Presupuestos que agravan nuestra deuda

Asoman en la economía internacional los primeros indicios de que el devastador impacto de la crisis podría estar amortiguándose. En este escenario, nos enfrentamos ahora al reto de aprovechar la progresiva recuperación del crédito en los mercados financieros y a la fortaleza también de algunos países emergentes. Ahora ya no basta con apagar los fuegos que ha generado la crisis, sino que, además, hay que tomar las decisiones de política económica oportunas que permitan impulsar la actividad y el empleo, y situarnos en la mejor posición para la salida.

En España todavía existen múltiples interrogantes ante la debilidad de los primeros síntomas de final de la crisis, apoyados en elementos como el fuerte impulso del gasto público y tímidos avances en la cartera de pedidos, posiblemente derivados de la reconstrucción de inventarios, sobre los que no puede descansar el crecimiento a largo plazo de nuestra economía.

En este contexto, los Presupuestos presentados ante el Parlamento desaprovechan nuevamente la oportunidad de recuperar la sostenibilidad de las cuentas públicas y de acometer reformas que sienten las bases de la recuperación económica. Partimos de una situación extraordinariamente adversa; un presupuesto actualmente en ejecución totalmente superado por la expansión descontrolada del gasto y la brusca pérdida de recaudación, a las que estos presupuestos pretenden dar continuidad.

En el nuevo Presupuesto ahora a debate se propone, por una parte, un nuevo impulso al crecimiento del gasto corriente, cuando existe un consenso muy generalizado de que sólo tienen éxito los ejercicios de consolidación fiscal basados en un recorte de partidas de gasto. Por otra, las estimaciones sobre los ingresos son poco creíbles. Salvo que se tomen medidas oportunas de política económica, todo apunta a que podrían repetirse las fuertes desviaciones -en torno al 30%- entre los ingresos presupuestados frente a los finalmente recaudados que se esperan para 2009. Pero es que, además, se agravan las perspectivas de recaudación con anuncios y decisiones confusas sobre modificaciones al alza de las principales figuras tributarias, que desincentivan la actividad económica y fomentan la deslocalización geográfica de las bases imponibles.

No se aborda, por tanto, la decisión de lanzar una señal firme y creíble a los mercados de un programa eficaz de consolidación fiscal. En una economía fuertemente endeudada, como es el caso de la española, y en un contexto de tensiones en los mercados financieros, el importante incremento de la necesidad de financiación del sector público afectará, con toda probabilidad, a las decisiones de ahorro e inversión de los diferentes agentes, y en particular de los extranjeros.

Hasta el comienzo de la crisis en 2007, las buenas expectativas de crecimiento económico y las facilidades de crédito habían permitido un fuerte proceso inversor del sector privado, que descansaba en gran medida en el ahorro externo, unos 100.000 millones de euros, alrededor de un 10% del PIB. Este recurso al ahorro externo fue posible, entre otros argumentos, gracias a la confianza generada desde mediados de los 90 y hasta los primeros años de la actual década, por un ambicioso programa de austeridad en el gasto, con crecimientos por debajo de la evolución del PIB nominal. Los éxitos aparentes en el saneamiento presupuestario continuaron en los ejercicios posteriores, fundamentalmente porque, a pesar de que comenzaban a tomarse decisiones de gasto corriente que lo hacían evolucionar por encima del PIB nominal, se ha producido en estos últimos años un fuerte repunte de los ingresos fiscales.

Ahora, en cambio, de una situación que debía de haber sido cómoda, de superávit del sector público por un importe superior al 2% del PIB en 2007, hemos pasado bruscamente a una necesidad de financiación que este año con toda probabilidad superará el 10% del PIB. Ante este vuelco en la posición financiera del sector público provocado, a mi juicio, por decisiones incorrectas de política económica, los Presupuestos para 2010 debían haber sido la ocasión para haber tomado decisiones valientes de consolidación fiscal y de reformas estructurales, dando una señal de confianza a los mercados. Y ello por varios motivos.

Primero, si verdaderamente se confía en la progresiva recuperación económica, la ausencia de disciplina en las cuentas públicas impedirá, en nuestro país, la necesaria sustitución de la demanda pública por la iniciativa privada. Las familias, sin embargo, sí están haciendo un importante esfuerzo para ajustar su situación financiera. Según datos de contabilidad nacional, su tasa de ahorro se encuentra en máximos, habiendo alcanzado más del 24% de la renta disponible en el segundo trimestre de 2009. El cambio en el flujo de ahorro e inversión, en este caso, es muy relevante. Las familias han pasado de requerir financiación por encima de un 1,5% del PIB en 2007 a proporcionar ahorro por casi el 1% del PIB durante el primer trimestre de 2009.

Las empresas no financieras, por su parte, en el mismo período, han reducido su demanda de fondos del 12% del PIB a cifras inferiores al 6% del PIB. Probablemente no había otra alternativa. La fuerte incertidumbre ha incentivado el repunte del ahorro de las familias y un output gap del 8% del PIB, uno de los más elevados de la OCDE, muestra del elevado grado de capacidad ociosa, resultado de la fuerte pérdida de actividad. Como en el resto de los países, en un momento inicial y ante el fuerte impacto de la crisis, el sector público ha suplido en parte la debilidad de la demanda privada. Sin embargo, iniciada la recuperación internacional, urge dar señales para generar confianza e impulsar la iniciativa privada, y a este objetivo no ayuda un presupuesto en donde los gastos suponen ya el doble de los ingresos previstos.

Segundo, la virulencia de la crisis financiera y su efecto negativo sobre el coste y el acceso a la financiación, recomienda plantear una estrategia de austeridad en la política de gasto de las administraciones públicas, evitando posibles tensiones en la financiación de la deuda pública que puedan derivar en repuntes de tipos de interés. Como resultado de la crisis financiera, por ejemplo, nuestras entidades de crédito han visto disminuidas sus oportunidades de acceso a mercados financieros internacionales, donde a principios de 2007 nuestras entidades eran de las más activas emisoras europeas de titulizaciones.

De manera temporal, las entidades de crédito han resuelto los posibles problemas de acceso a la financiación gracias a medidas de política monetaria no convencionales del Banco Central Europeo, de inyección de liquidez. Las medidas extraordinarias deberán desactivarse progresivamente y, por lo tanto, la situación financiera de las entidades quedará expuesta a posibles riesgos como el incremento de los tipos de interés, a medida que se produzca la recuperación de los principales países de la zona euro, y la pérdida de valor todavía previsible de los activos vinculados al sector inmobiliario. Ante esta situación, es importante que el Gobierno vuelva a valorar los importantes beneficios que la consolidación fiscal ha tenido en términos de rebaja del coste de la financiación. No ayuda a este proceso la política de endeudamiento, que por la situación de los mercados financieros ha estado sesgada hacia la emisión de títulos a corto plazo. Además, la buena evolución del diferencial de la deuda española frente a la alemana, resultado lógico de la favorable posición de partida de las cuentas del sector público español y de la abundancia de emisiones públicas que han inundado los mercados, podría tocar su fin, en cuanto éstos perciban la debilidad en el programa de consolidación fiscal del Gobierno.

Por último, se ha desaprovechado la oportunidad de proponer una combinación de gastos y de ingresos creíble, que impulse la actividad económica y la iniciativa emprendedora de los agentes. Sobre este particular, por el lado del gasto, se produce un importante incremento de los gastos financieros (superior al 33%), resultado de la escalada en el endeudamiento del sector público, y se evita tomar decisiones de racionalizar partidas ya comprometidas, como el gasto en pensiones, en sanidad o los gastos corrientes, que todas las familias y empresas están ajustando drásticamente, o las transferencias corrientes a corporaciones locales, comunidades autónomas o múltiples organismos de dudosa eficacia. Los ajustes se han propuesto en los capítulos de inversiones reales, transferencias de capital y de activos financieros, que se han traducido en una disminución en recursos disponibles para las políticas de I+D+i y de infraestructuras, y que tendrán efectos negativos sobre la iniciativa privada.

Este reparto en el recorte del gasto muestra el escaso compromiso existente con la austeridad presupuestaria y la consolidación fiscal, que exigen conocer y analizar todas las partidas del Presupuesto, por pequeñas que sean, y controlar su evolución. Y también es señal de la nula capacidad de introducir reformas estructurales, que permitan la racionalización del gasto y el apoyo al empleo. Muchas iniciativas de estos meses de crisis o introducidas en este proyecto de Presupuestos incrementan los pasivos contingentes, a través de avales a determinados sectores en crisis y a algunas administraciones, y no abordan una solución para desatascar la parálisis en la que se encuentra el mercado de trabajo. Sin nuevas vías para agilizar la contratación de los colectivos más afectados por la crisis las políticas del Gobierno están seriamente limitadas.

Por el lado de los ingresos, las subidas de determinados impuestos previstas en este Presupuesto podrían activarse antes de que la demanda interna haya retomado la senda de crecimiento teniendo, por tanto, un impacto negativo en la recaudación.

En definitiva, en un momento en el que se detectan en la economía internacional los primeros síntomas de recuperación, urge tomar decisiones presupuestarias valientes. Sin embargo, en España el proyecto de Presupuestos para 2010 nuevamente desaprovecha esta oportunidad y puede contribuir a que la economía española afronte el año próximo en el peor de los escenarios: tardía salida de la crisis, atonía en el crecimiento económico pero, sobre todo, falta de competitividad y desequilibrios crecientes que, por desgracia, seguirán ajustándose a costa del empleo.

Ricardo Martínez Rico, presidente de Equipo Económico y ex secretario de Estado de Presupuestos.