La reciente revelación de que una aplicación recolectó más de 50 millones de perfiles de Facebook y se los entregó a la consultora política Cambridge Analytica provocó una oleada de rechazo a la plataforma. Pero es sólo el último ejemplo de los riesgos asociados con Internet, núcleo de la moderna revolución digital.
La mayoría de las innovaciones digitales que redefinieron la economía mundial en los últimos 25 años dependen de la conectividad de redes, que transformó el comercio, la comunicación, la educación/capacitación, las cadenas de suministro, etcétera. La conectividad también permite el acceso a inmensas cantidades de información, incluida la que sirve de base a los algoritmos de aprendizaje automático, elemento esencial de la inteligencia artificial moderna.
Esta tendencia se reforzó en los últimos quince años (más o menos) gracias a Internet móvil, que aumentó rápidamente no sólo la cantidad de personas conectadas a Internet (y por tanto, posibilitadas de participar en la economía digital), sino también la frecuencia y facilidad de sus conexiones. La conectividad portátil (navegación con GPS, plataformas de uso compartido de vehículos, sistemas de pago móvil, etc.) transformó las vidas y economías de las personas.
Se creyó por mucho tiempo que una Internet abierta (con protocolos estandarizados pero pocas regulaciones) sería el mejor aliado de los intereses de los usuarios, las comunidades, los países y la economía global. Pero han surgido riesgos importantes, entre ellos: el poder monopólico de megaplataformas como Facebook y Google; la vulnerabilidad a ataques contra infraestructuras críticas, incluidos los sistemas financieros y los procesos electorales; y amenazas a la privacidad y la seguridad de los datos y de la propiedad intelectual. También subsisten dudas fundamentales sobre el impacto de Internet en las lealtades políticas, la cohesión social, la conciencia y participación de la ciudadanía y el desarrollo de la infancia.
Conforme se profundiza la penetración de Internet y las tecnologías digitales en las economías y sociedades, la vulnerabilidad y el riesgo se vuelven cada vez mayores. Y hasta ahora, la respuesta predominante de Occidente (que las empresas que proveen los servicios y poseen los datos se autorregulen) no parece estar funcionando. No se puede esperar, por ejemplo, que las grandes plataformas eliminen contenidos “cuestionables” sin las directrices de autoridades reguladoras o tribunales.
Parece entonces que estamos ante una nueva transición, de la Internet abierta del pasado a otra sujeta a un control más amplio. Pero este proceso conlleva sus propios riesgos.
Aunque en esto sería muy deseable la cooperación internacional, no parece probable que vaya a darse en el clima actual de proteccionismo y unilateralismo. Ni siquiera está claro que los países acepten firmar tratados contra la ciberguerra. E incluso si se lograra algo parecido a esa cooperación, seguirá habiendo falta de colaboración (o cosas peores) de actores no estatales.
En este contexto, parece probable que las nuevas regulaciones serán en gran medida iniciativas individuales de diversos estados, que tendrán que responder preguntas difíciles. ¿De quién es la responsabilidad (moral y jurídica) por la seguridad de los datos? ¿Debe el Estado tener acceso a datos de los usuarios, y con qué fines? ¿Se permitirá a los usuarios mantener el anonimato en Internet?
Cada país dará a esas preguntas respuestas muy diferentes, debido a diferencias fundamentales en los valores, principios y estructuras de gobernanza. Por ejemplo, en China las autoridades filtran contenidos que se consideran incompatibles con los intereses del Estado; en Occidente, en cambio, no hay entidades con autoridad legítima para hacer lo mismo, excepto en casos extremos (como el discurso de odio y la pornografía infantil). Incluso en áreas donde parece haber cierto consenso (por ejemplo, en que la desinformación o la interferencia extranjera en procesos electorales son inaceptables) no hay acuerdo en relación con cuál sería el remedio adecuado.
La falta de consenso o cooperación puede llevar a la aparición de fronteras digitales nacionales, que no sólo inhibirán los flujos de datos e información, sino que también afectarán el comercio, las cadenas de suministro y las inversiones internacionales. La mayoría de las plataformas tecnológicas estadounidenses ya tienen vedado operar en China, porque no pueden o no quieren aceptar las reglas de las autoridades respecto del acceso estatal a los datos y el control del contenido.
Al mismo tiempo, Estados Unidos tomó medidas para impedir que la empresa china Huawei invierta en startups de software, provea equipamiento de redes a empresas de telefonía móvil y (junto con ZTE) venda teléfonos portátiles en el mercado estadounidense; esto se debe a los presuntos vínculos de la empresa con el gobierno chino. Huawei y ZTE aseguran que sus actividades son puramente comerciales, y que respetan las normas de los países donde operan, pero los funcionarios estadounidenses insisten en que estas empresas suponen un riesgo para la seguridad.
En cambio, ambas empresas son aceptadas en casi todos los países europeos (incluido el Reino Unido), donde son actores importantes. Pero Europa está creando barreras propias, con nuevas reglas de protección de datos y privacidad que incluso pueden impedir el uso del aprendizaje automático (a diferencia de China y Estados Unidos, en Europa todavía no hay una megaplataforma como las que llevan la delantera en innovaciones basadas en esta técnica).
Como toda la economía global está cada vez más vinculada a Internet y a las tecnologías digitales, es más importante que nunca contar con una regulación más sólida. Pero si esa regulación resultara fragmentaria, torpe, excesiva o incoherente, las consecuencias para la integración económica (y para la prosperidad) podrían ser graves.
Antes de que el mundo adopte soluciones ineficaces o contraproducentes, hay que pensar cuidadosamente el mejor modo de definir las regulaciones. Si no podemos ponernos de acuerdo en cada detalle, tal vez podamos, al menos, identificar un conjunto de principios compartidos, aptos para servir de base a acuerdos multilaterales que proscriban actividades destructivas, como el abuso de datos, y ayuden así a preservar una economía mundial abierta.
Michael Spence, a Nobel laureate in economics, is Professor of Economics at NYU’s Stern School of Business, Distinguished Visiting Fellow at the Council on Foreign Relations, Senior Fellow at the Hoover Institution at Stanford University, Advisory Board Co-Chair of the Asia Global Institute in Hong Kong, and Chair of the World Economic Forum Global Agenda Council on New Growth Models. Traducción: Esteban Flamini.