Los españoles tenemos elecciones municipales y autonómicas (salvo en algunas comunidades que van por libre) en mayo, y previsiblemente generales, legislativas, a finales de año (y europeas en 2024). Pero cabe preguntarse, ¿cuándo no estamos de elecciones? No seré yo, por supuesto, quien proteste por poder votar, creo haberlo hecho absolutamente en todos los «referenda» y convocatorias electorales desde el referéndum para la Ley de Reforma Política de 1976. La razón de mi pregunta no se debe a que me moleste votar, algo que procuro hacer con reflexión, sino al hecho de que las elecciones no parecen terminar para los partidos políticos la noche en que se conocen los resultados de la votación, sino que desde el día siguiente ya están en dos tareas: 1) salvo el partido o partidos ganadores, los demás se dedican desde el primer día (ya no se conceden los tradicionales 100 días de tregua para el gobierno que resulta de los comicios) a proclamar que el resultado no refleja «realmente» los deseos del pueblo (los que critican sí que conocen los deseos «reales» del pueblo, según su opinión, por supuesto), y no dan tregua hasta las siguientes elecciones; 2) como consecuencia de lo anterior, desde el día siguiente a las elecciones, comienzan su campaña electoral para las siguientes. Estas dos tareas mantienen ocupados a los numerosos funcionarios de los partidos políticos, que están en gran medida pagados con las subvenciones que reciben de los Presupuestos Generales del Estado, de las subvenciones de los grupos parlamentarios, y de otras fuentes de ingresos, no siempre transparentes, como suelen demostrar algunas sentencias judiciales. La democracia necesita, indudablemente, a los partidos políticos. La Constitución Española de 1978, todavía vigente aunque algunos la den ya por obsoleta, dice, en el artículo 6 del Título Preliminar, que «los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos». Pero no he podido encontrar dónde dice que los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, y otros colectivos, deban financiarse con los impuestos que pagamos todos los españoles. Parece lógico que los representantes del pueblo, diputados y senadores, tengan una retribución. Pero, ya que somos tan propensos a compararnos continuamente con los países de la Unión Europea, de la que somos miembros, sería muy instructivo que alguien nos explique: 1) qué ingresos reciben los partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, procedentes de los impuestos que pagamos los ciudadanos, 2) la cuantía de los ingresos que reciben los representantes, aparte de los partidos políticos, y otros emolumentos en especie (ordenadores, móviles, tabletas, vivienda, transportes, etc.). Esta información sería muy clarificadora y posiblemente demostraría que estamos más o menos como otros países europeos. O no.
Volviendo al inicio de esta reflexión, parece que los programas electorales han dejado de ser cuestión principal en las elecciones. En los comienzos de la democracia, en las elecciones de las dos primeras décadas de nuestra actual democracia, los programas ocupaban buena parte del tiempo de los burócratas de los partidos políticos. Eran los tiempos en que los programas electorales eran gruesos volúmenes, de los que era ejemplo el modelo que Fraga denominaba «el libro gordo de Petete» para su Alianza Popular, o el del «Califa», Julio Anguita, con su «programa, programa, programa…». Desde hace años, sin embargo, parece que los programas electorales han perdido su importancia (puede que nunca la tuvieran), y que lo importante es recurrir a eslóganes y etiquetas que prescinden de «la funesta manía de pensar», como se atribuye, cierta o falsamente, a la universidad de Cervera, al parecer por sugerencia, o para complacer, según diversos autores, a Fernando VII. Los programas electorales intentaban explicar los objetivos políticos si lograban suficiente respaldo electoral para gobernar, pero ahora su objetivo parece ser deshacer lo que los anteriores han hecho (a veces muy necesario) o simplemente descalificar a los adversarios. Y, más importante, estamos asistiendo a un juego de magia cuando el partido que gana las elecciones hace exactamente lo contrario de lo que había prometido en su programa electoral. Las campañas electorales parecen basarse solo en «etiquetas», las propias y las de los demás. Se utilizan términos como «progresista» o «conservador» cuando se es educado y «políticamente correcto», pero las más de las veces se recurre a «fascista», «comunista», «ultraderecha», «ultraizquierda», como si al decir eso ya no fuese necesario entrar en detalles.
En mi modesta opinión, los españoles llevamos cinco décadas viviendo en democracia y hemos aprendido algo de lo que significa la democracia, pero todavía no hemos resuelto adecuadamente varias cuestiones. La primera y fundamental es la división de poderes, esencial según todos los tratadistas. No creo equivocarme si afirmo que esa división era más evidente en los gobiernos de cualquier color de las primeras décadas, pero no de las más recientes. En esa cuestión, es cada día más necesaria una clara diferencia entre Estado y Gobierno (algún ministro o ministra actual no parece conocer la diferencia). La segunda cuestión no resuelta es la de la «rendición de cuentas», pues los gobiernos deberían estar obligados a hacerlo al final de su mandato, comparando resultados con programas electorales. La tercera, que hay cada vez más artículos de la Constitución que no solo no se cumplen, sino que se incumplen de manera ostensible, y que he enumerado en muchas ocasiones. Y la quinta, objeto de esta breve reflexión, que los programas electorales deben explicar mejor sus propuestas, no solo descalificar a los competidores y sacar pecho como cualquier bravucón de barrio. Los políticos, de cualquier partido, deberían explicarnos a los españoles por qué llevamos algún tiempo obteniendo peores puestos en los varios «rankings» de democracia entre todos los países del mundo, pues cada año bajamos algún puesto.
Juan Díez Nicolás es académico de número de la Real de Ciencias Morales y Políticas.