Preservar la judicatura

En la semana de gala para la corrupción, el pasado día 10 el Grupo de Estado contra la Corrupción (GRECO), integrado por 49 países del Consejo de Europa y Estados Unidos, hizo públicas sus conclusiones sobre España, en su cuarto ciclo de evaluación, ahora sobre prevención de la corrupción de los parlamentarios, jueces y fiscales. Se trata de una serie de informes independientes que no deben ser ocultados a la opinión pública. El resultado es más que pobre.

Me centro ahora en los jueces. Vaya por delante que en sus conclusiones el GRECO ni insinúa corrupción judicial alguna en España. Le preocupa, además, algo diferente que viene incluyendo bajo el epígrafe de la corrupción, esto es la independencia judicial.

Por lo que respecta a la independencia señala dos aspectos muy alarmantes, más aún si tenemos en cuenta que el Gobierno en sus respuestas se distancia abiertamente de la realidad. Los informantes no han caído en sus burdas redes. El primer aspecto que no garantiza la debida independencia judicial es la politización extrema del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Reformados y empeorados su composición y funcionamiento en el 2013, el GRECO toma buena nota de las falacias gubernamentales e insiste en que esa politización es negativa para el conjunto del sistema judicial. Me permito añadir que, al igual que lo que sucede en educación, cada legislatura se modifica el sistema de gobierno de la justicia, hoy convertido de facto en una dirección general más del Ministerio de Justicia. Basta con ver la procedencia de algunos de sus miembros y las declaraciones sobre resoluciones judiciales del ministro del ramo.

El GRECO no apunta ninguna forma nueva de composición y funcionamiento del CGPJ más allá de su admonición de preservarlo de la injerencia política. Toma, además, como referencia dos datos empíricos. Uno, la encuesta del propio CGPJ sobre el conocimiento del alcance de sus reformas y funciones entre los jueces. El resultado es devastador y, entiendo, poco significativo: solo respondió el 25% de los jueces y de estos el 75% se queja de lo poco protector de su independencia que es el CGPJ, algo que habría que ponderar con más detalles. El otro dato es la percepción que los ciudadanos tienen de la independencia judicial: uno de los índices más bajos de Europa. Habría que matizar esa percepción con la razonable satisfacción de los ciudadanos-usuarios de los tribunales cuando, encuestados periódicamente al respecto, responden aprobando a jueces y magistrados.

Entrando en el terreno propiamente de la corrupción, el GRECO es algo más benevolente con las fintas gubernamentales. Se contenta, al parecer, con la puesta en marcha desde hace un año de un grupo de trabajo destinado a crear un código deontológico judicial, código que lleva años pregonándose y que nunca parece que vaya a ver la luz ni sepamos nada de sus trabajos.

En este orden de cosas hay dos puntos capitales: los conflictos de intereses y las incompatibilidades. Para ello, el Gobierno en sus alegaciones remite a las disposiciones de la ley orgánica del poder judicial, es decir, echa balones fuera. La ley es anacrónica, asistemática y no prevé directamente, no tanto sanciones, como respuestas eficaces a situaciones cotidianas. La promiscuidad entre jueces, abogados, empresas y universidad es quizá inevitable. Abundan las relaciones académicas, profesionales o económicas, como las editoriales o congresos. Ello sin contar las oposiciones, con sus peculiares lazos entre preparador y opositor, al margen de la cuestión económica. A todo esto ni la ley ni, hasta ahora, comité alguno ha dado una respuesta.

Aquí es donde existe ciertamente una gran fuente de peligros, por su secretismo, unas veces, y por su aceptación natural, otras. Como cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia aceptó que un justiciable, el entonces presidente Camps, le tildara de más que amigo. No pasó nada. Sin embargo, que la expresidenta de Castilla-La Mancha y secretaria general del Partido Popular, Dolores de Cospedal, se dirigiera en actos públicos a la presidenta de su Tribunal Superior de Justicia, como «Concha», enfatizando que cuando decía «Concha» decía mucho más, sí le ha costado a la magistrada, entre otras cosas, ser apartada del ‘caso Gürtel’.

Visto el informe del GRECO, con sus matices y precisiones, se ratifica una percepción general: que el Gobierno mantiene una relación informal con la verdad y que estamos muy lejos de una regeneración democrática digna del tal nombre.

Joan J. Queralt, Catedrático de Derecho Penal de la UB.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *