Productos financieros complejos

Si en una conversación cotidiana de hace, pongamos, seis años, alguien hubiera argumentado a favor o en contra de las participaciones preferentes, los swaps o la deuda subordinada, probablemente el tema decaería con rapidez. Pocos contertulios estarían preparados para opinar con seguridad sobre negocios tan técnicos y escasamente conocidos. En 2013, sin embargo, muchas personas son capaces de describir con notable precisión las características y el funcionamiento de alguno de estos complejos productos financieros aún sin ser en absoluto expertas en esta materia, quizá por haber contratado alguno de ellos. Y no es posible exagerar su repercusión mediática. Un día se especula sobre las pérdidas económicas que tendrán que afrontar los preferentistas; otro se analiza la última sentencia judicial sobre swaps; y en muchos de ellos hay hueco para dramas sociales de personas que invirtieron en algo que creían seguro, y no lo era. Gran cantidad de cosas han cambiado notablemente en poco tiempo.

Podemos tener la sensación de que en un pasado no muy lejano los productos financieros que eran ofrecidos por el banco a sus clientes no especializados eran más sencillos y comprensibles, y el asesoramiento de la entidad, confiable. Y que en un momento determinado algo cambió. Es probable que fuera así en realidad, y que ese momento fuera la aprobación en 1999 en Estados Unidos de la Financial Services Modernization Act, que abrió la puerta a algo prohibido desde la Glass-SteagallAct de 1933: la fusión de la banca de inversión y la banca de depósitos. Con ello, sofisticados y herméticos instrumentos económicos diseñados por agentes de inversión y destinados únicamente a este sector, pasaron a ser ofrecidos al cliente minorista. Esa derivación era una bomba en potencia, que acabó explotando.

Las preferentes no son un producto totalmente falto de alicientes. Al adquirirlas se obtiene el derecho a recibir una remuneración anual por aplicación de un elevado interés fijo –en algunas emisiones llega a ofrecerse el 7%– que es abonada siempre que la entidad no declare pérdidas ese año. Ahora bien, la inversión es perpetua, el capital no es recuperable salvo que se vendan los títulos. Y en caso de quiebra de la entidad, sus titulares están por detrás de todos los acreedores para el cobro, puesto que responden de las deudas sociales casi al mismo nivel que los accionistas. Estos caracteres no les impiden ser una razonable opción de colocación de capital para un número reducido de inversores con conocimientos superiores al nivel básico. Pero resulta muy improbable que sean capaces por sí mismas de ejercer una atracción insuperable para una mayoría muy considerable de clientes bancarios minoristas, hasta convertirse en el mayor best-seller-financiero del siglo XXI en España. Y, sin embargo, esto es exactamente lo que ha ocurrido. Se calcula que en los últimos años se han comercializado por un valor superior a 30.000 millones de euros, y que el 80% del total fueron contratadas por consumidores sin conocimientos especiales, para muchos de los cuales esta inversión ha resultado muy perjudicial.

¿Cómo ha sido esto posible? ¿No estábamos protegidos contra estos desastres tras unos sólidos muros jurídicos e institucionales? ¿No teníamos una exigente y garantista legislación de defensa del consumidor, unos reguladores a los que se les suponía vigilantes, unos ministerios con atribuciones sobre la materia?

Tal vez. Pero hubo algo más poderoso: el enorme interés en venderlas, porque las preferentes tenían una propiedad valiosa en extremo. Eran un instrumento de capitalización de las entidades financieras clasificado como de máxima calidad. Si ya desde el principio habían resultado muy atractivas para aquéllas, cuando en 2007 comienza a asomar la crisis financiera, y especialmente tras la quiebra de un too big to fail como Lehmann Brothers el 15 de septiembre de 2008, se convirtieron en dramáticamente imprescindibles. A medida que avanza la crisis hay dos fuerzas divergentes en pugna; una, la del interés del cliente minorista, para el cual el producto será cada vez menos conveniente y más peligroso; y otra, las imperiosas necesidades de capitalización de bancos y cajas. Esta segunda fuerza se impone sin matices. En 2009 se comercializan más preferentes que en todo el periodo 2003-2006. Las normas que hubieran debido proteger al consumidor e impedirlo (Directiva MiFID, derecho interno desde 2007, entre otras) fueron sistemáticamente ignoradas por las entidades. El Gobierno no actuó y los reguladores, Banco de España y CNMV, que debieron haberlo detectado y corregido, sencillamente no lo hicieron.

El resultado es sobradamente conocido. Quizá el mejor resumen de la situación lo ha hecho el comisario europeo Joaquín Almunia quien, con inusual contundencia en un político, ha afirmado: «Hay titulares de preferentes, que, por decirlo suavemente, han sido engañados».

De todo lo acontecido hemos de extraer una importante lección para el futuro. Además de fallar todos los sistemas de tutela de la parte débil, el inversor minorista, hubo otro factor que hizo finalmente posibles esas ventas de preferentes: que se compraron. Se firmaron muchos de los contratos por la confianza que se tenía en el asesoramiento bancario. Ya en los años 50 el maestro Garrigues advertía contra la cultura del dónde hay que firmar. En pleno siglo XXI se firmó sin mirar, y aunque desde luego la principal –enorme, inexcusable, quizá penal– responsabilidad es de las entidades, ha de reconocerse al menos un error fatal en esa delegación de confianza.

No cabe aprender nada si se tiene la convicción de que la situación del que ha comprado productos tóxicos es atribuible exclusivamente a los demás, sean bancos, Gobierno o reguladores. Si no hay conciencia de haber sido, al menos en cierta medida, causante de ella, no hay ninguna posibilidad real de esperar una rectificación de actitud en el futuro, por faltar la conciencia de haber fallado. Busca tu confianza don dela dejaste, reza un antiguo aforismo germánico. Recojámosla de ese lugar y no volvamos a prestarla tan fácilmente.

Pueden proponerse muchas reformas que permitan a los consumidores precaverse contra inversiones y contratos no adecuados o perjudiciales, pero la más efectiva es la única que depende de nosotros mismos. Hay que cambiar de raíz nuestro comportamiento financiero. Ante un producto bancario que no se comprende, no parece conveniente o resulta dudoso, se impone decir la palabra que constituye la protección definitiva: no.

Fernando Gomá, notario.

1 comentario


  1. Cada día tengo más claro que quienes mejor hablan de economía no son por fuerza economistas o analistas y tal, sino quien tiene algo que decir y lo describe. Excelente artículo.

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