Por Joseba Arregui, ex diputado del PNV y presidente de Aldaketa (EL PERIÓDICO, 12/11/06):
Por mucho que en los últimos tiempos nos hayan repetido que el llamado proceso de paz va a ser largo, difícil y duro, lo cierto es que las esperanzas que nos habían creado diciendo que las condiciones estaban maduras para iniciarlo y que las bases eran sólidas y había mucho pactado de antemano, se están esfumando.
Probablemente es normal que para poder iniciar el proceso de desaparición de ETA haya sido precisa cierta ambigüedad en los mensajes que han ido en dirección a la organización terrorista. Es probablemente normal que los terroristas necesiten tiempo para ir digiriendo la clarificación que, inevitablemente, sucede a las ambigüedades iniciales. Es normal que a los terroristas se les haga duro tragar lo que significa el Estado de derecho, los límites que lo configuran. Que necesiten tiempo para todo ello. Y hasta puede ser aceptable que el Gobierno haga gestos que faciliten esa difícil digestión.
TODO ELLO puede ser normal. Como también lo es que, según la perspectiva política, este gesto o el otro, una supuesta formulación ambigua u otra sean criticadas, al igual que nada de todo ello debiera conducir a la puesta en cuestión de la iniciativa del presidente del Gobierno de intentar poner fin a ETA en los términos de la resolución del Congreso, ni a dudar del derecho que le asiste para intentarlo, por creer que se dan las condiciones necesarias y suficientes, aunque no se compartan. Pero existe una condición imprescindible: la convicción fundada de que ETA ha interiorizado la necesidad de su propia desaparición. Y lo que está sucediendo en las últimas semanas --como los dos episodios de violencia de ayer en Bilbao y Barakaldo-- va dibujando un panorama que permite albergar dudas acerca de la efectiva voluntad de desaparición de ETA. Y si hay dudas al respecto, el problema no radica tanto en un proceso duro y difícil, amén de largo, sino en que sea oscuro y confuso.
Las dudas acerca de la verdadera voluntad de ETA provienen de dos fuentes: la lucha callejera y el robo de armas que refuerzan con su política de hechos el lenguaje de los comunicados y de las manifestaciones de los líderes de Batasuna. Y el intento de ETA de no aceptar su desaparición hasta garantizar que el resultado de la negociación entre los partidos políticos vascos llegue a un acuerdo que les sea aceptable. En este caso están buscando su pervivencia política, no en el terreno de las ideas que pudieran defender, sino en el plano de la institucionalización jurídico-política de la sociedad vasca en el futuro. El acuerdo de la mesa de partidos políticos vascos tendría que llegar, para satisfacer a ETA, a un pacto que implicara que su proyecto se hace, al menos en parte, realidad, y que ETA pervive en esa realidad.
ETA-Batasuna pretenden que las dos mesas, los dos procesos --mal llamados de pacificación y normalización-- vayan paralelos, se superpongan, se condicionen mutuamente. Esa pretensión enmaraña todo el proceso, lo hace confuso, lo enturbia, permite albergar dudas sobre la verdadera intención de ETA respecto de sí misma, respecto a su voluntad de desaparición.
Ante esta complejidad, ante esta confusión, lo mejor sería que todos los poderes del Estado y la sociedad pudieran actuar de forma conjunta, no necesariamente al unísono en todo, pero sí actuando todos sobre acuerdos básicos. Como no es el caso, como por una parte está el Gobierno y todos los que le apoyan, y por otra la oposición, además de algún poder del Estado como el judicial, que va por libre --que no es lo mismo que ser independiente--, a la confusión que crean ETA-Batasuna se le añade la división de quienes de una u otra forma representan al Estado y van conformando la opinión de la sociedad. De esta forma lo que se sabía que iba a ser duro y difícil, se va convirtiendo en oscuro y confuso.
Un Estado de derecho es una realidad muy compleja. No es solo el presidente del Gobierno. No es solo el Ejecutivo. Está el legislativo. Está el poder judicial. Está la oposición. Está la opinión pública. Está la sociedad civil y las asociaciones ciudadanas, incluidas las de víctimas del terrorismo con toda su pluralidad. Y para que esa realidad compleja actuara de forma coordinada en un tema de vital importancia como es la desaparición de ETA, se tenían que haber puesto los medios desde un inicio, antes de lanzarse a la aventura.
NO SE HIZO, y es inútil empezar a buscar responsables. Pueden tener razón quienes piensan que el PP se ha apropiado sin derecho del dolor de las víctimas, que lo ha sometido todo a cálculo electoral. No les falta razón a quienes piensan que la táctica de no buscar el acuerdo con la oposición desde el principio por estar convencidos de que, al final, el PP no tendría más remedio que alinearse con el Gobierno fue un cálculo errado, y que mucho de lo que está pasando ahora enmarañando la situación es a causa de esa apuesta.
Pero lo que importa es que para que el proceso tenga futuro, que es lo que deseamos, se busque el acuerdo que no se buscó al principio del proceso. Un pacto que pasa por establecer con claridad lo que puede y lo que no puede tener cabida en el acuerdo al que lleguen los partidos políticos vascos. Y por renunciar a la política partidista en esta cuestión.