Prim y la nación española

Desde 2012, la Sociedad Conmemorativa del Bicentenario del General Prim viene celebrando una serie de actos en recuerdo de quien, nacido en Reus en 1814, fue una de nuestras personalidades de mayor fuerza histórica, por su relevante perfil en el atormentado contexto del siglo XIX español. Debiendo destacarse que desde la revolución de septiembre de 1868, Prim alcanzó el carácter de gran estadista, dentro de un gobierno provisional centrado en su figura; en el cual Laureano Figuerola promovió la reforma monetaria que dio luz a la peseta en el marco de la Unión Monetaria Latina. Y ya como presidente del Ejecutivo promovió, también con Figuerola, la reforma arancelaria de 1869, mucho más racional y menos proteccionista de lo que tantas veces se dijo. Pero, sobre todo, el general culminó su senda política al devolver a España lo mejor de la Constitución de 1812 en la del 69: recuperación de la soberanía nacional, fuente de todos los poderes y sufragio universal.

¿Y qué podría decirse de Prim de cara a la España actual? Seguramente lo mismo que mantuvo durante toda su vida: la estimación de que la Nación española puede salir adelante. De manera que, por mucho que se cite aquel discurso de 1851 en las Cortes, el conde de Reus y marqués de los Castillejos, como hombre de armas, protagonista internacional y destacado estadista, siempre fue un gran catalán y un gran español al mismo tiempo. Y en esa dirección, creo que en ningún momento habría apoyado el soberanismo fraccionario que hoy protagonizan algunos, y que resulta inviable por lo que a continuación me permito exponer.

El pacto reconstituyente de nuestra democracia y soberanía nacional quedó expresado en la Carta Magna de 1978. En la que se configura un cuerpo político, España, único e indivisible. Y precisamente por ello, el mal llamado «derecho a decidir» no puede ser planteado, pues es diametralmente opuesto a ese pacto que no tiene fecha de caducidad.

La posibilidad de separarse del resto de la Nación española, sólo resultaría factible con una previa reforma de la Constitución. A través del mecanismo establecido en ella misma, en sus artículos 167 a 169. Lo que exigiría el respaldo de dos tercios de los escaños del Congreso y el Senado, y la ulterior disolución del gobierno proponente de la reforma; a lo que seguirían unas elecciones generales, para volver a plantear el tema por el Ejecutivo de ellas emanado; que habría de lograr, otra vez, la mayoría los referidos dos tercios, siendo preciso a la postre un referéndum nacional. En otras palabras, algo tan sencillo como el consenso de 1978, no es posible cambiarlo sino por un nuevo consenso.

Crear de la nada un «derecho a decidir» sería, por tanto, como volver a la situación de las tribus ibéricas, que en su mayor parte dejaron de existir hace más de dos mil años, en la Hispania romanizada. Por entonces, los ausetanos y laietanos, por poner un ejemplo, tal vez podrían enfrentarse entre sí, o hacer la guerra a ilergetes y jacetanos, o incluso pasarse al nomadismo. Pero esas peripecias tribales pertenecen enteramente al pasado: desde 1512 existe un verdadero Estado español, cuyos ciudadanos actuales tienen su marco de referencia indiscutible en la Constitución.

Naturalmente, las comparaciones con el exterior, son inevitables, y por eso se buscan precedentes de «soberanismos legales» en nuestro tiempo. Conviniendo citar al respecto la conocida sentencia del Tribunal Supremo de Canadá, que después de varios referendos independentistas en la provincia de Quebec, llegó a la conclusión de que tales consultas populares no sirven para nada: es el pueblo en su conjunto, de costa a costa – AMariusqueadMare, como se dice en el escudo de armas canadiense–, el único que puede decidir. En analogía, es de esperar que el Tribunal Constitucional español resuelva en la misma dirección sobre la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña.

Por otro lado, en la primera de las constituciones de la historia política del mundo, la de EE.UU., de 1787, no se incluyó ningún derecho de secesión. De modo que al enarbolar la bandera de la Confederación siete estados del Sur, en 1861, el presidente Lincoln no vaciló en plantear la reconstrucción de la unidad nacional, recurriendo al legítimo uso de las armas, en su calidad de comandante supremo.

En una reciente velada en Reus –que además de patria chica del general Prim es también la del arquitecto Gaudí, del pintor Fortuny y del economista Román Perpiñá Grau–, terminé mi intervención sobre temas como los que aquí nos han ocupado, con unas breves palabras sobre la necesaria cohesión de la Nación española. En busca de mayores posibilidades creativas, y de un puesto relevante dentro de la Unión Europea que también necesita de nuevos apoyos. Siendo necesario igualmente un esfuerzo nacional para recrecer el acervo de nuestro capital humano, y un gobierno decente y transparente que desde la mayoría haga efectivo el respeto de los derechos de las minorías. Para, todos juntos, superar una crisis que además de económica es política, de instituciones, de valores y de conocimiento de nuestra propia historia.

Ramón Tamames, de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

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