Propuestas para atajar la economía sumergida

En tiempos de crisis emerge el debate sobre el tamaño y la dinámica de la economía sumergida, con afirmaciones sobre su comportamiento anticíclico, no exentas de un cierto carácter exculpatorio para los poderes públicos, que eluden así parte de sus responsabilidades de gestión. La Comisión Europea ha mostrado su preocupación por este fenómeno que erosiona peligrosamente las arcas públicas. “El comisario de Fiscalidad, Algirdas Sementa, celebró los progresos y la acción en la lucha contra la evasión fiscal, que le cuesta en torno a un billón de euros al año a Europa” (EL PAÍS, 14 de abril de 2013).

El incremento de la economía sumergida lleva a una erosión considerable de la base fiscal con la consecuencia de una menor provisión de infraestructuras y de bienes básicos públicos que derivan en un menor crecimiento de la economía y, vuelta empezar, menor recaudación fiscal. Este gap fiscal, se produce no solo como resultado de lo que denominamos “economía sumergida”, sino que se alimenta también de transacciones financieras no declaradas (muchas de ellas con parada y fonda en los denominados paraísos fiscales), de actividades ilegales y, en mayor medida si cabe, de prácticas de la “elusión fiscal” muy usual en las transacciones internacionales que llevan a cabo de forma cotidiana las empresas transnacionales.

Las estimaciones disponibles hablan, para el caso español, de cifras que van desde el 19,2% del PIB, como volumen de la economía sumergida, hasta un 24%. Ese PIB irregular merma la recaudación fiscal con pérdidas impositivas que se sitúan entre 31.000 y 80.000 millones de euros al año, cifra esta próxima a todo el presupuesto de la sanidad española.

Las soluciones frente a ellos no son fáciles y resultan complejas, pero las hay, necesitando tan solo de una decidida voluntad política para diseñarlas y ejecutarlas. Se necesitan soluciones imaginativas, más allá de las centradas tan solo en la sanción y la represión, que no parecen influir demasiado en la reducción de los comportamientos “sumergidos”, ni minorar el empleo irregular a ellos asociado.

En el caso español, además, las modificaciones normativas han sido tantas, tan sucesivas y contradictorias entre sí que, aun afectando a muchos de los frentes posibles del fenómeno (productivos, fiscales, laborales y monetarios), no se han obtenido resultados contundentes.

Atajar tal sangría fiscal pasa por el diseño de una función de coste / beneficio de la ocultación o de la evasión / elusión fiscal, en torno a la cual se elaboren medidas que traten de elevar los costes de tales prácticas y de reducir los beneficios obtenidos con ellas. Ello requiere un plan integral, donde se atienda a muchos frentes con medidas en ambas direcciones (el palo y la zanahoria) que se complementen e interactúen, potenciando su eficacia.

Un aspecto interesante para frenar la dinámica de esta lacra social e incluso lograr contraerla, surge al considerar el uso de medios de pago en efectivo como uno de los pilares que sustentan su desarrollo; si se reduce su utilización, secaríamos la fuente de financiación de la economía oculta. Así llegaríamos también a la necesidad de intervenir / controlar la actividad financiera de los paraísos fiscales, veredero lubricante del lado oscuro del capitalismo.

En esta perspectiva, medidas como el tope al pago en efectivo (en España, 2.500 euros), deberían complementarse con otras que hicieran su aplicación más eficaz en la lucha contra el fraude, como impedir la deducibilidad fiscal de los pagos que contravengan el citado límite, la reducción del circulante en billetes grandes (de 500 euros) o promover el uso alternativo de los medios electrónicos de pagos.

Hay muchas evidencias de que estos y en especial las tarjetas, resultan ser instrumentos eficientes para fiscalizar de modo más preciso, pues permiten transparentar mejor la trazabilidad de las transacciones, por el control y el fácil tracking financiero que conllevan. Una combinación de reducción del efectivo y de expansión del uso del dinero electrónico, problemas de implantación aparte, significaría menor espacio para el desarrollo de la economía sumergida. El coste de sumergirse se vería incrementado, al facilitarse la detección de las irregularidades.

En Europa las tarjetas de crédito/débito se usan menos que el efectivo: una media del 22% de las transacciones se pagan con las mismas frente al 78% en EE UU, donde las estimaciones disponibles concluyen que hay un menor desarrollo de la economía irregular. En España, asimismo, la presencia del efectivo es mucho mayor (83%) incluso que en Europa.

En todo caso, gran parte de las soluciones al grave problema de la economía oculta han de proceder de la Unión Europea (UE), donde, por el momento, poco se hace a este respecto. El espacio de la añorada unión bancaria, añadiría mucho a la extensión del comercio electrónico y, al tiempo, a la transparencia bancaria, aspectos clave para reducir la economía sumergida y las prácticas de evasión y elusión fiscales.

No se trata de llenar el BOE de normas y más normas, de contenido exclusivamente represor, sino de potenciar las propias fuerzas del dinamismo económico y eliminar, como está sucediendo en Suecia (una de las economías más avanzadas del mundo), el dinero metálico o fiduciario como medio de pago.

Santos Ruesga Benito es catedrático de Economía Aplicada (UAM).

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *