Si no deja de caer el número de nacimientos, los españoles nos acabaríamos extinguiendo, y hasta llegar a eso, los que quedasen vivirían en una sociedad muy envejecida, decadente, con mucha soledad y más pasado que futuro. Si no se gestiona la inmigración extranjera en beneficio, a la vez, de foráneos y autóctonos, sufriremos costosas, dolorosas y crecientes fracturas sociales. Además, y en tercer lugar de importancia para el conjunto de España, aunque ahora sea el más acuciante de los tres para los directamente afectados, afrontamos el problema de la España que "se vacía" por combinarse en ella una natalidad especialmente baja -la mayor causa de despoblamiento a nivel provincial- y emigración a lugares con más oportunidades económicas, mejores servicios básicos y/o más vida social.
El primero de estos retos, revertir el (muy) insuficiente número de hijos por mujer, es, a la larga, un reto existencial, de los de ser o no ser: con menos niños cada año, una sociedad tiende a perder población y a envejecer más y más por falta de savia joven. A término, desaparecería. España está en esa senda, la del suicidio demográfico, con más muertes que nacimientos, y una población que tiende a ser de las más avejentadas del mundo, al sumarse una esperanza de vida muy alta a una fecundidad muy baja.
En 1976, en una España con un 23% menos de población que ahora, nacieron casi 677.000 niños. Por el posterior desplome de nuestra fecundidad, que llegó a ser la menor del mundo y sigue siendo de las más bajas, en 2018 sólo nacieron aquí 367.000 bebés (un 46% menos que en 1976). De ellos, a falta de datos definitivos, estimamos que apenas de 270.000 a 275.000 fueron hijos de una mujer nacida en España (un 60% menos que hace 42 años, con una caída superior al 70% en el País Vasco y Asturias). En 1976 se necesitaron en España 378.000 cunas más que ataúdes / urnas funerarias. En 2018, en contraste, las defunciones superaron a los nacimientos en más de 56.000. Y entre los españoles autóctonos, sin contar bebés de inmigrantes ni fallecimientos de extranjeros de origen, a falta de datos definitivos, estimamos que hubo unas 130.000 muertes más que nacimientos. En las provincias de Orense y Zamora, las muertes fueron más del triple que los nacimientos, y en otras como Lugo, León, Asturias, Soria, Palencia o Ávila, más del doble. En cuanto al envejecimiento social, si a comienzos de 1976, la mitad de los españoles tenía 30 años o menos, ahora, la mediana de edad, que divide en dos mitades iguales a la población, es 13 años superior, que son 15 para los españoles autóctonos, pues los inmigrantes son más jóvenes en media y tienen más hijos. La comunidad autónoma que más ha envejecido desde 1976 es la vasca. En ella se ha pasado de una edad mediana de 29 años -uno menos que en el resto de España- a casi 47 ahora -tres más que a nivel nacional-, que son 48 sin contar inmigrantes extranjeros y sus hijos, y 49 entre los vizcaínos sin raíces extranjeras.
Tan preocupante como las graves consecuencias de nuestro deterioro demográfico (entre otras, empobrecimiento económico, empobrecimiento afectivo y más soledad, democracia desnaturalizada por la hegemonía del voto jubilado, tendencia a la irrelevancia internacional de España y Europa por su menguante peso demográfico en el mundo; y más a la larga, el eventual riesgo de extinción) es que el aumento de la natalidad no sea un empeño primordial en la agenda pública española (y europea), de la clase política y la sociedad civil. Es una omisión sumamente irresponsable.
