Pasado lo peor de la crisis, la Unión Europea ha abierto un proceso de reflexión sobre su futuro, que incluye la reforma de la Unión Económica y Monetaria (UEM). Tanto la Comisión Europea como el presidente Macron y la canciller Merkel han desgranado ya sus propuestas, en un debate vivo y saludable, que dará lugar a un primer paquete de decisiones en la cumbre del euro el próximo día 15 de diciembre.
Desafortunadamente la ambición de las reformas no está al nivel esperado. De hecho, la negociación está sesgada y dominada por la derecha europea, que controla tanto las instituciones comunitarias como las mayoría de los gobiernos nacionales. La UE actual es fruto de muchos pactos y equilibrios forjados durante décadas; pero los compromisos entre las grandes familias políticas europeas y los intereses de diferentes países han dejado una UEM incompleta. Y ahora que las fuerzas socialdemócratas en Europa están débiles, hay un riesgo serio que los valores progresistas no sean adecuadamente reflejados en el diseño de la eurozona del futuro.
Para la socialdemocracia, las reformas de la UEM no pueden dirigirse simplemente a estabilizar los mercados financieros e introducir más disciplina de mercado para controlar los déficits. No olvidemos que fue el mercado quien provocó la crisis económica, no el mal gobierno. A estas alturas debería estar claro que la estabilidad de largo plazo de la eurozona requiere un mejor equilibrio entre sus resultados económicos y sociales. Esto también significa consolidar la dimensión social para asegurar que el pleno empleo y la corrección de los desequilibrios de cohesión y laborales siguen siendo objetivos centrales de las políticas de la zona euro. Los resultados de la reciente Cumbre Social de Gotemburgo van en la buena dirección, pero son insuficientes para cambiar el paradigma dominante, que sitúa la estabilidad monetaria por delante de la estabilidad social.
Una reforma progresista requiere abordar las principales debilidades estructurales de la actual arquitectura institucional de la UEM:
- Desequilibrios internos sistémicos, que conducen a divergencias entre países en lugar de convergencia al alza.
- Sesgo deflacionista resultando en bajas tasas de crecimiento y empleo.
- Bajos niveles de inversión, claramente subóptimos para abordar la transición del modelo económico.
- Vulnerabilidad sistémica de los sistemas bancarios y financieros, todavía no completamente solucionada.
- Déficit democrático, que es una de las razones detrás del crecimiento de partidos políticos populistas y euroescépticos.
Estos problemas, que ya existían en el lanzamiento del euro, han sido magnificados por la crisis y continúan en diferentes grados pese a las medidas adoptadas. Desde la izquierda, la clave para valorar las reformas debe ser en qué medida promueven el crecimiento sostenible, la convergencia entre países y la estabilidad económica, política y social de todos los Estados Miembros. En este sentido, se plantean tres consideraciones:
Primero, los problemas de crecimiento y estabilidad del euro requieren de la creación de herramientas anticíclicas y de inversión para garantizar una pronta recuperación en caso de choques socioeconómicos. Esto nos lleva necesariamente a la puesta en marcha de instrumentos de compartición de riesgo, que aúnen solidaridad, responsabilidad y confianza mutua. Sin embargo, desde ámbitos conservadores, particularmente alemanes, se insiste en que no puede haber mutualización sin una reducción de riesgo previa. Este marco dicotómico se utiliza como excusa para no avanzar en la integración económica. No se trata de convertir la eurozona en una unión de transferencias (transfer union), ni de premiar políticas ineficientes de algunos gobiernos.
Lo que se plantea es la creación de instrumentos europeos firmemente anclados en el marco comunitario, para abordar riesgos sistémicos regionales (inestabilidad y fragmentación financiera, baja inversión y crecimiento, etcétera), lo que en sí mismo permite reducir esos riesgos. Todo ello debe ir acompañado de una reforma de las reglas fiscales europeas, articuladas en torno al Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), que son claramente deflacionarias y sesgadas contra los países deficitarios. Las nuevas reglas estarían ancladas en una posición fiscal agregada para el Euro, que reconozca a la UE como un actor global, cuyo objetivo debe ser explícitamente la promoción del crecimiento económico, y que permita distribuir mejor los esfuerzos fiscales entre países y la propia zona euro.
Segundo, conviene alertar de ciertas propuestas, ampliamente circuladas entre economistas neoliberales, que bajo una supuesta defensa de la estabilidad y la disciplina de los mercados esconden intereses nacionales y conllevan riesgos de inestabilidad soberana. Nos referimos por ejemplo, a la introducción de ponderaciones de riesgo para ciertos bonos soberanos en los balances bancarios o la puesta en marcha de un mecanismo de reestructuración de deuda. Si la UE abrazara de forma oficial la idea de que determinados bonos soberanos no están libres de riesgo (subyacente también en la propuesta de la Comisión de un Activo Europeo Libre de Riesgo) y, por tanto, pueden entrar en suspensión de pagos, generaría enorme inestabilidad en los mercados, agudizaría la fragmentación financiera actual y penalizaría claramente a determinados países del sur en beneficio de otros. La experiencia del acuerdo franco-alemán de octubre de 2010 en Deauville sobre restructuración de deuda privada griega debería servir de lección. Este tipo de propuestas cuestionan la solidaridad y la cohesión interna necesarias para consolidar la UEM.
Tercero, para fomentar la imprescindible convergencia se propone la creación de un Código de Convergencia que se incorpore a un PEC reformado y establezca criterios claros de convergencia que complementen y refuercen su cumplimiento. Este es un enfoque superior a otras propuestas conservadoras que buscan condicionar aún más el presupuesto de la UE a la aplicación de reformas estructurales. Dicho Código se adoptaría por codecisión, firmemente anclado en el método comunitario, frente al intergubernamental (más opaco), respetando plenamente la apropiación de los países. Además, frente a las imposiciones de políticas, el Código está concebido como un esquema de incentivos positivos, enfocados en el respeto de estándares sociales, de crecimiento sostenible y de mejora de la capacidad administrativa.
Estas y otras propuestas serán debatidas en la Conferencia de la Fundación Alternativas y FEPS que se celebra este jueves en Madrid con amplia presencia de políticos y expertos.
En definitiva, el euro es mucho más que una moneda única, es el elemento central de un proyecto político cuyo objetivo es integrar estrechamente a los países miembros, desde una perspectiva política, económica y social. Se ha abierto una verdadera oportunidad para culminar la UEM, pero no todas las iniciativas responden a una lógica que prioriza la convergencia, la cohesión, y el empleo. Por eso es imprescindible que la familia socialdemócrata, unida, haga escuchar su voz con un paquete integral de propuestas para completar y reequilibrar la zona euro.
Manuel de la Rocha Vázquez es economista de la Fundación Alternativas. David Rinaldi es Asesor Senior de Política Económica en la Fundación Europea de Estudios de Progreso (FEPS). Ambos son autores, junto a Victor Echevarría, del documento de FA-FEPS Progressive reforms for reforming and rebalancing the eurozone