Una de las notas que garantiza eficacia y estabilidad a la acción política radica en el grado de intensidad que se registra en la relación entre el titular del Poder Ejecutivo y el partido al que, en su caso, pertenece. Un asunto meridianamente claro en sistemas parlamentarios de gobierno que no lo es en aquellos de corte presidencialista como acontece en el ámbito latinoamericano. El hecho de que los presidentes sean elegidos directamente por la ciudadanía difumina el papel de los partidos políticos que son prescindibles para llevar a cabo la tarea electoral. Además, la división de poderes anula, en instancias presidencialistas, la dependencia del Legislativo que sí se da en el modelo parlamentario. Al no haber en aquellos mociones de censura ni de confianza, los presidentes no requieren de la fiel salvaguardia de un partido propio, aunque la enseñanza de la crisis de Brasil que supuso la salida de Dilma Rousseff habla del uso del juicio político como un instrumento de censura. Otra cosa es, claro está, la tarea legislativa.
En los países de América el escenario es variopinto. El recuento de las relaciones de cada uno de sus presidentes elegidos democráticamente con su partido político en los últimos cuarenta años así lo pone de relieve. Sobre 136 casos registrados 26 presidentes cuando fueron elegidos no tenían relación orgánica alguna con el partido por el que fueron postulados. Los 110 que sí la tenían dibujaban escenarios en los que había relación de mayor o nivel intensidad, entendiendo por tal gradiente el grado de control del partido por parte del presidente.
Este escenario, sin embargo, ha ido creciendo tímidamente con el tiempo y es posible que a lo largo del próximo año cambie aún más. La articulación de formaciones políticas espurias que obtuvieron muy limitados logros en las elecciones legislativas en torno a candidatos presidenciales exitosos ya se dio en las últimas elecciones de Guatemala y de Perú. En Paraguay el decimonónico partido colorado avaló la candidatura de quien llegaría a la presidencia siendo, no obstante, ajeno por completo a la vida del partido. Hoy, el partido mayoritario en Ecuador, Alianza País, acaba de dar de baja en sus filas al presidente Lenín Moreno que mantiene una amarga pugna con el ex presidente Rafael Correa, fundador del partido y residente en Bruselas.
En cuanto a los procesos electorales que se avizoran en el futuro inmediato comportan dudas de que este acontecer no deje de extenderse a otros países de la región donde comienzan a proliferar las candidaturas de independientes. Circunstancia que es todavía más insólita por cuanto que en los casos más relevantes de momento, y sin que se haya abierto todavía el periodo de presentación de candidaturas, vienen configuradas por antiguos militantes partidistas de cierto relieve. Este es el caso de Margarita Zabala en México, que deja el PAN, o de Humberto de la Calle, que se aleja del Partido Liberal en Colombia.
Este fenómeno se generaliza en los otros niveles de gobierno. Gobernadores y alcaldes independientes son protagonistas de la acción política. La atomización de la representación es uno de los elementos más novedosos de la vida política latinoamericana que manifiesta el declive de una faceta de la democracia representativa como venía siendo hasta fecha reciente la democracia basada en los partidos.
Lo que sucede es que la presidencialización de los sistemas políticos y las campañas electorales centradas en candidatos conjugadas con sociedades hastiadas con la corrupción rampante y la inseguridad ciudadana que no cesa, hacen que la gente dé la espalda a expresiones institucionalizadas de la política. Puesto que hay que votar, no se olvide la extensión de la obligatoriedad del voto en la mayor parte de países de América Latina, se vota. Pero poco a poco se va haciendo más en favor de individuos independientes que de partidos.
Una situación que avala el último informe de la Corporación Latinobarómetro al señalar, no solo que la confianza de la opinión pública en los partidos es la más baja (15%) de entre el resto de las instituciones políticas por las que se pregunta, sino que los datos de 2017 muestran que es el segundo valor más bajo desde que se inició el estudio en 1996. Por otra parte, tanto el nivel regional de apoyo a la democracia (53%) como el de satisfacción con la democracia (30%) no dejan de disminuir por quinto y cuarto año consecutivo respectivamente.
Manuel Alcántara Sáez es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Salamanca.