Durante la crisis que estamos viviendo, la política fiscal debe jugar un papel protagonista en las diferentes fases por las que tiene que pasar nuestra economía para salir de esta recesión fortalecida. Como bien apuntaba el profesor Costas hace poco (EL PAÍS, suplemento Negocios del 25 de octubre), la primera fase es la del rescate, en la que los sectores con implicaciones sistémicas han recibido abundantes ayudas públicas (por ejemplo, el sector financiero o el automovilístico).
La segunda fase es la de la recuperación, durante la cual la inversión y el consumo públicos sustituyen a la inversión y al consumo privados, para sostener la demanda agregada de la que depende la supervivencia de nuestra economía de mercado.
Y la tercera fase es la de la reconversión industrial y financiera, que será mucho más rápida si se acompaña de una reforma de las instituciones y de incentivos. Sólo si esta fase tiene éxito, será posible al final del proceso reequilibrar las cuentas públicas y reducir la deuda gigantesca que se habrá acumulado en las etapas anteriores.
Los presupuestos que ha presentado el Gobierno para 2010 se caracterizan por ser unos presupuestos que combinan elementos de las fases de recuperación y de reconversión. De ahí el palabro que da título a este artículo: son unos presupuestos para la recu-versión, con algo más de énfasis en los elementos pasivos propios de la fase de la recuperación que en los elementos productivos que deben caracterizar a la fase de la reconversión.
Según el proyecto de presupuestos, la mayor parte del gasto público se lo llevará el gasto social (con un aumento del 3,8%, centrado en los subsidios de desempleo, la dependencia y las pensiones), pero los recortes en gastos corrientes permitirán incrementar las inversiones en educación (al 3,4%) y mantener congeladas las de I+D+i e infraestructuras.
El Gobierno ha recibido muchas críticas a la escasez de elementos productivos en este presupuesto, pero creo que aumentar el presupuesto total para I+D+i un +0,3% cuando la economía está cayendo al -4%, merece una valoración algo más positiva. Además, los tipos impositivos para las pymes que mantengan el empleo bajarán del 25% al 20%; se terminará con la deducción por compra de vivienda que alimentó la burbuja inmobiliaria; se mantendrán los estímulos al Plan E con 5.000 millones de euros, y la Ley de Economía Sostenible que entrará en vigor durante el próximo ejercicio movilizará 20.000 millones de euros para contribuir al cambio de nuestro patrón de crecimiento.
El Gobierno también ha sido criticado por subir los impuestos para mantener el déficit controlado, bajo el argumento de que aún nos encontramos en las primeras fases de la recuperación y eso podría dañar el necesario aumento del consumo de las familias. Pero también ha sido criticado por todo lo contrario, ya que se le ha pedido que este presupuesto tuviera más elementos para favorecer el cambio de modelo y menos para sostener la debacle, aunque fuera a costa de aumentar más el déficit público.
Estas dos críticas un tanto contradictorias tienen que ver con la batalla política cotidiana, pero también con las dificultades para saber en cuál de las fases descritas al principio nos encontramos. En mi opinión, nos encontramos transitando de una a otra y, por lo tanto, estos presupuestos son acertados, por contener elementos sostenedores de la actividad y de la demanda, y también algunas medidas para dinamizar la oferta y ayudar a la reconversión necesaria. Por supuesto, la economía no se planifica anualmente, como sí ocurre con los presupuestos, y por tanto estos presupuestos evolucionarán aún más durante su ejecución: lo ideal sería que la política fiscal fuera incorporando nueva financiación para las políticas transformadoras, a medida que dejen de ser necesarios los apuntalamientos sociales señalados.
En definitiva, estos presupuestos son los adecuados, pero han sido mal entendidos debido a que mezclan elementos pasivos y activos, combinados con retoques impositivos para que el reequilibrio presupuestario futuro no sea imposible. Esto les ha dado un carácter híbrido que ha afeado su presentación y ha dificultado su explicación. Ante esta dificultad, creo que habría sido mucho mejor que la Ley de Economía Sostenible hubiera sido presentada antes que los mismos presupuestos. Esto habría permitido vincularlos con una lógica mucho más comprensible para los ciudadanos: la lógica del objetivo (la nueva economía sostenible) a la que se acomoda un instrumento (un presupuesto para la recu-versión) en 2010.
Aún no es demasiado tarde para explicar esta conexión. Sólo debemos ponernos manos a la obra: una nueva ronda de explicaciones vinculada a la presentación a finales de noviembre de la Ley de Economía Sostenible quizá ayude a muchos ciudadanos y creadores de opinión a juzgar los presupuestos con mayor objetividad, dado lo complejo de la situación actual. A partir de ahí, que pasemos de la fase de recuperación a la de la reconversión, y de ahí al crecimiento definitivo, depende del esfuerzo de todos.
Carlos Mulas-Granados, profesor titular de Economía Aplicada en la UCM y director de la Fundación IDEAS.