Prisión perpetua para la jauría

La terrorífica jauría de secuestradores, torturadores y asesinos de la Escuela de Mecánica de la Armada, cuya siniestra sigla (ESMA) fue motivo de horror en Argentina durante años de crímenes abominables y posteriores décadas de vergonzosa impunidad, acaba de ser, al fin, sentenciada por la justicia argentina. Aquellas fieras desalmadas, conocidas por sus famosos nombres y sobrenombres, como el Tigre (Jorge Acosta), el Ángel de la Muerte (Alfredo Astiz), el muy temido Serpico (Ricardo Miguel Cavallo), además de otra serie de colegas de su mismo cuerpo militar, todos ellos oficiales de la Marina argentina de diversas graduaciones, destinados por aquellos años setenta en aquel indecente centro docente, reciben al fin su merecido castigo.

Recordemos que la ESMA fue el mayor de los centros clandestinos de detención de aquella dictadura, por el que pasaron miles de víctimas secuestradas y hoy desaparecidas, de las cuales unas 3.000 fueron arrojadas al mar por los vuelos de la muerte.

Cierto que Astiz ya fue sentenciado a cadena perpetua por la Cour d’Assises de París hace nada menos que 21 años (1990) por el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Pero lo fue en ausencia, y su extradición fue denegada en su momento por un Gobierno argentino muy posterior a la dictadura.

Cierto también que Cavallo fue capturado en México en 2000 y extraditado a España en 2003, todo ello a requerimiento de la Audiencia Nacional, donde el juez Baltasar Garzón instruyó su causa por varios años y donde la fiscalía solicitaba para él una pena, minuciosamente calculada, de 13.000 a 17.000 años de prisión, bajo diversas hipótesis de imputación. Moderada cifra, comparada con la cadena perpetua ahora dictada en su país. En términos cronológicos rigurosos, unos cuantos milenios siempre son menos tiempo que la interminable perpetuidad. Pero, finalmente, Cavallo fue reclamado por Argentina y extraditado para ser juzgado allí, una vez anulada la Ley de Punto Final de 1986 y la de Obediencia Debida de 1987, así como los posteriores indultos de 1989 y 1990.

A su vez, su colega Alfredo Scilingo, también marino de la ESMA (autor confeso del lanzamiento al mar de 30 personas, narcotizadas pero vivas, en dos vuelos de la muerte), de forma sorpresiva y atolondrada se presentó en Madrid al propio juez Garzón. Como consecuencia de ello, y pese a que trató de retractarse de sus detalladas confesiones, permanece aún en la cárcel de Soto del Real, condenado a la también moderada pena de 1.084 años de prisión por nuestro Tribunal Supremo, que elevó a esa cifra la sentencia previa aún más moderada (640 años) que en 2005 le había impuesto por aquellos crímenes la Audiencia Nacional. Poca cosa, comparada con la perpetua que ahora le hubiera correspondido en su propio país.

Recordemos igualmente que el ya fallecido almirante Emilio Massera, miembro de la primera Junta (1976-1980) y responsable máximo de los horrores perpetrados por la Armada, incluida la ESMA, fue condenado a prisión perpetua en 1985, pero el segundo indulto del presidente Menem lo devolvió a la libertad a finales de 1990.

Sin embargo, es ahora, precisamente ahora, ya sin indultos, sin autoamnistías, sin obediencias debidas ni puntos finales, cuando llega por fin la madre de todas las condenas, la culminación de innumerables esfuerzos en pro de la justicia, la auténtica hora de la desnuda verdad. Es ahora cuando la Justicia argentina (Tribunal Oral Federal Nº 5) se pronuncia con un fallo contundente sobre las responsabilidades individualizadas de cada uno de los miembros del nutrido grupo de marinos militares, jefes y oficiales que, año tras año, entre 1976 y 1983 (con máxima acumulación en el periodo 1977-1978) protagonizaron los horrores criminales allí perpetrados.

Una de las claves de la calaña moral de los condenados nos la proporciona la frase de uno de ellos, El Tigre Acosta, que en pleno juicio calificó al Gobierno de Kirchner de “montonero proterrorista”. En otras palabras, también los Kirchner y sus seguidores debieron ser patrióticamente eliminados y desaparecidos en aquellos años setenta. Según estos fanáticos criminales, esa fuerza democrática, hoy arrolladoramente mayoritaria en aquella sociedad, también debió en su día ser exterminada, formando parte de lo que ellos llamaban “la subversión”.

Finalmente, tras un largo juicio de casi dos años, los jueces Ricardo Farias, Germán Castelli y Daniel Obligado han emitido la sentencia tan largamente esperada, y públicamente leída para conocimiento general: prisión perpetua para los reos Jorge Acosta, Alfredo Astiz, Ricardo Miguel Cavallo, Julio César Coronel, Adolfo Miguel Donda, Alberto Eduardo González, Óscar Antonio Montes, Antonio Pernías, Jorge Carlos Rádice, Néstor Omar Savio, Raúl Enrique Scheller y Ernesto Frimón Weber, como responsables de delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Igualmente, resultan condenados a 25 años de prisión Juan Carlos Fotea Dineri y Manuel Jacinto García Tallada, a 20 años Carlos Antonio Capdevilla, y a 18 años Juan Antonio Azic.

Siempre habrá quien afirme que estos juicios y condenas tan tardías no tienen sentido ni efectividad real. Craso error. Su efecto aleccionador es insustituible, su legitimidad es absoluta y su justificación, total.

Prudencio García, investigador de la Fundación Acción Pro Derechos Humanos y Fellow del IUS de Chicago, y profesor del Instituto Gutiérrez Mellado de la UNED.

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