El 17 de octubre de 1977 el Boletín Oficial del Estado publicaba la Ley 46/1977, conocida como ley de amnistía. Su artículo primero decía: «Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976». Su aplicación supuso la excarcelación de la totalidad de los presos de la banda terrorista ETA, con o sin delitos de sangre.
La mayoría del pueblo español, a través de sus representantes en las Cortes Generales, creyó que la reconciliación bien valía el esfuerzo de perdonar incluso a los que hasta ese momento habían asesinado a 74 compatriotas. Aproximadamente el 55% de aquellos terroristas amnistiados volvieron a empuñar las armas y asesinaron en España a otras 782 personas más hasta el 30 de julio de 2009 en el que acabaron en Calviá con las vidas de los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá. Creímos no obstante que, gracias a esa ley y a la Constitución aprobada un año después, en España había dejado de haber presos políticos. Estábamos equivocados, hoy 45 años después sigue habiéndolos, son los aproximadamente 200 reclusos de la banda que aún permanecen en prisión a pesar de las prisas de PSOE y PNV por liberarlos.
Y son presos políticos no porque así los consideren asociaciones como Sare o Etxerat sino porque, con sus decisiones, los Gobiernos de España y de la Comunidad Autónoma Vasca así los tratan. No son solo los acercamientos a cárceles del País Vasco, la transferencia de prisiones al Gobierno Vasco o las prevaricadoras progresiones de grado que se están otorgando y de las que hablaremos más adelante. La clave principal que lo acredita es la noticia publicada en este diario el pasado tres de agosto y que decía: «12 etarras más a Euskadi y veto a presos comunes». La información interior contaba que el Gobierno Vasco había reconocido en abril de este año la desestimación de 110 solicitudes de presos no terroristas para cumplir su condena en prisiones del País Vasco. Tras este dato, resulta evidente que tampoco el artículo 14 de nuestra Constitución se cumple en el oasis vasco. Para el PNV hay españoles más iguales que otros ante la ley, los asesinos de ETA -patriotas descarriados, que dijo su presidente- tienen derecho preferente de retorno. Los otros presos serán vascos, o, por adecuarlo a su manera de pensar, tendrán vecindad administrativa en el País Vasco, pero son vulgares delincuentes, no gudaris que combatieron por la causa.
De la indignidad de los acercamientos y la traición a los compromisos adquiridos con las víctimas poco más hay que decir, allá Sanchez y Marlaska con su conciencia si la tienen. De las progresiones de grado otorgadas por el Gobierno Vasco, desde que en julio del año pasado recibió la transferencia, sí conviene hacer algún comentario más. Para que el juez de vigilancia penitenciaria otorgue la libertad condicional a un recluso es necesario que este se encuentre previamente clasificado en tercer grado, así lo establece el artículo 90 del Código Penal. Pues bien, según lo señalado en el artículo 72 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, el tercer grado lo decide la junta de tratamiento de cada prisión y para otorgarlo, en el caso de condenados por delito de terrorismo, exige, además de los habituales requisitos -extinción de las tres cuartas partes de la condena, buena conducta, pronóstico de reinserción y abono de la responsabilidad civil-, signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas, la petición expresa de perdón a las víctimas de su delito y «la colaboración con las autoridades para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas». ¿Saben cuántas progresiones de grado, ajustadas a derecho, ha otorgado el Gobierno Vasco como consecuencia de la citada colaboración? Ninguna, una prevaricación de libro. Aun así, son ya 30 los terroristas de ETA que gozan de vida en semilibertad. Y además, a su salida definitiva de prisión les espera la agencia vasca de reinserción social Aukerak, dotada con 15 millones de presupuesto y 17 empleados, para encargarse de buscarles alojamiento y empleo.
El pasado mes de agosto asistimos de nuevo a la campaña de verano de los amigos de ETA pidiendo el final de «las políticas de excepción en materia penitenciaria y el acercamiento de los presos vascos». Con esa intención se hacen las pintadas que vemos en las paredes de nuestras calles en favor de los presos de ETA. «PRES.O.S». rotulan en demanda de «socorro» para su vanguardia. Antes, este trabajo fue misión de Gestoras Pro Amnistía o Askatasuna y, tras su ilegalización, hoy está en manos de Etxerat o Sare, esta última, presidida por un antiguo consejero de justicia del Gobierno Vasco en tiempos de Ibarretxe. Se manifestaron en Vitoria en sus fiestas y en las playas del litoral vasco, el 20 de agosto lo hicieron en San Sebastián y el 26 en Bilbao aprovechando sus fiestas patronales, Jaiak bai borroka ere bai -fiestas sí, lucha también-. ¿Se acuerdan? A pesar de su liturgia habitual, saben que sus demandas son innecesarias, fuegos de artificio, ya que todo está pactado.
Hoy a la banda terrorista le quedan apenas 200 presos. De estos, tras los acercamientos pactados con Sánchez y Marlaska a los que sumamos los 11 del 13 de octubre, solo 20 están en cárceles fuera de la comunidad autónoma vasca y de la foral de Navarra. En unos meses no habrá ninguno y, mientras tanto, en el País Vasco el PNV los irá sacando a la calle con la complicidad lamentable del PSE. Baste como ejemplo la coincidencia el mismo día del traslado de los 11 citados con la concesión para otros 5 del tercer grado. Ese es el pacto sellado. Lo contó a sus militantes, con absoluta naturalidad, el codirector de la destrucción de España Arnaldo Otegi en Eibar, en octubre del año pasado: «Tenemos a 200 dentro. Y esos 200 tienen que salir de la cárcel. Si para eso hay que votar los presupuestos, pues los votaremos. Así de alto y claro os lo decimos». El blanqueamiento permanente que Sánchez y su partido otorgan a sus socios de Gobierno cada día hace que cada vez menos gente recuerde que el Tribunal Supremo dijo en 2011 que la coalición EH-Bildu -férreamente controlada por Otegi- era una sucesión de otras formaciones -Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna- ilegalizadas en 2003 por formar parte de ETA. El Tribunal Constitucional, dirigido y ordenado por Rodríguez Zapatero, los devolvió a las instituciones y ahí siguen determinando el rumbo de la política española a la que nunca debieron volver.
A comienzos de agosto conocimos también otra decisión adoptada por el Gobierno: la retirada del País Vasco de agentes antiterroristas del CNI. Otro error más destinado, como siempre, a dar satisfacción al separatismo para asegurar su permanencia en el poder. Lo mismo que permitir que se proscriba la lengua oficial de España en parte del territorio nacional o asumir como algo irremediable que se expulse a una ertzaina de las fiestas de su pueblo mientras se permiten los homenajes a terroristas o se amenace por enésima vez al hijo del presidente del PP en el País Vasco.
Y a pesar de lo relatado, hay todavía quien se molesta cuando algunos defendemos que el proyecto político de ETA está más fuerte que nunca, mucho más que cuando asesinaban a docenas de personas cada año. Entonces su objetivo, la ruptura de España para poner en pie la república totalitaria vasca, no tenía posibilidad alguna de prosperar. Hoy el primero, condición necesaria para el segundo, avanza con firmeza y quien tiene la autoridad para detenerlo ha decidido convertirse en su mayor catalizador. Si el presidente del Gobierno no quiere parar la demolición de nuestra nación será muy difícil que alguien nos ayude a evitarlo. Tan solo un cambio de Gobierno, la recuperación de una conciencia nacional y, si acaso, la firmeza de la Unión Europea pueden evitar el desastre.
Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco
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¿ El jefe del Estado está de adorno al respecto ?