La inmigración extranjera es un tema muy complejo, que suscita gran controversia en todo Occidente, y de enorme impacto sociopolítico. Mal gestionada, puede ser fuente de problemas y fracturas sociales de envergadura. Y bien gestionada -lo que no es trivial de lograr en países con un Estado de bienestar muy generoso, que actúa como un poderoso imán para muchos más inmigrantes poco cualificados de los que precisa su mercado laboral-, puede ser muy valiosa como solución parcial al déficit de mano de obra estructural que genera la baja natalidad. Pero difícilmente puede ser toda la solución. En el mundo hay una oferta virtualmente ilimitada de personas poco cualificadas dispuestas a emigrar a Occidente, pero no de trabajadores cualificados. Y necesitamos de los dos tipos. Tampoco pueden solucionar los inmigrantes otros graves problemas sociales derivados de la baja natalidad, como el empobrecimiento afectivo y la soledad creciente por falta de parientes cercanos (hijos, nietos, hermanos, tíos, primos, etc.). Del extranjero se pueden importar mercancías y trabajadores, pero no parientes, más allá de algunas adopciones de niños (de las que cada vez hay menos, por cierto).
¿Se está gestionando bien la inmigración en España y Europa? En un asunto tan poliédrico, sería simplista responder en blanco o negro, con un sí o un no. Veamos algunos datos. Por tercer año consecutivo, en 2018, los europeos encuestados en el Eurobarómetro de la UE -1.000 por país miembro- señalaron a la inmigración como el mayor problema de Europa (el 40% de los encuestados lo consideraron así). El segundo problema más citado fue el terrorismo (20% de los encuestados), que está muy relacionado con el anterior en la Europa actual. Ya en España, según la última EPA disponible, tras cinco años largos de crecimiento económico, la tasa de paro de los inmigrantes aún era del 20% (y superior al 24% entre los no europeos), había 3 millones de extranjeros trabajando y 2,5 millones de españoles en paro. No parecen cifras en línea con el objetivo teórico de "que la inmigración sea la precisa para las necesidades del mercado laboral que no se puedan cubrir con españoles". Es cierto que algunos tipos de trabajos ya no los quieren realizar los españoles/europeos, pero hay muchos otros que desempeñan tanto europeos nativos como foráneos (en hostelería, comercio, construcción, transporte, limpieza, cuidados médicos, seguridad, etc.). En todo caso, se haya gestionado hasta ahora peor o mejor la inmigración, integrarla adecuadamente, y muy en especial a sus descendientes, es uno de los principales retos sociodemográficos de España. El 14% de la población actual de España nació en el extranjero, y en torno a otro 4% son hijos de inmigrantes, nacidos aquí. Más del 25% de los niños de hoy, la siguiente generación de españoles, tienen padres inmigrantes, y en torno al 8% -y creciendo- son hijos de musulmanes.
Acabamos con algunas pinceladas sobre la llamada España vacía. La primera es que nos muestra el futuro de toda España si no aumenta el número de hijos por mujer y/o viene mucha más inmigración foránea (pero es quimérico fiarlo todo a ésta, pues los lugares muy envejecidos, por su escaso dinamismo socioeconómico, atraen poca inmigración o casi ninguna): muchas casas vacías/abandonadas, cada vez menos gente, y un alto porcentaje de personas mayores y ancianas entre su menguante población. La segunda es que es una versión suavizada del futuro, porque la España "no vacía" sigue teniendo pujanza económica para generar y transferir la riqueza que permite dotar de servicios públicos básicos, infraestructuras y pensiones a las zonas poco pobladas. Si las ciudades también se despueblan y envejecen mucho -y ya está empezando a pasar en no pocas de ellas, como mi Avilés natal-, eso no será posible, por falta de riqueza que transferir. La tercera es que la baja natalidad es la mayor causa de vaciamiento y envejecimiento social de la España rural a nivel provincial. La emigración también ha contribuido, pero menos. Por eso, en Andalucía o en Murcia, históricamente con mucha emigración pero una fecundidad netamente superior a la de las provincias de la España vacía, no se aprecia aún ese problema de despoblación, aunque también les llegará pronto si su fecundidad no aumenta.
Lamentablemente, España lleva décadas de perfil ante su bajísima fecundidad y su reto migratorio. Y sin más nacimientos, el problema de la extensísima España vacía tampoco se resolverá. En pocos asuntos como la natalidad y la gestión de la inmigración nos jugamos de una manera tan evidente y radical nuestro futuro. ¿Lograremos estar a la altura de estos retos?
Alejandro Macarrón es ingeniero y consultor empresarial y director de la Fundación Renacimiento Demográfico.