existir, le falta precisar que, tras la amnistía de 1977, ETA no tuvo justificación porque en democracia pueden dirimirse los conflictos políticos.
Paralelamente, el PP y Vox al identificar deliberadamente independentismo con ETA no reconocen el fin del terrorismo. Sus políticos y columnistas más fanáticos llegan al delirio de que ETA tiene más poder que nunca con este Gobierno. El PP de Casado y el de Feijóo han retrocedido respecto a Rajoy. Cuando llegó al Gobierno, en 2011, dos meses después del fin del terrorismo etarra, lo asumió. Pero Feijóo y antes Casado, en la oposición, secundados por un ruido mediático delirante, acusan genéricamente al Gobierno de ceder el Estado a los terroristas cuando Bildu le vota sin concretar el contenido de tal cesión porque no hay tal.
Al PP le da igual que el terrorismo haya desaparecido hace 11 años sin lograr ningún objetivo político; que sus presos cumplan sus condenas; que los estatutos de Sortu rechacen la violencia etarra; que asuma la legalidad penitenciaria; que rechace los ongi-etorris; que margine sus reivindicaciones identitarias y apoye medidas sociales del Gobierno. Acercar presos etarras a cárceles vascas, tan explotado ruidosamente por el PP, lo recomiendan la legislación penitenciaria y organismos internacionales, desaparecido el terrorismo. Para colmo, lo hicieron Aznar y Rajoy con ETA en activo.
Feijóo ha utilizado el acercamiento de presos para movilizar a las víctimas contra el Gobierno e intentado enfrentarlas a las víctimas del franquismo con la Ley de Memoria. La principal asociación vasca de víctimas, Covite, y las influyentes Fundación Buesa y de Víctimas se han rebelado contra la manipulación.
Al PP le descoloca la participación de Bildu en el sistema democrático cuando cualquier demócrata debe estimularla. Olvida interesadamente que el combate fue contra el terrorismo, no contra el nacionalismo. Lo que es un sueño cumplido para la generación que sufrió el totalitarismo etarra hace veinte años, el PP lo banaliza hoy en una burda manipulación de la realidad —identificando terrorismo e independentismo— que pagan los populares vascos, pero beneficia electoralmente al PP nacional con sus estruendosos apoyos mediáticos.
Es verdad que el abertzalismo no ha abominado aún de su pasado, que su moderación parlamentaria es más calculada que ética y que ambiciona gobernar en Euskadi. Pero su participación democrática le acarrea problemas. El 22% de Sortu critica los apoyos parlamentarios de Bildu al Gobierno, debido a que ETA tiene casi 200 presos, muchos reticentes a admitir críticamente su pasado terrorista, lo que explica la lentitud autocrítica de Sortu.
El debate real es el de las víctimas y la convivencia en Euskadi. Es clave que PSE y PNV mantengan la exigencia de ruptura con el pasado a Bildu si quiere gobernar. Todos deben reivindicar el derecho a la verdad de las víctimas y su reparación cuando la inmensa mayoría de las causas están prescritas. Este debate lo protagonizan acertadamente el cine y la literatura al centrarse en las víctimas, deslegitimar el terrorismo y reconocer su derrota.
Sin embargo, este debate es imposible con una derecha que lo embarra deliberadamente al no reconocer la derrota etarra o inventarse que ETA tiene más fuerza que nunca. Un discurso delirante de Vox, no de una derecha democrática, que beneficia al abertzalismo más inmovilista. Con esta intolerancia, en España no hubiera habido Transición.
Luis R. Aizpeolea es periodista, autor de Los entresijos del final de ETA (Los Libros de la Catarata) y coguionista del documental El fin de ETA.