Es un tema apenas tratado en el País Vasco, tanto por los medios de comunicación como por los partidos directamente perjudicados: los no nacionalistas. Me refiero a la modificación violenta del censo electoral mediante la expulsión generalizada de ciudadanos vascos no nacionalistas como consecuencia del terrorismo nacionalista vasco de ETA. Una modificación -de esto tampoco se habla- que vino acompañada del exterminio de la UCD, del asesinato, persecución y amenaza de candidatos de las listas electorales del PP y PSE-PSOE, y de su imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con los partidos nacionalistas, tanto a la hora de confeccionar sus listas como de hacer campaña electoral.
Diferentes estudios sitúan la cifra de tales ciudadanos entre los 100.000 y los 200.000 (Julio Alcaide, Evolución de la población española en el siglo XX (Fundación BBVA, Madrid, 2007; Mikel Buesa (ETA S.A., Planeta, 2010) estima que serían unas 30.000 familias (en torno a 125.000 ciudadanos). El reciente estudio realizado por la Universidad San Pablo CEU (El éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica, mayo, 2023), lo sitúa en 180.000 personas (San Sebastián tiene 186.000 habitantes). Una limpieza ideológica en toda la línea.
En todos los casos, víctimas directas a las que hay que añadir sus hijos y sus nietos, que deberían haber crecido y nacido en su tierra y en su comunidad y que ya nunca lo harán. Por lo tanto, una cifra final de vascos expulsados inmensamente mayor a los que se les ha privado por la fuerza de su proyecto de vida y de su derecho de voto. Esto es, del ejercicio de su derecho constitucional de autodeterminación interna a decidir en los asuntos de su comunidad, de su provincia y de su municipio.
Doce años después del anuncio por ETA del «cese definitivo de su actividad armada» esta realidad, que tenemos la obligación de recordar y que es consecuencia de dicha actividad, persiste con carácter definitivo en el País Vasco. Una persistencia que pone de manifiesto la contribución y la utilidad que el terrorismo ha tenido en la conformación de la sociedad vasca y de su censo electoral en beneficio del nacionalismo vasco. Con carácter irreversible.
Esa realidad es aún peor porque esas decenas de miles de ciudadanos vascos expulsados violentamente no existen ni para el Estado ni para el Gobierno vasco, ni para los miles de diputados que han integrado las Cortes Generales (incluidos los vascos). Nadie ha hecho absolutamente nada para corregir y reparar esta injusticia que es, también, un ataque a la democracia. El Estado y sus distintos gobiernos, pese a las recomendaciones y peticiones realizadas por el Defensor del Pueblo (Soledad Becerril) en 2015 (Informe Anual 2015) y 2016 (Estudio sobre los derechos de las víctimas de ETA. Su situación actual, Madrid, 2016). Sólo un esbozo del presidente Rajoy en 2012, que abandono en cuanto sintió la presión del nacionalismo vasco.
Paradójicamente -o no tanto- el art. 7.2 del Estatuto vasco de Autonomía sí garantiza el goce "de idénticos derechos políticos en el País Vasco" a los residentes en el extranjero así como sus descendientes, si así lo solicitaren, "si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española". A todos ellos, "si así lo solicitaren", se les garantiza el ejercicio del derecho de voto en el País Vasco. Por lo tanto, sin necesidad de acreditar el motivo por el que se fueron.
Tampoco los distintos gobiernos vascos ni, mucho menos, el nacionalismo vasco (éste, por razones obvias) han hecho nunca nada para restituir a esos ciudadanos vascos y a sus descendientes en su derecho de voto en el País Vasco. Es más, siempre que han tenido la ocasión, se han manifestado en contra de cualquier modificación de la ley electoral que lo hiciera posible. Este es un ámbito en el que el nacionalismo vasco ha dejado meridianamente claro, por si alguien tenía dudas al respecto, que solo los vascos que son nacionalistas son merecedores de su consideración y atención (excepto en materia impositiva). Que voten los vascos de lo que ellos denominan la "diáspora" (los que se exiliaron en América con ocasión de la Guerra Civil) no sólo les parece bien, sino que, además, está garantizado por el propio Estatuto de Autonomía. Que lo hagan los ciudadanos vascos que han sido expulsados violentamente de su tierra (y que es probable que no voten nacionalista), eso nunca.
Con ocasión del intento de reforma de la ley electoral por parte del presidente Rajoy en 2012 el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka manifestó que "El PNV se opone de entrada a esta reforma, en primer lugar, porque como consecuencia del cese definitivo de la violencia cualquier ciudadano puede empadronarse en Euskadi y nada se lo impide", añadiendo que la reforma sería "un intento de manipular el censo y el propio mapa electoral, y revela una incomprensión del PP sobre la realidad vasca".
En la misma línea, ese mismo año, el lehendakari Urkullu antes de su elección como tal, calificó esa posibilidad como un "error histórico" en forma de "pucherazo electoral". Y añadió: "No van a engañar a la sociedad vasca. "Hoy todos sabemos que quien desee vivir y votar en Euskadi podría hacerlo sin amenazas, con absoluta libertad y con todo el apoyo institucional y político".
Hoy la realidad vasca continúa marcada por el hecho cierto y real de la expulsión de decenas de miles de vascos a los que se les ha privado de su derecho de voto en su tierra. Una tierra en la que, como consecuencia de ello, la hegemonía del nacionalismo vasco es casi total y en la que, todavía, en muchas localidades los partidos no nacionalistas necesitan protección policial para realizar sus actos y muchos vascos viven su exilio interior para no ser señalados. Aunque se trate de silenciar y no se quiera ver.
Habida cuenta de todo ello, es posible sostener que todos los procesos electorales en el País Vasco carecen de legitimidad en la medida en que tienen lugar en desigualdad de condiciones. La más obvia y evidente en relación con los electores: la imposibilidad que tienen de votar en él -al haber sido privados de su derecho de voto como consecuencia del terrorismo practicado por ETA- las decenas de miles de vascos, así como sus hijos y nietos, expulsados violentamente de su tierra.
El terrorismo practicado por ETA durante décadas se ha convertido de este modo en el instrumento constructor de la hegemonía del nacionalismo vasco. A costa de la fractura y del empobrecimiento social de esa comunidad, aunque esto no parece importar a nadie.
Carlos Fernández de Casadevante Romani es catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos.