Las elecciones del 28 de abril pueden leerse como justo lo opuesto a las de diciembre de 2015. Si las de 2015 dieron lugar a una serie de desencuentros entre —y a veces dentro de— las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados, desembocando en la celebración de nuevos comicios en junio de 2016, las elecciones de 2019 ofrecen una alta probabilidad de la formación de un Gobierno duradero. Sin embargo, en cierto sentido, el panorama evidenciado en diciembre de 2015 sigue condicionando el futuro político. Algunos de los desencuentros que impidieron la formación de un Gobierno en los primeros meses de 2016 están muy presentes todavía.
Para que España supere esos desencuentros profundos hace falta más que el trabajo de las élites políticas. También es probable que sea necesario trabajo cultural dentro de la sociedad civil. Propongo dos preguntas, dos interrogantes, que pueden ser de utilidad para ese trabajo y, por tanto, como instrumentos potencialmente relevantes para superar los desencuentros.
La primera pregunta surge de una observación clave para entender el auge del independentismo en Cataluña. Aproximadamente, uno de cada dos independentistas se considera español. Las cifras exactas varían un poco entre una encuesta y otra, pero en líneas generales la conclusión es clara. El independentismo como opción política ha conseguido atraer a muchísimas personas que se consideran no solo catalanas, sino también españolas. La pregunta debería ser evidente: ¿Por qué hay tantas personas con identidad española que quieren que Cataluña sea independiente de España? Algunos que se oponen al diálogo con las fuerzas independentistas —viéndolo como peligroso e ilegítimo— suelen achacar el auge del independentismo a los esfuerzos ideológicos supuestamente desplegados por educadores y periodistas independentistas, pero la evidencia empírica pone muy en cuestión la relevancia explicativa de esa interpretación. La evolución en el tiempo del apoyo a la independencia no coincide con la estructura de datos que se daría si la hipótesis del supuesto “adoctrinamiento” pudiera explicar lo sucedido.
En cambio, tal y como expongo en un libro reciente sobre la inclusión democrática en Portugal y España, la evolución en el tiempo del apoyo a la independencia sí coincide con la intuición de muchos observadores agudos: que el paso de partidarios del catalanismo moderado al campo independentista se debe fundamentalmente a su convicción de que el sistema político español ya no permite el diálogo y el entendimiento con ellos. La vía que ha resuelto el mismo tipo de desencuentro en otras democracias que mantienen entre sus ciudadanos personas de múltiples identidades nacionales carece de credibilidad en la opinión de estos nuevos independentistas. Se quiera o no, este amplio sector que se siente catalán y español ha vivido una gran decepción en el trato recibido por las reivindicaciones catalanas no independentistas y previas al auge del independentismo. El rechazo a la legitimidad de esas aspiraciones moderadas puede haber servido a más de un partido para cosechar votos, pero en Cataluña su efecto principal ha sido el incremento en el independentismo. La sentencia que echó abajo el Estatut de 2006 es solo un ejemplo de un fenómeno más generalizado.
La otra pregunta tiene que ver con una postura defendida varias veces en el pasado reciente. A modo de ejemplo, en un debate electoral, el líder de Ciudadanos defendió la imposición de una nueva barrera de representación para el Parlamento español. Se proponía exigir que toda fuerza política tuviera que conseguir el apoyo del 3% del electorado en toda España para entrar en el Congreso compuesto por diputados elegidos a nivel provincial. A primera vista, la propuesta puede parecer inocua. Hay países democráticos que tienen ese tipo de umbral de representación.
Concretamente en España, esta propuesta dejaría al partido más importante del País Vasco sin ninguna posibilidad de alcanzar una presencia en el Congreso. Por razones estrictamente demográficas, como bien han de saber los defensores de la propuesta, ninguna fuerza específicamente vasca podría entrar dentro del Congreso. El mismo problema se da también en otras comunidades. La propuesta parece basarse en el presupuesto de que las identidades nacionales no españolas son políticamente ilegítimas.
Ahora bien, un sector amplio de la población española puede muy fácilmente decir que no siente ninguna identificación con el nacionalismo vasco o catalán y que por tanto esta prohibición no les sería problemática. Pero aquí topamos con la esencia del tema. La democracia requiere la tolerancia mutua entre los defensores de perspectivas contrapuestas. Como el gran teórico de la democracia Robert Dahl defendió hace más de cuarenta años, una democracia estable requiere la tolerancia mutua entre adversarios políticos. Para sobrevivir, la democracia ha de ser un sistema político que garantiza los derechos de todos, no solo de los que piensan como uno mismo. La convivencia pacífica y saludable entre españoles que sostienen diferentes identidades nacionales requiere la tolerancia mutua entre esas opciones políticas y la defensa compartida de la democracia como el único instrumento para resolver los retos principales del país.
Estas reflexiones me llevan a concretar la segunda pregunta que puede ser mucho más importante de lo que parece: cuando se defiende en un debate electoral una propuesta de reforma electoral que hubiera dejado al PNV y a otras fuerzas de implantación limitada a una u otra comunidad autónoma sin posibilidad de conseguir representación en el Congreso, ¿por qué nadie puso de manifiesto las consecuencias que esa reforma causaría? ¿Por qué nadie hizo hincapié en la conexión entre el PNV y la historia democrática de España? Debería ser obvio que la exclusión del Parlamento de los defensores de una determinada identidad no llevaría a que esa identidad desapareciera. Es posible que algunos políticos que buscan el apoyo de votantes en la parte mayoritaria de España en donde existe una sola identidad nacional —la española— no se sintieran totalmente libres de decir una verdad importante, de poner en evidencia las consecuencias que hubiera tenido esa propuesta de cambio en el sistema electoral.
Para que España supere plenamente sus desencuentros sería importante que los políticos defensores de la concordia territorial se sintiesen cómodos hablando con claridad sobre este tema en todo el país. Y para que sea así hace falta una transformación cultural en la que la sociedad civil tendrá que participar. Si España consigue incluir dentro de su conversación política predominante una preocupación por la representación democrática de los sentimientos nacionales de la periferia del país, los catalanes y vascos que se sienten españoles y que, sin embargo, actualmente defienden la independencia ya no tendrán razones para apoyar la creación de un Estado independiente. Pero hasta que se dé esa transformación cultural en la manera de hablar del tema nacional, el país seguirá viviendo el peligro del resurgimiento de los desencuentros profundos evidenciados por las largas elecciones de 2015. La mejor garantía del futuro del país sería una cultura democrática que se comprometiese a defender la legitimidad política de todos, incluidas las minorías nacionales.
Robert M. Fishman es profesor CONEX-Marie Curie de la Universidad Carlos III de Madrid.