En estos momentos que vivimos, inmersos en nuevos procesos políticos llenos de interrogantes, viene a mi memoria lo que los mayores solían decirnos cuando éramos niños: “preguntar es de mala educación”. Un consejo, este, que también hoy se repite y que muchos convierten después en regla de conducta. Hoy, 28 de septiembre, se conmemora el Día Internacional del Derecho a Saber, una celebración que nació en 2002, cuando, reunidos en la ciudad de Sofía los representantes de las principales organizaciones no gubernamentales, fijaron esta fecha para recordar en el mundo la aparición de un nuevo derecho que permitiría a los ciudadanos ser más partícipes de lo público.
España tiene una democracia adulta que cumple 37 años, que garantiza el valor de nuestra voz, y que, ahora, da otro paso más sumándose, por primera vez, a la celebración de esta jornada con una Ley de transparencia, que entró en vigor hace nueves meses y que supone un cambio de cultura en la gestión pública. ¡Por fin, en nuestro país, preguntar ya no es de mala educación! Al contrario, es, ni más ni menos, el ejercicio de un nuevo derecho que hace a los ciudadanos más críticos, más expertos, más responsables y más participativos.
Se trata de un cambio que sacude a toda la organización. Por un lado, a la todopoderosa Administración, que durante mucho tiempo fundió los conceptos de poder e información, haciéndose propietaria de esta última y convirtiéndose en el guardián exclusivo de los datos de su gestión. Aquella Administración, opaca, burocrática, lejana y distante pasa, con la transparencia, a ser tan solo depositaria de una información que pertenece a los ciudadanos y que éstos pueden y deben conocer y exigir. Por otro lado, a los representantes de la ciudadanía, que tendrán que rendir cuentas del manejo de los fondos públicos y, con su ejemplo, justificar la confianza que en ellos depositan los ciudadanos, haciendo público su trabajo y sometiéndolo a la valoración y exigencia continua de quienes les invistieron de sus poderes.
Sin duda, un grandísimo avance, porque hay cosas que, con conocimiento público, jamás sucederían, y porque el axioma “a mayor transparencia menor corrupción” se cumple de forma inexorable. Y, en medio de este cambio, hay un motor fundamental: los ciudadanos. Sin ellos, nada tendría sentido. La Ley de transparencia y el derecho a saber precisa y requiere la concurrencia de sus voluntades.
Es el momento del compromiso, de ejercer este nuevo poder, de pasar de la charla a la exigencia, de la crítica social a la acción ciudadana, de la queja al escrutinio, de la conversación a la actuación. Los ciudadanos ya pueden saber cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos, quiénes son los gestores y responsables de la acción política y, con ello, hacer que las instituciones sientan la atenta vigilancia de una sociedad más activa y responsable.
No podemos desaprovechar esta oportunidad. No estamos ante un eslogan ni una moda, aunque su constante mención haga que, en ocasiones, así lo parezca, estamos ante un cambio que nunca más volverá a mirar atrás. La transparencia ha venido para instalarse y los políticos, de uno u otro signo, no pueden retroceder, sino avanzar y afianzar una nueva era.
Transitaremos por la transparencia poco a poco, pero también deprisa, porque llevábamos diez legislaturas esperándola. Y recorreremos este camino entendiendo que la transparencia no es algo distante ni incomprensible, al contrario, es el instrumento que nos ayudará a conocer y cambiar muchos comportamientos públicos, a lograr que las normas se cumplan, que los responsables de las organizaciones asuman sus actos y las consecuencias de éstos y que los fondos públicos se controlen.
En este empeño trabaja el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, accesible a todos y creado por la Ley para ser guardián y defensor de la transparencia, con un plan estratégico, en el que han participado todos los que han querido arrimar el hombro, dirigido a conseguir, escalón a escalón, entrar en las instituciones, inspirar las normas, alentar las iniciativas y acompasar a los ciudadanos en la participación activa en el gobierno de lo público.
Hoy, preguntar a nuestros gestores y responsables públicos es, por fin, de buena educación, es, por fin, un derecho que los ciudadanos pueden y deben ejercer y que la Administración tiene la obligación de asumir, respondiendo y dando a conocer lo que la ciudadanía le pide.
El reto es difícil, pero imparable, por eso, en este día festivo, hoy, 28 de septiembre, convocamos a todos a trabajar para conseguir una Administración renovada, accesible y transparente y una ciudadanía orgullosa de haber contribuido a ello.
Por cierto: ¿Hay alguna pregunta?
¡Feliz día del Derecho a Saber!
Esther Arizmendi Gutiérrez es presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.