En los últimos 15 años, casi 600 periodistas han sido asesinados en ejercicio de su trabajo. Y la prensa española se ha llevado su parte de pérdidas. En 2004, al corresponsal de Antena 3, Ricardo Ortega, le dispararon dos veces mientras cubría enfrentamientos callejeros en Haití. Y en abril de 2003, José Couso fue uno de los dos informadores muertos cuando un tanque estadounidense abrió fuego contra el Hotel Palestina de Bagdad. Estas muertes han generado atención y una comprensible indignación; siempre es doloroso perder a uno de los tuyos. Pero la realidad es que la gran mayoría de los periodistas asesinados en los últimos 15 años no eran corresponsales internacionales cubriendo situaciones de combate, sino periodistas locales informando sobre casos de corrupción, violaciones de derechos humanos o sobre la vida cotidiana en zonas de guerra.
No murieron por una explosión en el campo de batalla. Fueron ejecutados a las puertas de sus casas o de sus lugares de trabajo. Los reporteros internacionales tienen considerables ventajas con respecto a los periodistas locales. A menudo -aunque no siempre-, vienen de grandes medios que les proporcionan entrenamiento y equipos. Si la situación se pone demasiado peligrosa, siempre se pueden ir. Y si son secuestrados, sus empresas tienen la capacidad de movilizar campañas para su puesta en libertad, tal y como está haciendo la BBC con Alan Johnston, su corresponsal en Gaza secuestrado hace seis semanas.
Pero la situación de los periodistas locales en sus propios países es mucho más complicada, como ilustran los recientes acontecimientos en Afganistán. El pasado marzo, el reportero italiano Daniele Mastrogiacomo y su 'stringer' afgano, Ajmal Nakshbandi, fueron secuestrados por fuerzas talibán en el sur del país. Su chófer fue ejecutado 'in situ'. El rapto de Mastrogiacomo saltó a las primeras páginas de diarios de todo el mundo, y fue puesto en libertad tras las presiones italianas al Gobierno afgano para que intercambiara la vida del corresponsal por varios prisioneros talibán. Cuando el presidente Karzai se negó a hacer un pacto similar por Nakshbandi, éste fue degollado por sus captores.
Las expresiones de indignación de la opinión pública española cuando periodistas como José Couso caen en cumplimiento de su labor son del todo comprensibles, así como la tenacidad de sus familiares en exigir responsabilidades. Pero estos incidentes deberían servir también para sensibilizar a la sociedad española acerca de los riesgos a los que se enfrentan cada día muchos periodistas locales en el mundo. Las estadísticas ofrecen otra manera de comprender el problema. El año pasado murieron 32 periodistas en Irak, el año más mortífero para la profesión jamás registrado en un país por el CPJ en sus 25 años de historia. 30 de estos 32 informadores eran iraquíes, y la mayoría fueron asesinados por su cobertura crítica o por su relación con medios occidentales o estatales.
El problema del asesinato impune no se restringe a las zonas de guerra. En países como Filipinas, Colombia, México, Pakistán y, cada vez más, Rusia, los periodistas son asesinados en golpes al estilo mafioso, ejecutados deliberadamente por su trabajo. Sólo en el 6% de los casos, aproximadamente, los autores intelectuales son llevados ante la Justicia. Quienes en Rusia informan sobre derechos humanos, corrupción o el conflicto olvidado en Chechenia trabajan en un estado de miedo permanente, agravado por el asesinato en octubre pasado de la periodista de investigación Anna Politkovskaya, muy crítica con el presidente, Vladimir Putin. Fue interceptada por su verdugo cuando volvía de hacer la compra a su apartamento moscovita; le disparó varias veces y, después, se aseguró con un tiro de gracia en la cabeza.
La muerte impune de periodistas es un problema global porque tiene un impacto profundo en la circulación de ideas alrededor del mundo. Así lo expresó una delegación del CPJ ante el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la semana pasada. Le explicamos que este historial de impunidad amenaza de manera directa el derecho fundamental a buscar y obtener información, contemplado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El secretario general se comprometió a aplicar una importante resolución adoptada el año pasado por el Consejo de Seguridad, que insta a las partes en conflicto a respetar los derechos de los periodistas.
También España puede jugar un papel vital en el combate contra el azote de la impunidad. Unos medios de información sólidos y vibrantes, sus esfuerzos pioneros por establecer una jurisdicción universal para las violaciones más graves de los derechos humanos, y su voluntad de incluir las cuestiones de derechos humanos dentro de su política exterior no sólo dan a España una influencia considerable, sino que generan la responsabilidad de hacer más. En una reciente visita a Madrid el pasado marzo para difundir el informe anual del CPJ, 'Ataques contra la prensa 2006' (www.cpj.org), tuve una impresión de primera mano de la vitalidad y la independencia de los medios de comunicación españoles. La prensa española es admirada en muchas partes del mundo, en especial en América Latina, donde mantiene una enorme influencia. Sus artículos y comentarios sobre violaciones de la libertad de prensa ayudan a generar presión sobre los gobiernos.
En nuestra reunión en Madrid con representantes del actual gobierno español, les instamos a hacer más en apoyo de periodistas que trabajan en condiciones difíciles. Elogiamos a las autoridades españolas por sus discretas gestiones en Cuba, que han ayudado a la liberación de varios periodistas encarcelados. Pero nos gustaría oír hablar más al Gobierno español en público y con más energía cuando la libertad de prensa se vea comprometida; en este sentido, nos decepcionó que el ministro Moratinos no lo hiciera en su reciente visita a La Habana.
Nos decepcionó también que el presidente Zapatero no aludiera en público a la cuestión de la libertad de expresión en su viaje a Marruecos en marzo. La prensa marroquí ha sido objeto de numerosos ataques en los últimos años, y tres de los más conocidos directores de periódicos han sido proscritos del ejercicio de su profesión después de procesos judiciales claramente politizados. Unas palabras del presidente español podrían haber mejorado su situación. Como líder emergente en materia de derechos humanos con un vibrante panorama mediático nacional, España tiene la oportunidad de hacer honor a los ideales del Día Internacional de la Libertad de Prensa que hoy se celebra.
Joel Simon, director ejecutivo del Comité para la Protección de los Periodistas.