Presupuestos 2007: ¿Dónde van las ocasiones perdidas?

Por Cristóbal Montoro, eurodiputado, catedrático de Hacienda Pública y ex ministro de Hacienda (FAES, 08/11/06):

En un ambiente invadido por las emociones políticas, ni siquiera los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año han tenido fuerza suficiente para alzar la mano y recordar a la sociedad española que la economía “también existe”. En este comienzo del siglo XXI, que se caracteriza por la creciente integración económica internacional, la sociedad española tendría que estar más preocupada por reforzar la posición de nuestra economía en los mercados mundiales que por el estéril debate sobre las identidades, que nos debilita. A pesar de todo, aunque ahora se vea poco, como de la buena marcha de la economía y del mayor o menor acierto en las decisiones de los Presupuestos depende el bienestar de los ciudadanos en las realidades concretas de todos los días, es imprescindible analizar sus coordenadas principales y valorar la orientación y la capacidad de la política económica que contienen.

La economía española está cumpliendo el ciclo de crecimiento más largo de nuestra historia reciente. Son más de diez años de crecimiento sustentado básicamente sobre la fortaleza de nuestra demanda interna que ha permitido una clara aproximación a la media de renta de la Unión Europea. Este crecimiento se ha caracterizado por la estabilidad macroeconómica, la apertura al exterior, la extraordinaria creación de empresas y de empleo y la expansión internacional de las inversiones españolas. Las perspectivas de crecimiento de la economía internacional para el año 2007 siguen siendo positivas y, en este contexto, se espera que la economía española mantenga en 2007 un apreciable dinamismo, con una tasa de crecimiento superior a la media europea y elevada creación de empleo. La productividad, en cambio, seguirá empeorando, a pesar de la insistencia con que los actuales responsables del Presupuesto criticaban esta circunstancia cuando estaban en la oposición. Con estas previsiones, la economía española se dispone a prolongar un año más el crecimiento iniciado en 1996, que está siendo para nuestro país un instrumento poderoso de progreso material y de cohesión social.

En el centro de este modelo de crecimiento está la estabilidad económica, conquistada y preservada en un proceso de apertura a Europa y a los mercados internacionales. La superación de los desequilibrios macroeconómicos ha significado para nuestra economía condiciones favorables de financiación, alivio de las cargas tributarias y generación de expectativas de crecimiento a largo plazo, que son los factores de confianza que estimulan la inversión, el trabajo y el acceso a mejores niveles de bienestar. Por esta razón, para calificar los Presupuestos Generales del Estado del año que viene es imprescindible estudiar en qué medida contribuyen a proteger la estabilidad de nuestra economía.

En los últimos años nuestra economía se está desequilibrando, en primer lugar, por una inflación elevada y persistente, que supera las tasas de crecimiento del PIB y que está claramente por encima de la de nuestro entorno europeo, con la consiguiente pérdida de competitividad. Y, en segundo lugar, por los excesivos déficit de la balanza exterior, que desde el año 2003 han multiplicado por 3 nuestra necesidad de financiación con el resto del mundo, hasta alcanzar hoy el 7,5 por 100 de PIB.

Aunque ahora el Gobierno, afortunadamente, no tiene la posibilidad de devaluar la moneda para compensar –abaratando de golpe el precio de todos nuestros productos en el mercado mundial– la pérdida de competitividad acumulada, como ocurría con lamentable frecuencia antes del euro, sí podría acometer reformas estructurales en los mercados para mejorar las condiciones de la competencia, pero eso tampoco lo hace. Sin devaluaciones ni reformas estructurales, ya sólo queda la política presupuestaria. Si el Gobierno quiere reequilibrar la carga del navío y prolongar la actual singladura de crecimiento, lo razonable es que proponga a las Cortes unos Presupuestos Generales del Estado que defiendan la estabilidad. Sin embargo, los Presupuestos Generales para el año 2007, como ahora veremos, tampoco dan la necesaria prioridad a la corrección de los desequilibrios que padece nuestra economía.

