El temporal americano no amaina. Y en estas circunstancias, incluso los más acérrimos partidarios del libre mercado alzan su mirada hacia el sector público, en demanda de una actuación que reconduzca la situación. No seré yo quien, si es necesario, la cuestione. Pero hoy, a la luz de lo que sucede en EEUU, ¿es necesario que nuestro sector público articule un programa especial? Más concretamente: las actuaciones que se han ejecutado hasta el pasado martes, ¿serán suficientes para evitar la desaceleración de la economía en curso?
Dos características definen el gasto público comprometido antes de las elecciones o que se ha prometido durante la campaña. Ante ello, hay que advertir, previamente, que la situación del país ni es crítica ni parece que lo vaya a ser los próximos trimestres. Y acto seguido, constatar que esas medidas de ayuda a las familias, en el contexto en que se toman, concentran su esfuerzo en aliviar la situación de los hogares con mayores dificultades. Son las ayudas por natalidad, las destinadas al alquiler, los 400 euros de devolución fiscal, el alza del salario mínimo y de las pensiones más bajas, o las ayudas para familias con dificultades en el pago de su hipoteca.
Comparto las medidas que se han tomado, porque lo deseable, ahora, es que haya un reajuste de los motores de la actividad en España, desde el consumo y la construcción hacia las exportaciones y la inversión. Cuestión distinta es que, al calor de las elecciones, se haya deteriorado la confianza, que debería recuperar otros valores más acordes con la situación actual.
Hay que tener presente, también, que la economía española depende, en gran medida, de lo que suceda en el área del euro. Y hasta ahora, la situación europea es sólida. Así lo indican los beneficios empresariales, la notable inversión en bienes de producción, la tasa de paro más baja de los últimos 25 años, el crecimiento del empleo, la pujanza de las exportaciones o la elevada utilización de la capacidad productiva. Además, comprobar que el crédito a las empresas no financieras de la Europa más desarrollada aumenta el 14%, desmiente que la crisis de liquidez tenga consecuencias preocupantes para la economía real. Las recientes declaraciones de empresarios alemanes que minimizan el impacto negativo de la fortaleza del euro para sus exportaciones confirman la buena situación de su economía. Lo corrobora que en enero siguió la recuperación de la producción industrial en España, Francia e Italia, y sobre todo en Alemania, donde mejoran los índices de confianza empresarial y de las propuestas sindicales en materia salarial.
Por su parte, España tiene problemas propios, vinculados al aterrizaje de un sector inmobiliario que nunca debió crecer como lo hizo. El ajuste actual es necesario y conveniente. Y no es de recibo que se denuncie un modelo de crecimiento que se ha basado en el exceso en la construcción y el consumo cuando se inicia la corrección de precios, que seguirá.
¿Alguien pensaba seriamente que los próximos años íbamos a continuar iniciando, como en el 2006, cerca de 800.000 viviendas? ¿Alguien creía que con unos precios desbocados y una oferta claramente excedentaria desde 2005, la demanda inmobiliaria podría absorber toda la producción? Desde el punto de vista de los intereses a medio y largo plazo de nuestra economía, cuanto antes terminara esa distorsión en la asignación de recursos, mejor. Por ello, no deberíamos evitar, más que parcialmente, el proceso de reajuste de nuestra economía. Sus objetivos han de ser: la corrección del déficit exterior, la reducción del diferencial de inflación respecto a los países del euro, y que el sector inmobiliario regrese al modelo de oferta sostenible. Este esquema habrá que replantearlo en cuanto se vea si los problemas financieros en EEUU acaban desembocando en una recesión de mayor calado, que contagien intensamente la economía europea. De momento, no es así.
En el contexto de desaceleración en que estamos inmersos, las medidas tomadas por el Gobierno parecen las adecuadas, porque no estamos frente a una crisis profunda. La situación que vivimos remite, por comparación, más a la frenada en el crecimiento que tuvimos en 2001-2003 que a la recesión de 1993-1994. Entonces el déficit público alcanzó el 7% del PIB, la destrucción de empleo superó los 800.000 puestos de trabajo (sobre 13 millones de ocupados) y la tasa de paro superó el 24%, al tiempo que la deuda pública superaba el 75%. Hoy la situación es radicalmente distinta. Ni hay, ni se espera, destrucción de empleo --la tasa de paro se encuentra en los parámetros más bajos de los últimos 30 años (con una ocupación de más de 20 millones)-- tenemos un superávit por encima del 1,5% del PIB y una deuda pública que no alcanza el 35%, una de las más bajas de los países avanzados.
La situación internacional puede agravarse en los próximos meses. El Gobierno tiene capacidad para articular una intervención importante, con positivos efectos sobre la actividad, la demanda interna y el empleo. Y si es necesario, habrá que hacerlo. Pero hoy no estamos en esta situación. Nuestra particular fiesta del euro, con su impulso al endeudamiento familiar, finalmente terminó. Y, aunque la tempestad exterior no amaine, conviene no perder de vista los problemas de fondo y cual es el rumbo deseable.
Josep Oliver, catedrático de Economía Aplicada de la UAB.