Las economías desarrolladas del mundo, de las que los Estados Unidos son la mayor y sistémicamente más importante con mucho, afrontan diversas disyuntivas políticas y sociales difíciles. El presupuesto de los EE.UU. propuesto por Presidente Barack Obama reconoce y aborda dichas disyuntivas y sus pros y sus contras directa y completamente por primera vez en el período posterior a la crisis.
La propuesta de Obama es un documento importante, honrado y políticamente valiente. El debate que seguirá determinará en gran medida si los EE.UU. adoptan un modelo fuerte, integrador y sostenible de crecimiento y empleo y cómo compartirán los americanos de edades, niveles educativos, ingresos y riqueza diversos la carga de internarse por esa vía.
Sabemos que potentes fuerzas tecnológicas y del mercado mundial han reducido espectacularmente el número de puestos de trabajo profesionales y manuales rutinarios, han dirigido las opciones de empleo para la clase media hacia el sector no comerciable de la economía y han encauzado el crecimiento de los ingresos nacionales hacia el capital y el empleo mejor remunerado, mientras que se han estancado los ingresos de los demás. La creación de puestos de trabajo sigue siendo débil y el empleo continúa divergiendo del crecimiento.
No se puede atribuir enteramente esas tendencias a opciones normativas deficientes o a una gobernación con cortedad de miras. Se deben principalmente a un paisaje tecnológico en transformación de una economía mundial cada vez más integrada, pero han resultado exacerbadas por una tónica sistemática de inversión insuficiente en el sector público.
La enseñanza que se desprende de muchos países desarrollados y en desarrollo es la de que la inversión insuficiente en infraestructuras, capital humano, instituciones y base tecnológica y de conocimiento de la economía reduce el crecimiento a largo plazo. Se puede sostener el crecimiento a corto y medio plazo durante un tiempo substituyendo la inversión por deuda pública y privada, es decir, endeudándose con cargo a los ingresos y el consumo futuros, pero ese método crea una tónica autolimitadora, porque se dañan los balances, flaquea la demanda y hay que ajustar las aspiraciones a la baja.
Con ello pasamos a las opciones que encarna el presupuesto de Obama. En primer lugar, tenemos la cuestión de la rapidez con la que reducir los déficits públicos y la acumulación de deuda pública. Una repentina contracción fiscal reduciría la demanda agregada interna más rápidamente de lo que podrían substituirla el desapalancamiento y los cambios estructurales, con lo que acabaría con el crecimiento y la contratación, con los consiguientes efectos negativos en los déficits presupuestarios, pero retrasar durante demasiado tiempo el momento de afrontar la deuda socavaría la confianza en la capacidad del Gobierno de los EE.UU. para aplicar la disciplina fiscal.
Los déficits deben reducirse dentro de un horizonte temporal de entre cinco y diez años. La disyuntiva es entre una crisis de la deuda soberna, seguida de una brusca subida destructiva de los costos del endeudamiento, y una carga en aumento para las futuras generaciones de contribuyentes.
En un mundo ideal, en el que las avenencias no fueran necesarias, la política fiscal de los EE.UU. mantendría los compromisos inherentes al sistema de seguridad social, precisamente cuando las fuerzas demográficas o de otra índole impulsan el aumento de los costos (en particular, los de atención de salud). También mantendría los niveles actuales de consumo y evitaría los aumentos de impuestos, al tiempo que repararía los déficits de inversión pública para impulsar el crecimiento y ampliar las opciones de empleo para la clase media actual y las generaciones futuras. Por último, no se pediría a las generaciones futuras que cargaran con todo el peso de la reequilibración.
Evidentemente, es imposible conciliar todos esos objetivos. Para ser justos, hemos de decir que algunas reformas –incluidas las medidas en materia de impuestos, reglamentación y atención de salud– contribuirán a restablecer el equilibrio sin imponer grandes costos suplementarios al sector público, pero no son suficientes para reequilibrar la economía y restablecer la intensidad del crecimiento. Dicho sencillamente, no se pueden sostener los niveles actuales de consumo y derechos sociales sin agotar la inversión del sector público, a no ser que creamos que la capacidad de endeudamiento del Estado es ilimitada y que el traspaso intergeneracional de la deuda carece importancia.
Así, pues, hay que elegir. El estancamiento entraña también una opción que garantice que el resultado será alguna versión del status quo. ¿Cómo sería?
A este respecto necesitamos conjeturar un poco. Es probable que se redujeran los programas de ayudas sociales, pero no lo suficiente para contrarrestar una importante transferencia intergeneracional de la carga. Los impuestos podrían aumentar un poco en los tramos de los ingresos más altos y la recaudación iría destinada a financiar las ayudas sociales y la redistribución. El deseo de evitar aumentos importantes de los impuestos (y sostener los niveles de consumo) se reflejará casi con toda seguridad en un déficit continuo de la inversión del sector público, lo que, a su vez, socavaría el crecimiento a largo plazo.
La propuesta de presupuesto de Obama reconoce que no se pueden lograr todos los objetivos y aspiraciones y que la del crecimiento es ahora una cuestión distributiva e intergeneracional (y posiblemente de integración y de estabilidad social) a largo plazo. Es una invitación al Congreso de los EE.UU. y al público americano a fin de que reconozcan y aborden las opciones y las cesiones necesarias para crear un modelo sostenible de crecimiento económico y garantizar una distribución equitativa de la carga que entraña ese objetivo.
Las opciones son más extremas en los países en los que los desequilibrios son más graves y los mercados sufren más impedimentos, inducidos por las políticas, a la flexibilidad, la movilidad y el dinamismo del sector público que siguen beneficiando a los EE.UU. En Italia y en España, el crecimiento es negativo y el desempleo juvenil es de 35 por ciento y 55 por ciento, respectivamente. Desde luego, se trata de una cuestión moral, pero también es una cuestión de estabilidad política y social.
Cada uno de los países tiene su propia versión de un contrato social que establece los derechos y los deberes de los ciudadanos, el papel del Estado y la idea de la integración. Las políticas públicas y las opciones fiscales más logradas son las que no sólo se rigen por los valores duraderos inherentes al contrato social, sino que, además, están adaptadas a las circunstancias demográficas, tecnológicas y mundiales cambiantes.
A veces eso significa la necesidad de inclinarse por opciones como las que afrontan ahora los EE.UU. y muchos otros países desarrollados. Si no escogemos las opciones idóneas, el crecimiento se resentirá y las opciones distributivas futuras serán mucho más duras.
Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Professor of Economics at NYU’s Stern School of Business, Distinguished Visiting Fellow at the Council on Foreign Relations, Senior Fellow at the Hoover Institution at Stanford University, and Academic Board Chairman of the Fung Global Institute in Hong Kong. He was the chairman of the independent Commission on Growth and Development, an international body that from 2006-2010 analyzed opportunities for global economic growth. Traducido del inglés por Carlos Manzano.