Ha quedado bien demostrado estos días que los recortes presupuestarios del Ministerio de Ciencia e Innovación inquietan a los científicos españoles. Suponemos que esto no sorprende a nadie, puesto que para realizar nuestro trabajo necesitamos dinero. Por otro lado, todo el mundo puede suponer que los científicos somos conscientes de que existe una crisis económica y que hay que apretarse el cinturón, una cosa a la que estamos bien acostumbrados. Esta vez, en función de cómo sean los recortes, algunos grupos pueden quedarse parados, quizá habrá que eliminar contratos de gente joven y parar proyectos. Pero, principalmente, se habrá dañado gravemente la dinámica positiva que llevaba la ciencia en España y la credibilidad del país en un campo donde se trabaja siempre a largo plazo. Y a la vista de lo que ocurre, alguien podrá preguntarse en serio cuál es el modelo de país que queremos construir.
En todos los países del mundo, una parte importante del dinero de la investigación procede de fondos públicos. En España, el fondo esencial para la investigación en general es el llamado Plan Nacional, gestionado por el Ministerio de Ciencia e Innovación. En este plan se definen unas grandes áreas de investigación y se llevan a cabo unas convocatorias anuales en las que los grupos de investigación piden dinero. Se trata de convocatorias competitivas y, en general, solo se financia un porcentaje de los proyectos, a menudo menos de la mitad. Las universidades y los centros de investigación normalmente solo pagan los sueldos del personal permanente, los edificios y su mantenimiento, pero todo lo demás (dinero para funcionamiento, para instrumentación y para personal no permanente) los investigadores tienen que ir a buscarlo en convocatorias competitivas. Por esta razón, si estos fondos se tocan el sistema se para.
Quizá alguien pensará que en la crisis actual existen otras actividades, como las fabriles, que también se paran. Y también puede pensarse que más vale destinar los fondos a fines sociales que a unos pocos científicos para que lo pasen bien. Y es cierto que la mayoría de los científicos aceptan la responsabilidad y la especialización de la investigación, con unos sueldos que son correctos, pero que no tienen nada que ver con los de la industria o las finanzas, por el interés que tiene el trabajo de investigación. Alguien puede, pues, pensar que para destinar fondos a unos pocos para que se diviertan, más vale dedicarlos a otros fines. Al parecer, es esto lo que piensa alguien en el Gobierno.
La actividad científica tiene actualmente unos efectos bien definidos sobre la vida de la gente. Si queremos que nuestros hijos reciban una educación de calidad en nuestras universidades, es preciso que estas realicen una buena investigación. Si queremos que en nuestros hospitales se dé una asistencia que incluya los últimos métodos de diagnóstico y tratamiento, es preciso que nuestros médicos tengan un contacto lo más estrecho posible con investigación de primer nivel. Si queremos que nuestros hijos encuentren trabajo en empresas eficientes y productivas, capaces de competir en el mercado internacional, es necesario que los que trabajan estén bien formados y que tengan un entorno tecnológicamente potente. Si queremos tomar decisiones sobre los temas complejos que se nos plantean desde las células madre hasta los transgénicos, pasando por el cambio climático o las fuentes de energía, es preciso que exista gente que esté en primera línea de investigación para informarnos a todos.
Y es esto lo que está sucediendo aquí. Respecto del resto de países de nuestro entorno, llevamos un atraso de décadas que reducimos poco a poco. Nuestra ciencia empieza a contar en el extranjero, estamos construyendo centros que son atractivos para investigadores de todo el mundo, se crean cada vez más empresas de base tecnológica que ya dan trabajo a centenares de trabajadores cualificados. Parar el sistema ahora es un error no tan solo para los profesionales que hemos creído que hacer investigación competitiva es posible en nuestro país, sino también para todo el país. Se necesita un mínimo de dinero y es preciso profundizar en reformas del sistema para hacerlo más eficiente. Ya se han realizado pasos importantes, como que para realizar su trabajo sea preciso que los científicos vayan a fondos competitivos de aquí o de Europa o a contratos con empresas para conseguirlos. Ya se ha instalado la cultura de que una parte de su sueldo (un 40%, por ejemplo) dependa de la actividad de quien realiza la investigación. Existen ya ejemplos, especialmente en Catalunya, de centros de investigación gobernados con mecanismos más eficientes. Pero hay todavía demasiada rigidez en la gestión de proyectos y demasiados funcionarios. Para reformar se necesita voluntad política y dinero para la investigación y para aplicar las reformas. Parece que perderemos otra legislatura sin tener ni una cosa ni la otra.
La ciencia es una actividad consustancial de toda sociedad democrática y con una economía avanzada. Parar su desarrollo en una sociedad como la nuestra, que estaba empezando a asomarse a ella, no es un problema de cuatro científicos. La ciencia es un elemento esencial si queremos tener una sociedad informada, con una economía eficiente y productiva, con unos servicios de calidad y una cultura abierta. Por ello es normal que los científicos reclamemos coherencia y continuidad en la política científica, pero pensamos que cada día más estas son exigencias para todos los ciudadanos.
Pere Puigdomènech, profesor de Investigación del CSIC.