El incremento del gasto previsto en los Presupuestos para 2007 es excesivo si pretendemos que la política fiscal contribuya a aliviar las tensiones en los precios y a compensar las abultadas necesidades de financiación de nuestra economía. En efecto, el incremento del gasto supone un 8,8 por 100 en términos de Contabilidad Nacional, dentro del cual se observa un aumento injustificadamente elevado de los gastos corrientes y nuevos compromisos de gastos estructurales, los cuales pueden volverse especialmente gravosos para el Presupuesto en situaciones futuras menos favorables del ciclo económico. Tanto el gasto de personal activo como los gastos corrientes en bienes y servicios aumentan un 7,7% y un 11,8% (sin considerar el gasto por elecciones, el incremento es del 7,8%) respectivamente, ambos por encima del 6,7% de incremento del presupuesto no financiero.

Con un crecimiento del gasto tan elevado, el Gobierno contribuye a alimentar las tensiones inflacionistas, en lugar de aliviarlas, en un año que no se presenta fácil para las familias de rentas medias y bajas, las cuales están sufriendo, a la vez, la subida del precio de las hipotecas, de la energía y de los productos de la cesta de la compra. El elevado precio del petróleo, las incertidumbres sobre el crecimiento de la economía europea, y sus efectos sobre la evolución de los tipos de interés del euro, y la política energética del Gobierno, que ha generado con su torpe intervención grandes movimientos especulativos –los cuales, muy probablemente, van a provocar un encareciendo adicional de las tarifas que pagamos los consumidores– son motivos suficientes para que los Presupuestos Generales del Estado para 2007 hubiesen apostado por la moderación en el gasto.

El Gobierno ha dejado pasar, un año más, la oportunidad de reforzar la estabilidad de nuestra economía con un objetivo presupuestario mucho más exigente. El superávit debería ya apuntar por encima del 3 por 100 del PIB, en lugar del 0,7 por 100 previsto. Hay que tener en cuenta que desde hace tres años las condiciones –y las posibilidades– de la economía española están demandando objetivos de superávit mucho más exigentes de lo que se ha propuesto y conseguido. Estamos perdiendo el tiempo. Para este año 2006 se espera alcanzar un superávit del 1 por 100 del PIB, cuando en realidad ya podría haberse llegado al 2 por 100. Con estos precedentes tiene poco sentido que el objetivo del Gobierno para 2007 se sitúe tres décimas por debajo del 1 por 100, dando un considerable paso atrás respecto de lo ya conseguido, y alejándose más de dos puntos del nivel de exigencia razonable para contener los desequilibrios y aportar desde la política presupuestaria nuevos impulsos al crecimiento del PIB y del empleo.

Los ingresos por impuestos y cotizaciones sociales durante el año 2007 seguirán la tendencia alcista de los últimos ejercicios, como consecuencia de la estructura fiscal generada por las reformas fiscales de las pasadas legislaturas, que han mejorado sustancialmente la elasticidad-renta de los tributos, y, además, se beneficiarán de la fortaleza de las importaciones y del efecto, menos deseable, de la persistente inflación sobre las bases tributarias. Todo ello conduce a un aumento adicional de la presión fiscal –violentando la promesa solemne del presidente del Gobierno en el discurso de investidura– sin que puedan evitarlo las reformas tributarias que se han emprendido. En realidad, las recientes modificaciones tributarias introducidas en el Impuesto de Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas son tímidas y ambiguas, dado que a la bajada de tipos se contrapone la eliminación de algunas deducciones y el endurecimiento de la tributación del ahorro a largo plazo. Cuando advertimos el exceso de recaudación tributaria imputable al aumento de los precios, y la falta de suficientes medidas compensadoras, hay que insistir, otra vez, en que la inflación es un impuesto añadido, y el más injusto de todos, porque carga con mayor rigor sobre las rentas bajas.

Hay que tener en cuenta que la verdadera contribución del Presupuesto a la estabilidad a largo plazo de la economía se consigue más por la rigurosa gestión del gasto que por los mayores ingresos. No se trata de ingresar más sino de gastar menos y, sobre todo, mejor. Cuando se relaja la exigencia en el superávit, como viene ocurriendo en los Presupuestos de estos años, el incremento de los ingresos puede servir para justificar excesos e ineficiencias en los gastos.

Así mismo, en los Presupuestos de 2007 llama la atención el excesivo incremento del uso de los activos financieros (Capítulo VIII). Crecen un 25,2% respecto a 2006, una cifra muy elevada, sobre todo si se tiene en cuenta que en los Presupuestos del 2006 aumentaron un 24,4% y en los de 2005 un 19,1%. El peso de este Capítulo en el presupuesto total del Estado es cada vez mayor, supone ya el 6,4 por 100, mientras el Capítulo VI, Inversiones, una de las prioridades de este Presupuesto, representa el 5,3%. En otra de las políticas prioritarias de estos Presupuestos, I+d+i, el Capítulo VIII supone 48,1% del total asignado a esta política mientras que la inversión real supone el 5,6% y las transferencias de capital el 32,9%. Parece que el recurso al Capítulo VIII es cada vez más apreciado por los actuales responsables del Presupuesto. No está de más recordar que los socialistas, cuando estaban en la oposición, criticaban constantemente este Capítulo VIII, denunciando que estos activos financieros eran un subterfugio para camuflar déficit público.

Pero con este uso del Capítulo VIII lo que se pretende es impulsar la inversión pública canalizada por entes y empresas públicas, en una práctica que se calificó de altamente arriesgada a comienzo de la legislatura. La consecuencia es que desde el año 2003 la deuda pública ha crecido 19.000 millones de euros. Pocas veces los hechos desautorizan de forma tan contundente las críticas que el PSOE hizo cuando comenzaba a ejercer el gobierno.

En la actual situación política de revisión de Estatutos de Autonomía y con la preocupación de todos por asegurar un nivel suficiente de inversión pública en su territorio, se ha reforzado el interés por la financiación regional. Actualmente, están vigentes el sistema que establece la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y el del nuevo Estatuto de Cataluña, que de hecho son incompatibles. Esta contradicción no se aborda en los Presupuestos, reservándose la solución final a la próxima legislatura. Lo que sí hacen los Presupuestos es tratar de cumplir la obligación de que el Estado invierta en Cataluña de acuerdo con la aportación de ésta al PIB nacional, con cifras que están siendo objeto de clara discusión. Mientras otros Estatutos, como el de Andalucía, plantean que esa inversión estatal se haga en función de la población. Hemos entrado en una selva de compromisos bilaterales y de agravios comparativos, a costa de mayores aportaciones del Estado, con la consiguiente dificultad para el cumplimiento de la política general de inversiones que cubre las necesidades comunes del conjunto de España. A este respecto, es llamativo, por ejemplo, que, a pesar de los problemas de sequía y abastecimiento de agua que hay en nuestro país, el presupuesto para infraestructuras hidráulicas, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Estado+entes+sociedades haya descendido en el proyecto de 2007 respecto al del 2006.

En resumen, los Presupuestos Generales del Estado para 2007 no dan respuesta a los desequilibrios que están escorando nuestra economía, y, por lo tanto, no ayudan a prolongar el ciclo de crecimiento que estamos viviendo desde hace once años. El crecimiento del gasto es excesivo y el objetivo del superávit es muy bajo. Llevamos tres años acumulando recortes injustificados en el objetivo presupuestario y, a estas alturas, en lugar del 0,7 del PIB que proponen los Presupuestos, el superávit del 2007 debería aspirar a superar el 3 por 100 del PIB. De esta manera, los Presupuestos expresarían la voluntad del Gobierno de contener los desequilibrios que sufre la economía española y contribuirían a elevar la confianza de las empresas y de las familias ante los desafíos económicos y sociales que ya están llamando a la puerta.

Una apuesta por la estabilidad económica en los Presupuestos para el 2007 habría tenido un significado político muy relevante en el momento que estamos atravesando. Habría sido una clara muestra de que el Gobierno no estaba dispuesto a renunciar a una política económica común para el conjunto de la economía española, sobre todo teniendo en cuenta que la estabilidad económica ha transformado completamente las estructuras de la economía y del empleo y está procurado un periodo largo de prosperidad a los ciudadanos y territorios de España.