Todos los políticos comparten la vocación de ser portadores de buenas noticias y de pronosticar que las condiciones de vida de sus conciudadanos mejorarán más aún, gracias a su gestión, en los meses y años venideros. Para satisfacer esa íntima inclinación a difundir optimismo y confianza en el futuro luchan por hacerse con el castillo del poder, dado que desde sus almenas hay muchas más posibilidades de ejercer de 'profeta de la felicidad' que desde la oposición, un lugar inhóspito en el que la obligada tarea crítica diaria te empuja, quieras que no, hacia un comportamiento más próximo al de 'profeta del fin del mundo'.
En el campo propio de la economía los vaticinios corren a cargo de los que, de manera imperfecta, podemos llamar 'profetas económicos', a menudo asistidos por complejos modelos matemáticos y econométricos. Keynes les auguró un pésimo porvenir y, en efecto, su prestigio es perfectamente descriptible y se resiente especialmente cuando avanzan con acierto las malas noticias, porque la gente está dispuesta a esforzarse y hasta a sufrir por causa de la coyuntura, pero por nada del mundo quiere que le amarguen el postre. En ocasiones se culpa a estos visionarios de influir con su toque de alarma en el mal discurrir de los acontecimientos, como le ocurrió a Roger Babson, un notable 'profeta de la coyuntura' que describió unos meses antes, con pelos y señales, el histórico 'crac' de la Bolsa de Nueva York de finales de octubre de 1929 que dio paso a la Gran Depresión. Pues resultó que Babson fue acusado de la primera caída de la Bolsa neoyorquina por culpa de su prematuro pesimismo y después se lo tragó la Historia.
Desde esta perspectiva parece comprensible la resistencia del presidente del Gobierno a reconocer que una crisis severa está golpeando de lleno a la economía española, y que lo está haciendo con más fuerza que en otros países del entorno, también afligidos por los rigores de la crisis crediticia internacional, la explosión de la burbuja inmobiliaria y el precio rampante del petróleo y de los productos alimentarios. Después de una docena de años de intenso crecimiento, apoyado en unos tipos de interés inusualmente bajos y una apreciable pero moderada inflación, cuesta reconocer que el ciclo de los negocios nos esté jugando una mala pasada, precisamente a nosotros, que durante ese tiempo hemos enseñado orgullosos el sillín a casi todos nuestros colegas de la Unión Europea en el Tour del Crecimiento Económico. Pero las veleidades de la economía son así: un simple aterrizaje brusco del sector de la construcción, con el euríbor empujado al alza por el mortecino mercado interbancario y un repunte coyuntural de la inflación, junto a un elevado endeudamiento, pueden descolocar en un santiamén tanto al Gobierno como, especialmente, a los numerosos ciudadanos que, por razones de edad, nunca hasta ahora se han enfrentado a una crisis en calidad de adultos responsables de una economía familiar.
Si, como parece, la realidad de la evolución económica desmonta los débiles argumentos de los 'profetas de la recuperación inminente' (¿se acuerdan de la metáfora del niño con fiebre evanescente, impropia de un 'profeta menor' como el señor Botín, precisamente el día que anunció los mayores beneficios de la historia del Santander?), el debate se va a centrar en las medidas correctoras o, al menos, paliativas de la crisis. Y aquí nos encontramos también con un escenario novedoso, puesto que, a cambio de las innegables ventajas obtenidas de nuestra pertenencia a la zona euro, cedimos en su día la soberanía que nos permitía recurrir a la modificación del tipo de cambio para corregir las pérdidas de competitividad relativa (las famosas 'devaluaciones competitivas') de nuestra economía en el conjunto internacional, así como, en menor grado, la posibilidad del recurso a una política monetaria con cierto nivel de autonomía. Los demás países incorporados a la eurozona perdieron también soberanía, esto es innegable, pero no todos lo percibieron del mismo modo en la práctica que una economía como la española con una propensión inflacionaria histórica superior a la de los países centrales, los del núcleo duro, de la Unión. Las fuertes reticencias que aún hoy mantienen al Reino Unido fuera del euro encontraron en esta indefensión nacional ante eventuales crisis su principal apoyo argumental. Y no hay que olvidar que, en las circunstancias actuales, los ajustes derivados de esta crisis y de las futuras los va a pagar la economía española en términos de pérdida de producción, de reducción de salarios reales y de empleo: pasó el tiempo de las argucias.
Con una economía española más abierta que nunca al mercado mundial y sin posibilidades de recuperar la competitividad perdida a través de devaluaciones de la moneda, el énfasis de la actuación del Gobierno debe ponerse en dotar a las empresas de capacidades de reacción para adaptarse a las nuevas circunstancias. Para ello, además de orientar la actuación del Estado hacia la mejora de la educación, la investigación, la tecnología y la dotación de infraestructuras (entre otras políticas encaminadas a aumentar la productividad de los recursos), se hacen imprescindibles algunas reformas estructurales largo tiempo reclamadas y que tienen que ver, en buena parte, con la transparencia de los mercados. Hay que aprovechar las correcciones impuestas por las turbulencias externas y los excesos internos para hacer los deberes pendientes.
Naturalmente, atraídos por el olor de la crisis han aparecido también los incansables 'profetas de laissez faire' con sus fórmulas mágicas de siempre, que ellos califican exageradamente de liberales cuando en realidad no dejan de ser víctimas del desfase existente entre el rápido avance de la ciencia y el lento deambular de las ideas: fuerte reducción del gasto público y de los impuestos, junto a la flexibilización total del mercado de trabajo. Todo ello bajo la vieja idea paragüas: 'Primero concentrémonos en hacer grande la tarta, ya hablaremos después de su reparto'. Está claro que en este mundo resulta cada día más razonable creer en falsedades simples que en verdades complejas, cuando cualquier espectador atento es capaz de percibir que los hechos económicos, las situaciones políticas y las circunstancias sociales están interrelacionados, a veces de manera inextricable, con lo que ello supone a la hora de diseñar y desarrollar una política económica mínimamente coherente.
En el caso español, la experiencia histórica reciente demuestra la existencia de una enorme capacidad de su economía ante el estímulo de la apertura de mercados, los desarmes arancelarios y la competencia internacional. También hemos capeado situaciones coyunturales más graves que la actual en circunstancias mucho peores de las empresas, las cuentas públicas y las economías familiares. Por todo ello, si somos capaces de mantener unos niveles razonables de cohesión social y de negociación entre unos agentes sociales que han demostrado con creces su responsabilidad y madurez democráticas, podremos convertir las amenazas en oportunidades y recuperar nuestro potencial de crecimiento. Profecías y cantos de sirena aparte.
Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la UPV-EHU.