Iván Duque, el presidente de Colombia, atraviesa su momento de más baja popularidad.
Sus diez meses de gobierno han estado puntuados por altibajos. Cuando decidió levantarse de la mesa de diálogo con la guerrilla del ELN como reacción a un carro bomba que el grupo puso en una guarnición militar en enero de 2019, subió de 29 a 42 por ciento y, cuando asumió una posición dura contra Nicolás Maduro en febrero de 2019 después de que Juan Guaidó se proclamó presidente encargado de Venezuela, su imagen favorable pasó de 27 a 42 por ciento. Ninguna de las alzas se ha mantenido y hoy Duque tiene solo 29 por ciento de aprobación.
Estos vaivenes de popularidad tienen consecuencias serias sobre la estabilidad de un país en transición. Hasta el momento, el presidente ha logrado convertir muy pocos proyectos en leyes en el congreso y enfrenta una grave crisis de seguridad evidenciada en la cantidad de líderes sociales asesinados: 317 entre 2018 y abril de 2019. Esto pone en riesgo la ejecución del Acuerdo de Paz y podría hacer surgir nuevos ciclos de violencia en territorios que antes controlaba la extinta guerrilla de las Farc. La desaparición de Jesús Santrich, el exlíder de las Farc, es una nueva prueba para la zigzagueante popularidad de Duque.
Lo cierto es que, cualquiera que sea su posición sobre el Acuerdo de Paz, el presidente no parece entender su mayor oportunidad política: llevar adelante la transición, consolidar la paz y restablecer la gobernabilidad. Siendo Colombia un régimen presidencialista, su papel es clave para que la paz cristalice.
El descontento con la situación de Venezuela, el alza en el desempleo, las protestas sociales y la incapacidad para resolver la crisis de infraestructura son algunas de las causas de la baja popularidad de Duque. A esto se suma que los medios han revelado aspectos peligrosos de su política de seguridad y se ha cuestionado su verdadero compromiso con la paz.
Los resultados negativos de sus posiciones sobre la justicia del proceso de paz también lo han golpeado, como cuando falló en su intento por impedir que se expidiera una ley que reglamentaba aspectos clave de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Esto revela que no solo la popularidad del presidente se ha visto afectada, sino también su capacidad de liderazgo y la gobernabilidad del país. Lograr la paz le costó al expresidente Juan Manuel Santos terminar su gobierno con uno de los porcentajes más altos de rechazo de la historia colombiana.
Por su larga experiencia diseñando esquemas de transición, Colombia podría convertirse en un laboratorio de ideas de construcción de paz para el mundo. Así como el proceso de democratización de Sudáfrica nos ha dado lecciones para afianzar la lucha contra la discriminación racial, Colombia podría ser ejemplo de que es posible superar un conflicto armado de cincuenta años.
Iván Duque tiene en sus manos la paz, una oportunidad demasiado valiosa como para abandonarla. Puede ser que, por convicción personal, él no crea lo mismo; pero también puede ser que el presidente sea rehén de un discurso contra el acuerdo o de su partido —que por momentos parece más preocupado en afianzar sus posturas, denunciar el pasado y ganar peleas que en acompañar los retos del gobierno—. A esto se añade un ambiente de intensa polarización que ha deformado el escenario político y social: quienes defienden la paz han llegado a creer que una “derrota” del presidente puede darle mejores oportunidades al cumplimiento del acuerdo.
Ni lo uno ni lo otro es cierto. Por un lado, la paz necesita una institucionalidad cuya máxima figura es el presidente. Por el otro, aunque existan dudas del compromiso de Duque con el acuerdo, él ha manifestado ante la comunidad internacional su voluntad de cumplir con su implementación.
Las transformaciones que propone el acuerdo corresponden a deudas históricas y obligaciones básicas del Estado colombiano: presencia institucional, salud, educación, seguridad, vías y oportunidades. Nada de lo anterior es distinto de lo que usualmente tiene que hacer un gobernante. Aunque el liderazgo necesario para impulsar estas transformaciones debe venir de distintas áreas, no solo desde el Estado, es sobre todo responsabilidad del presidente. Duque tiene vías para lograrlo y, también, para consolidar victorias para su gobierno.
Eso exigiría abordar el problema del aumento de cultivos ilícitos con una mirada integral y sostenible; enfrentar la situación de seguridad enfatizando la legitimidad y el respeto de los derechos humanos; impulsar la inversión pública y privada y las oportunidades para los habitantes de las regiones más afectadas por el conflicto; satisfacer los derechos de las víctimas, y cimentar el proceso de reincorporación de los excombatientes a la vida civil.
Si así lo quisiera, el presidente podría disminuir la polarización y superar la dinámica de “ganar peleas”.
El cumplimiento de un Acuerdo de Paz y la transición subsecuente toman mucho tiempo, involucran distintas visiones políticas y favorecen nuevos liderazgos. Esa es la lección más importante que dejó el proceso de Irlanda del Norte, que ha atravesado conflictos, renegociaciones y hoy enfrenta los efectos del brexit.
Sobreponerse a la polarización le permitiría a Duque tener una interlocución más tranquila con los sectores de la sociedad civil que desarrollan iniciativas de construcción de paz y trabajan por reconstruir los territorios y las comunidades más afectadas por el conflicto armado. Le permitiría además afianzar su liderazgo no solo como cabeza de un bloque político que se oponía al acuerdo, sino de toda la sociedad colombiana.
La pregunta es si esto generaría una ruptura con su partido y su mentor, Álvaro Uribe.
La polarización genera victorias para determinadas agendas políticas. Pero estas a menudo son limitadas y parciales. El partido de Duque, el Centro Democrático, tiene mucho que perder si al cabo de sus cuatro años en el gobierno la transición se frustra. Los ciudadanos, los del campo pero también los de la ciudad, le cobrará los resultados del fracaso a su presidencia, y no a Juan Manuel Santos.
Para evitar este revés, un sector importante dentro del Centro Democrático podría adoptar por un discurso más moderado que la retórica actual tan radical, que parece más un mensaje de un partido de oposición que de uno en el poder. Al Centro Democrático podría convenirle aprovechar las posibilidades del acuerdo y beneficiarse de sus logros más tangibles. Si se implementa el acuerdo, podrán decir que fueron ellos quienes llevaron seguridad, tranquilidad y desarrollo a los territorios que antes estaban abandonados. No necesitan mencionar ni a la paz ni a las Farc, pero tampoco tienen convertirlos en anatema.
Por su parte, los ciudadanos que se consideran defensores del acuerdo, deben entender que una paz sin un compromiso activo del presidente y sin gobernabilidad difícilmente será estable y duradera. También para construir la paz en Colombia, Iván Duque es el presidente.
Martha Maya es directora de proyectos para América Latina del Instituto para las Transiciones Integrales y fue asesora de la delegación del gobierno colombiano en el proceso de paz en La Habana en 2016.