Presos políticos, claro

No son delincuentes comunes ni terroristas, no son corruptos ni corruptores, no son violadores ni han maltratado a sus parejas. No son criminales, pero les han encerrado en la prisión. Jordi Sánchez y Jordi Cuixart duermen desde lunes entre rejas acusados de sedición. Sánchez y Cuixart son dos hombres que siempre han defendido sus ideas de manera pacífica, algo que también hicieron ante las muchas personas concentradas a las puertas de la Conselleria d’Economia el 20 de septiembre, para protestar contra los registros realizados por la Guardia Civil en varios departamentos de la Generalitat. Los tuits de los dirigentes de la ANC y Omnium, así como varios vídeos, demuestran que su actitud, en todo momento, fue la de invitar a la resistencia pacífica, a la calma y a evitar cualquier provocación violenta. Presentarlos como elementos peligrosos forma parte de la construcción de un relato falaz que pretende desfigurar la realidad del movimiento independentista. Es muy grave y muy irresponsable, pero ya no puede sorprender. “La unidad de España es más importante que la verdad”, confesó un director de diario madrileño.

Varios son los expertos que han criticado con argumentos técnicos la decisión de la juez Carmen Lamela y han subrayado hasta qué punto resulta insostenible y sin fundamento. Por ejemplo, Xavier O’Callaghan, exmagistrado del Tribunal Supremo, ha expresado que “una sedición es impensable en el caso actual” y ha añadido que “es impropio de país civilizado decretar prisión para oponentes políticos”. Como ha notado alguien, de acuerdo con los peculiares argumentos de la juez, cualquier ciudadano que haya tomado parte en alguna de las manifestaciones soberanistas desde el 2012 -incluidas las de cada Diada- podría ser acusado de sedición. Faltarán cárceles si se trata de ir encerrando a toda la gente que se moviliza y trabaja para conseguir la independencia.

No estamos ante un error. Dictar prisión contra Sánchez y Cuixart es una injusticia, una arbitrariedad y una manera de enviar un mensaje a la parte de la sociedad catalana que no quiere seguir formando parte de España. No es, por lo tanto, una equivocación. Encarcelar a dos hombres de probada trayectoria democrática forma parte de una estrategia de Estado que es compartida transversalmente por PP, PSOE y Cs. Hasta 15 años de prisión les pueden caer a los dos Jordis. No estamos hablando de una advertencia suave, sino de exhibir con contundencia la fuerza de la maquinaria represiva del Estado español. El Estado proclama que el ejercicio de derechos esenciales como el de manifestación, reunión y expresión puede desembocar -si el Estado así lo considera- en multas, embargos, inhabilitaciones y prisión. La sediciones un vestido hecho a la medida de quien el Estado señale como enemigo peligroso.

La cárcel no es ninguna broma. Cuando pienso en la situación que viven Sánchez y Cuixart no puedo dejar de indignarme y debo hacer un gran esfuerzo para escribir sin utilizar adjetivos y expresiones que, a pesar de su exactitud, no pueden tener cabida aquí. Conozco personalmente a los dos Jordis y afirmo que son hombres de diálogo y de talante constructivo, responsables directos -al lado de otros dirigentes de sus respectivas entidades- del hecho admirable de que el movimiento independentista sea hoy un fenómeno reconocido internacionalmente por su civismo y su discurso integrador. Pero es obvio que la realidad no interesa mucho a los que etiquetan a los independentistas como “golpistas” y repiten que más de dos millones de catalanes han sido “adoctrinados” por las escuelas y por TV3.

La primera operación de cualquier poder que actúa de manera abusiva es negar su carácter autoritario. La primera de todas las batallas es la que se libra con el diccionario. Por eso el Gobierno se pone histérico cuando se dice que Sánchez y Cuixart son presos políticos. El problema es que, a la vez, el Ejecutivo Rajoy no tiene nada que permita negarlo. Y entonces llegan momentos delirantes y tragicómicos, como aquel en que el ministro Catalá (reprobado por el Congreso de los Diputados) suelta que “podemos hablar de políticos presos, pero nunca de presos políticos”. Una ocurrencia que ilumina la debilidad argumental de esta represión y la poca altura histórica de quien niega sistemáticamente la existencia de un problema político tan evidente. Al ministro de Justicia quizás le traicionó el subconsciente, dado que hay muchos políticos del PP investigados por varios casos de corrupción.

Sánchez y Cuixart son presos políticos. Cuanto más se niega esta condición, más claro es. El escándalo es que son presos políticos de una democracia de la UE. Los líderes de la ANC y Omnium no han cometido ni el delito que se les imputa ni ningún otro. En realidad, sólo son culpables, por lo visto, de hacer política: esto es expresar unas ideas, organizarse para hacerlas realidad democráticamente y movilizarse en la calle para protestar pacíficamente. Todos los demócratas españoles deberían estar horrorizados. Todos sin excepción.»

Francesc-Marc Álvaro, periodista.

2 comentarios



  1. Me llevaría un buen rato desmontar todas y cada una de las medias verdades que aparecen en este artículo y por eso me limito a una. Dice este personaje que, según argumenta la juez, “cualquier ciudadano que haya tomado parte en alguna de las manifestaciones soberanistas desde el 2012 -incluidas las de cada Diada- podría ser acusado de sedición”. Es evidente que este señor no se ha molestado en leer lo que indica el Código Penal al respecto. Olvida que esos manifestantes no se alzaron para “impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes”, o para “impedir a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales”. Por tanto, los manifestantes expresaron sus opiniones sin que ello les condujera a la cárcel. A partir de aquí, poco más se puede decir.
    A los presos políticos se les encarcela por sus ideas. Los “jordis” han ingresado en la cárcel por un supuesto delito contemplado en el Código Penal. Que sean o no condenados es asunto de la Justicia.

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