Prisas por salir

En plena campaña electoral, la canciller federal, Angela Merkel, se ha visto forzada a poner plazo de caducidad al compromiso militar en Afganistán que cifra en cinco años. Conocidas estas declaraciones, a la ministra de Defensa, Carmen Chacón, le faltó tiempo para subirse al tren haciendo suyo ese mismo plazo para la retirada de las fuerzas españolas.

En ambos casos, se trataba de aliviar la presión política sobre los respectivos gobiernos después de que se conociera que aviones de la OTAN habían destruido dos camiones cisterna secuestrados por los talibanes, en una operación instada por los mandos alemanes en la que habría muerto un número muy elevado de civiles afganos -hasta 90- que se encontraban recogiendo combustible de los camiones destruidos. El Gobierno español afronta dificultades en el mismo sentido a medida que crece el riesgo que debe asumir el contingente español y su implicación cada vez más frecuente en operaciones de combate.

Bien es cierto que en nuestro caso el Gobierno no sólo debe hacer frente a las malas noticias sino, además, desenredar la madeja de un discurso pacifista, demagógico y escasamente transparente al describir la situación sobre el terreno, que pasa factura sobre la credibilidad del Ejecutivo cuando las cosas se ponen difíciles.

El pasado jueves, Silvio Berlusconi expresó abiertamente su voluntad de retirar las tropas de su país -precisando que nunca de manera unilateral- después de que un atentado suicida matara a seis soldados italianos en Kabul.
Pero Afganistán es la 'guerra buena' frente a la intervención en Irak. Es la intervención apoyada por Obama como necesaria. No hay duda de la vinculación entre la seguridad internacional y la acción contra los talibanes y Al-Qaida que se desarrolla en aquel país. Y sin embargo, la retirada de Afganistán se ha convertido en el ruido de fondo de casi todos los discursos oficiales sobre el conflicto.

Seguramente estamos ante la expresión recurrente de las dificultades casi insuperables que encuentran los principales países europeos para desarrollar un esfuerzo bélico sostenido.

Pero hay más. Reino Unido, con una arraigada cultura de seguridad y una notable continuidad en sus opciones fundamentales de política exterior, ha iniciado un proceso de claro repliegue del papel militar que ha mantenido hasta ahora, a pesar de que su capacidad bélica -uno de los pilares de su relación especial con los Estados Unidos- haya sido lo que ha permitido a los británicos compensar el declive de su influencia política.

Obama, por su parte, no ha proporcionado, hasta ahora, ni el liderazgo ni la claridad estratégica que se podía esperar para relanzar la iniciativa militar y política en Afganistán. La mejoría del clima en las relaciones transatlánticas no se ha traducido en compromiso alguno de intensificación del esfuerzo europeo. A los nueve meses del inicio de su mandato, Obama experimenta un fuerte desgaste en la valoración de los americanos y tiene enfrente un Congreso poco proclive a autorizar el aumento de tropas que reclaman los responsables militares, mientras el apoyo popular al compromiso en Afganistán decrece significativamente.

Es cierto que ningún esfuerzo bélico puede ser sostenido en el tiempo sin el apoyo o, cuando menos, la comprensión de la opinión pública. Pero también es verdad que ese apoyo es más probable que se consiga si la opinión se puede formar no sólo con el impacto de imágenes y si se profundiza en los consensos políticos en el ámbito interno e internacional. La guerra en Afganistán afecta -y afectará- a nuestra seguridad. Y la seguridad, antes y ahora, no puede convertirse en una pasarela para que gobernantes de diversa consistencia pretendan exhibir discursos políticamente correctos o reclamar una supuesta superioridad moral sobre sus adversarios.

En Afganistán, es cierto, se siguen cometiendo errores en las acciones militares; mueren civiles inocentes; los servicios de inteligencia americanos continúan eliminando selectivamente a dirigentes terroristas con aviones no tripulados, y la propia Administración de Obama ha reconocido que continúa la política de entregas de combatientes detenidos a terceros países para ser interrogados. No puede extrañar que haya quienes se pregunten por qué lo que antes era un estado de indignación permanente ante estos hechos se ha convertido en una simple y templada descripción de lo que acontece en parajes tan exóticos.

Tampoco puede pasar desapercibida la extensión del más descarnado 'realismo' en la definición y ejecución de la política exterior. Esta conversión al pragmatismo resulta especialmente llamativa en la izquierda española, habitual inquisidora de la calidad moral de los demás y siempre dispuesta a impartir lecciones de idealismo. Los regímenes de Irán, Cuba, Venezuela, Bolivia, etcétera, son destacados beneficiarios de tanto pragmatismo. Evo Morales era sincero cuando mostraba su total satisfacción en su reciente visita a Madrid.

Además, ¿qué es lo que debería apoyar la opinión pública: una guerra, un esfuerzo militar genérico o una operación civil apoyada militarmente? Obama ha abandonado el paradigma de 'guerra contra el terrorismo'. Pero no es fácil explicar cómo es que cuando más tropas se reclaman y mayores riegos se han de afrontar, precisamente entonces, Afganistán deja ser una guerra, por más que todos estemos de acuerdo en la singularidad de combatir contra talibanes y terroristas de Al-Qaida.

La consecuencia de estos y otros factores es una creciente perplejidad en la opinión pública de la que no puede esperarse que se encuentre más cómoda que sus propios gobernantes ante un conflicto como el de Afganistán. Si se utiliza una doble vara de medir los dilemas morales que plantea el conflicto en función del interés partidista o las simpatías políticas; si la política exterior abandona por inconveniente una cierta agenda de promoción de la democracia con coste cero para los regímenes que sistemáticamente desprecian derechos elementales y buscan ahogar la mínima expresión de disidencia; si, finalmente, una deliberada arbitrariedad conceptual en vez de aclarar y explicar maquilla la realidad, el resultado no puede ser otro que un distanciamiento cada vez más escéptico de los ciudadanos frente a compromisos que exigen el uso de la fuerza y el sacrificio de vidas humanas, incluso cuando la seguridad propia está en juego.

Ese círculo vicioso en el que entran políticos y opinión pública dificulta hasta lo imposible plantearse el problema del uso de la fuerza. Frente a la utopía de paz perpetua, sabemos que este recurso no puede ni debe descartarse y al mismo tiempo no podemos renunciar a una sensibilidad ética y política que lo rechaza. No será fácil, pero lo que ocurre en torno al conflicto en Afganistán lo confirma. Es preciso resolver con un acuerdo razonable los dilemas morales que suscita el uso de fuerza militar, los objetivos por los que merece la pena aplicarla y el precio que hay que estar dispuesto a pagar tanto si se hace como si no. Porque no sólo tiene precio combatir. No hacerlo también lo tiene y puede ser muy alto.

Javier Zarzalejos