Proceso por un terremoto

La justicia italiana está juzgando a los miembros de una Comisión de Grandes Riesgos que siguió los movimientos sísmicos que precedieron al gran terremoto que destruyó la ciudad de L’Aquila el 6 de abril del año 2009 y que causó 309 muertos, 1.600 heridos y dejó a 50.000 personas sin casa. Los acusan de homicidio involuntario por haber anunciado que no había riesgo inmediato de un gran terremoto. Los parientes de algunos de los que murieron los acusan de que por culpa de su anuncio se quedaron en casa y quedaron atrapados. Lo que decida la justicia italiana tendrá consecuencias.

Todos somos conscientes de que los terremotos no se pueden predecir. Sabemos que hay zonas donde los terremotos son más frecuentes y que hay signos que pueden anunciar una sacudida. Pero con lo que sabemos ahora no hay manera de predecir de forma precisa el lugar, el momento y la intensidad de un terremoto.

Es diferente de las erupciones volcánicas. Se puede seguir la evolución de un volcán, se conoce su historia y hay signos precursores bastante claros. Estos días, por ejemplo, en la isla canaria de El Hierro se siguen con detalle pequeños terremotos que pueden anunciar una erupción y ayudar a la población a prepararse, aunque saber dónde y cuándo se desencadenará de forma precisa no es posible. En el caso de los terremotos la incertidumbre es mucho más elevada. ¿Qué culpa pueden tener los sismólogos de L’Aquila?

De hecho, no los acusan de no haber predicho el terremoto. Los acusan de haber afirmado que no había peligro cuando de hecho no lo sabían. Según los acusadores y parientes de víctimas, su anuncio evitó que la gente tomara medidas de prudencia. Los días que precedieron al gran terremoto de L’Aquila hubo temblores menos intensos en la zona. Pero en un momento dado parecían haber disminuido. La comisión encargada del seguimiento, formada por geólogos y un miembro de la jefatura de policía, analizó los datos. Preguntados por la prensa, y para evitar el pánico que parecía que podía aparecer por algunas campañas mediáticas, sus miembros insistieron en que no había peligro para la población y aconsejaron seguir una vida normal. Poco después, el gran terremoto causó más de 300 muertos.

El juicio tendrá consecuencias en la manera en cómo se actúa en casos similares. Ya ha habido declaraciones de grupos de científicos y de academias rechazando que se acuse de homicidio a científicos por no haber predicho un terremoto cuando sabemos que es impredecible. Y se insiste en que con los datos que había en ese momento preciso lo mejor que se podía hacer era tranquilizar a la población. Este es uno de los puntos de duda. En momentos como estos en que la situación es incierta puede no estar claro si lo mejor es tomar medidas teniendo en cuenta lo peor que puede pasar o aconsejar calma para evitar los efectos de las medidas que hay que tomar. Cuando hace dos años un volcán de Islandia entró en erupción, los científicos fueron acusados ​​de exagerar y de haber creado inútilmente una gran perturbación en la aviación de toda Europa. Comunicar el riesgo es muy difícil.

En algunos momentos se necesita saber qué piensan los científicos. Si hablamos del cambio climático, de la aprobación de medicamentos o de productos para la alimentación, si hablamos de la aparición de epidemias y un largo etcétera, reclamamos el consejo de aquellos que pensamos que pueden sacar las conclusiones más acertadas. La solución es llamar a científicos que están al corriente de lo que se sabe sobre el tema. Trabajar en este tipo de comités es a menudo un trabajo difícil y que no añade nada al currículo o al salario del profesional. Podría ser que el tribunal italiano reconociera responsabilidades penales a los sismólogos de L’Aquila. Una de las consecuencias puede ser que muchos profesionales se lo pensarán dos veces antes de aceptar participar en comités en tiempos de crisis. Y todos perderemos calidad en el análisis de lo que pasa.

Veremos qué decide el tribunal italiano. Se anuncia un proceso largo y difícil. Pase lo que pase, es un síntoma de un conflicto entre tendencias contradictorias de nuestra sociedad. Queremos vivir de manera que las instituciones nos protejan de todos los riesgos posibles y eso ha de querer decir tener algún sistema de prevención que funcione con profesionales de la investigación bien informados y entrenados. Queremos que nos informen de todo lo que pasa para tomar nuestras decisiones, pero que nos perturben lo menos posible. Queremos que nos lo digan todo con certeza, cuando tenemos casos donde lo que hay es incertidumbre y es preciso hablar de probabilidades, y eso no gusta a ciudadanos ni a políticos. Y ahora, si alguien se equivoca en el diagnóstico o en la forma en que se comunica el riesgo, puede ser enviado a la cárcel. En definitiva, lo que queremos es imposible y seguramente no tiene sentido que unos pocos, que probablemente actuaron de buena fe, paguen las consecuencias.

Pere Puigdomènech, director del Centro de Investigación Agrigenómica.

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