Prohibido fumar con burka en las corridas

¡A mezclar, es la guerra! Es curioso ver cómo desde varias instancias se ha metido en el mismo saco la prohibición de fumar en espacios cerrados, la de llevar burka en lugares públicos y la aprobación en el Parlament de la ley antitaurina, interpretando que en Catalunya estamos asistiendo a un exceso de prohibiciones que ponen en entredicho la libertad ciudadana.

La ley antitabaco se basa en la evidencia científica de que fumar -o exponerse al humo del tabaco- produce cáncer de pulmón y aumenta el riesgo de patología vascular, una de les principales causas de muerte de la población adulta. Podemos discutir el cómo, pero no la bondad de una normativa encaminada a proteger la salud de la población. Por suerte, la mayoría de ciudadanos tienen el suficiente sentido común para entender que las actuaciones que ponen en riesgo la vida de las personas (como la velocidad, la violencia y tantos otros retos de las sociedades modernas) deben ser reguladas, y solo algunos tarugos y políticos sin escrúpulos son capaces de decir públicamente que las administraciones no deben hacerlo.

Si bien la prohibición de fumar en espacios cerrados es una medida técnica, reclamada desde hace tiempo por los profesionales de la salud, la prohibición del uso del burka en espacios públicos ha sido una medida innecesaria surgida por motivos electoralistas, en el seno de los partidos políticos -y no solo los conservadores- de algunos municipios. En primer lugar, porque en nuestro país el uso de esta prenda es excepcional; en segundo, porque los argumentos de la seguridad son débiles, pues si en algún lugar una mujer con el rostro cubierto es vista como una amenaza, los cuerpos de seguridad están perfectamente habilitados para intervenir, y en tercero, porque la expresión de la simbología cultural o religiosa por la calle es un derecho de los ciudadanos.

Finalmente, la ley antitaurina ni es una necesidad de salud pública, puesto que torturar y matar un animal públicamente ciertamente no hace ningún daño a nadie -excepto al pobre animal- ni su origen ha sido una decisión política, sino una iniciativa ciudadana con los mecanismos con los que cuenta nuestra legislación. Se puede discutir su pertinencia, pero de entrada debe ser considerada un ejercicio democrático. La iniciativa, además, no ha puesto el énfasis en la interpretación antiespañolista de la medida, sino que se ha basado en argumentos éticos, y de hecho, personas que consideran las corridas una salvajada las hay en Catalunya y el resto del Estado¿ Y es la opinión mayoritaria en los países occidentales, donde las conductas respetuosas con las personas, los animales y el medioambiente son un valor socialmente aceptado. Independientemente de la posible intención estratégica que el voto de los diputados en el Parlament pudo tener, la manipulación que han hecho el PP y los medios afines es otro reflejo de la tolerancia del país a la demagogia y del nulo interés de algunos políticos por hacer pedagogía, crear valores y favorecer el debate. Pero, por desgracia, la manipulación de las ideas y las opiniones para ir en contra, especialmente si es de Catalunya, aún es demasiado rentable electoralmente. Las reacciones a la ley antitaurina son un ejemplo paradigmático, ya que ponen en escena la simbología identitaria de unos y otros, pero no es la única; la posición en contra de la ley antitabaco por parte de algunas comunidades autónomas es un ejemplo aún más patético.

En comparación con EEUU y muchos países europeos, me ha llamado la atención la gran tolerancia que tenemos hacia las conductas individuales y la escasa tolerancia frente a la diversidad de ideas y opiniones. Intenten, si no, mear en una pared -o simplemente no detener el coche en un paso de cebra- de Ginebra (donde casi tienen un referendo al mes) y comparen la reacción de los ciudadanos con la de nuestro país. La necesidad de regular y prohibir es inherente al componente social del ser humano, y especialmente a la complejidad de las sociedades modernas; pero la necesidad de hacerlo está también en función de la capacidad de autorregulación, y aquí entran en juego los tan vilipendiados valores. La sociedad civil tiene que poder identificar necesidades, y los políticos tienen la obligación de facilitar el debate objetivo y riguroso. Si no cogemos el toro por los cuernos y aprendemos un poco más, solo lograremos aumentar la confrontación interna y, sobre todo, hacer el ridículo en Europa, donde tendríamos que dejar de ser tierra de jauja y empezar a ser más competitivos.

Precisamente, este verano hemos sabido que España ya no tiene ninguna universidad entre las 200 mejor valoradas del mundo, que más de la mitad de los turistas jóvenes han elegido nuestro país por la facilidad de ocio, y que un 24% de los jóvenes catalanes de 16 a 24 años ni estudian ni trabajan. Ahora, cuando más que nunca interesa mirar a Europa, mantener la demagogia del discurso político, seguir evitando el debate y esquivando la base técnica (o ética) de los procesos de toma de decisiones, reduciéndolos a los aspectos estratégicos (algo frecuente en el sector público), ciertamente no va a ayudar. Será preciso volver a aprender a hablar claro y a separar el grano de la paja.

Jordi Casabona, Fundació Sida i Societat.