Prospecciones en canarias: existe una tercera vía

LA posible existencia de petróleo en aguas de Canarias representa una oportunidad de oro para la reactivación económica de las Islas que España no debería desperdiciar. Lejos de anunciar una catástrofe ecológica en la zona, deberíamos orientarnos a modelos de explotación responsable, y reconocidos como avanzados, de estados como Australia y Noruega.

Entre 2000 y 2004, el Gobierno del Partido Popular se planteó la posibilidad de iniciar prospecciones para determinar las posibilidades de que se confirmara esa esperanza, pero no se pudo avanzar más allá. En defensa del medio ambiente marino, el Gobierno consiguió que la Organización Marítima Internacional (OMI) determinara que las aguas archipelágicas de Canarias tuvieran consideración de zona marítima especialmente sensible (ZMES), e incluso invitó a su directora general de Medio Ambiente a que participara activamente en la sesión de la OMI, en que se debatía nuestra propuesta. Había una buena sintonía entre el Gobierno canario y el Gobierno de España.

Se negoció con Marruecos la definición de la línea mediana entre el continente africano y la costa canaria, como frontera entre nuestras aguas, y se trazaron en ellas varias parcelas en las que realizar las prospecciones. Marruecos inició sus trabajos hace ya unos meses y España los está iniciando ahora a través de Repsol para conocer el volumen de petróleo que se podría extraer.

En esta situación, el Gobierno canario se opone, hasta el punto de buscar una llamativa ruptura, a la catalana, intentando la celebración en Canarias de un referéndum sobre el asunto y, no habiéndolo autorizado el Tribunal Constitucional, el día anunciado para su celebración emitió un manifiesto apoyado por las personalidades más relevantes de su Comunidad.

El caso es singular, puesto que en caso de que se produjera un vertido en un pozo en las parcelas marroquíes o españolas, los vientos reinantes llevarían los vertidos a las costas canarias, o pasarían de largo, pero casi nunca lo llevarían a las marroquíes. Y si eso sucediera, el Estado no miraría hacia otro lado, sino que actuaría como actuó en Galicia contra la contaminación producida por el siniestro del «Prestige» hace unos años.

En el caso de vertidos de hidrocarburos producidos por petroleros en la mar, existen varios convenios internacionales de aplicación, entre ellos el de Responsabilidad Civil, nacida de daños derivados de la contaminación por hidrocarburos, de 27 de noviembre de 1992. A su amparo, se constituyó el fondo de indemnización de daños debidos a la contaminación de hidrocarburos en la mar (Fidac), que actualmente tiene un límite de mil millones de euros. Pero en el caso de plataformas petrolíferas no existen unas herramientas jurídicas similares.

Dentro del Derecho Comunitario, la Unión Europea promulgó la Directiva 2013/30 UE, del Parlamento y del Consejo, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro, que los estados tenían la obligación de trasponerla a su Derecho interno antes del 19 de julio de 2015. La Directiva que se cita en ella, la 2004/35/CE, ya está traspuesta por la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental, que serían las normas de aplicación en caso de daños producidos por explotación en las plataformas petrolíferas en España. Las garantías y sanciones que contemplan están muy alejadas de las impuestas por los EE.UU. en el caso de la Deepwater Horizon.

Lo lógico sería que, en lugar de buscar una confrontación política con el Gobierno, Canarias fuera estudiando las zonas más sensibles de su costa que deban ser protegidas en caso de un derrame y que, con cargo a los nuevos ingresos que le proporcionen la futura explotación, se dotara de equipamiento suficiente para la lucha contra la contaminación marina como barreras, bombas flotantes de recogida, tangones, etcétera, para reforzar el equipamiento que el Gobierno de España pueda destinar a una emergencia en sus costas, si esta se produjera. Si actuara de ese modo, el Gobierno canario participaría activamente con el Gobierno de España en los operativos de lucha contra la contaminación que tuvieran lugar, aunque por ley el mando operativo le correspondiera al Gobierno de España.

Pero también sería razonable que el Gobierno de Canarias solicitara al Gobierno de España ampliar la clase de daños que deberían quedar cubiertos, y que figuran en la legislación española actual, e incrementar la cuantía de las sanciones de su régimen sancionador, incluso los seguros de responsabilidad civil a los operadores, para que unas y otros pudieran cubrir los costes que el Estado tendría que asumir en el caso de accidente que causara un derrame que afectara a las costas canarias. Y para ello hay tiempo, hasta que se inicie la explotación, si la fase actual terminara con el resultado esperado. Todo, antes de romper la baraja.

José Luis López-Sors, ingeniero naval y exdirector general de la Marina Mercante de España.

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