La larga tragicomedia de la relación del Reino Unido con la Unión Europea se aproxima por fin al clímax. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, describió la maniobra del primer ministro Boris Johnson de suspender el parlamento británico durante casi todo el período previo al plazo del 31 de octubre para el Brexit como un “atropello constitucional”. Sin embargo, la acción de Johnson tiene una ventaja: pone a los 650 congresistas frente a una disyuntiva clara. O una mayoría de parlamentarios vota en la primera semana de septiembre para reemplazar a Johnson con un gobierno interino, o lo dejan con poder irrestricto para implementar su amenaza de Brexit sin acuerdo, lo que pondrá al RU en curso de colisión con la UE. Esa decisión tiene importantes derivaciones para el futuro de la UE.
¿Cómo se desarrollarán pues los acontecimientos? Cuando los parlamentarios vuelvan del receso de verano, en la primera semana de septiembre, es casi seguro que Jeremy Corbyn, líder del opositor Partido Laborista, presentará una moción de censura para poner fin al gobierno de Johnson. Como el Partido Conservador de Johnson y el Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte tienen mayoría combinada en la Cámara de los Comunes por un solo voto, y dado que una cantidad considerable de los conservadores están en contra de un Brexit sin acuerdo, es altamente probable que Johnson pierda la votación.
Pero eso no bastará para forzar su renuncia. Según la ley de regulación de períodos parlamentarios de 2011, cuando el primer ministro pierde una moción de censura, el Parlamento tiene que votar su reemplazo en los próximos 14 días; si no lo logra, el gobierno derrotado sigue, con un plazo de unos tres meses para llamar a elecciones, tiempo más que suficiente para que Johnson implemente su promesa de “Brexit sí o sí” el 31 de octubre. El único modo de evitarlo sería elegir un nuevo primer ministro, y como el Parlamento va a estar cerrado, la votación tendría que ser antes del 9 de septiembre.
Corbyn, como líder de la oposición, ya se propuso para actuar como primer ministro interino, con un mandato limitado estrictamente a la ejecución de sólo dos misiones: extender el plazo para el Brexit y a continuación, llamar de inmediato a una elección general. Pero dada la vehemente oposición a Corbyn de muchos conservadores pro‑UE, el gobierno interino también podría ejercerlo algún otro candidato que genere más consenso y no tenga ambiciones personales. Uno podría ser Kenneth Clarke, excanciller conservador y “padre de la cámara” por ser el parlamentario más veterano; otra sería Harriet Harman, que fue líder interina del Partido Laborista en 2015.
También puede ser que la ex ministra de asuntos exteriores laborista, Margaret Beckett, tenga más chances de conseguir que Corbyn se haga a un lado. Al fin y al cabo, fue una de 36 parlamentarios que firmaron la petición que permitió a Corbyn presentarse como candidato para liderar el Partido Laborista; sin su apoyo, Corbyn no estaría donde está. De modo que este podrá convencer a sus partidarios de aceptar que dé un paso al costado para dejarle vía libre a Beckett (que tiene mucho más fácil obtener el apoyo de los conservadores contrarios a un Brexit sin acuerdo). En cualquier caso, si Johnson fuera depuesto de este modo, los votantes irían a las urnas a fines de octubre o en noviembre, y el RU se quedaría en la UE hasta entonces (la dirigencia europea ha reiterado que el plazo del Brexit se extenderá en caso de llamado a elección).
Los conservadores estarían profundamente divididos entre partidarios y opositores del Brexit sin acuerdo de Johnson, lo que acentuaría la rivalidad del Partido Conservador con el fervientemente antieuropeo Partido del Brexit de Nigel Farage. En tanto, los partidos de oposición pueden obtener algún rédito político de su cooperación temporaria. De modo que es probable otro “hung parliament” en el que ningún partido tenga mayoría propia. Pero esta vez, podría haber predominio de los laboristas, los liberaldemócratas y los nacionalistas escoceses, todos ellos decididos a llamar a un referendo definitivo sobre la continuidad o no del Brexit.
Si por otra parte, los parlamentarios no consiguen elegir un nuevo gobierno, a partir del 10 de septiembre el Parlamento estará cerrado y Johnson ya no tendrá obstáculos a su idea de un Brexit “con o sin acuerdo”.
Johnson cree que la nueva falta de restricciones políticas que consiguió suspendiendo el Parlamento fortalecerá en gran medida su poder de negociación para exigir cambios al fallido acuerdo de retirada negociado por su predecesora Theresa May. Es posible que algunos dirigentes de la UE hayan apostado a que el Parlamento, temeroso de los riesgos de un Brexit sin acuerdo, intervendría para evitarlo. Ya sin esa posibilidad, tal vez la UE decida hacerle a Johnson la única pequeña concesión que pidió para una salida ordenada y cooperativa: que se elimine la “salvaguarda irlandesa” por la que el RU quedaría atado a las políticas comerciales de la UE hasta que se negocie un nuevo tratado comercial permanente que permita una frontera abierta entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda.
Puede ser que Johnson tenga razón. Aunque un Brexit sin acuerdo perjudicaría sin duda al RU, la UE también saldría mal parada. El RU es el segundo mercado en importancia para Europa continental, equivalente al 12% del total de las exportaciones de la eurozona (casi el doble del 7% de China y apenas por detrás del 14% destinado a Estados Unidos).
Arriesgarse a una ruptura con el segundo mayor cliente de Europa sería particularmente peligroso en un momento en que Estados Unidos y China están trabados en una guerra comercial, Alemania está al borde de la recesión por la caída de las ventas de automóviles, Francia está atravesada por la desobediencia civil e Italia en abierta rebeldía contra las normas de la UE. Además, un Brexit sin acuerdo perjudicaría a Irlanda (el único miembro de la UE al que la salvaguarda afecta directamente) más que a cualquier otro país, y no sólo por los trastornos obvios al comercio y al transporte.
Una consecuencia mucho más seria para Irlanda es que tendrá que hacerse cargo de implementar la frontera efectiva con Irlanda del Norte que la salvaguarda busca evitar. ¿Qué motivos puede tener el gobierno irlandés para preferir la certeza de tener que poner sus fuerzas policiales y militares a proteger esa frontera ya mismo, en vez de aceptar una solución negociada con Johnson que elimine la salvaguarda al costo de una remota posibilidad de que haya que crear esa frontera dentro de muchos años?
Cuando en Dublín empiecen a hacerse esta pregunta (y en Bruselas, Berlín y París), es probable que la respuesta termine siendo favorable a buscar un nuevo acuerdo para el Brexit. De modo que Johnson probablemente no se equivocó al calcular cínicamente que cerrando el Parlamento aumenta las chances de llegar a un acuerdo para el Brexit en el último minuto. Felizmente, en vista de las temibles derivaciones políticas de este “atropello constitucional” en lo que otrora fue la democracia más estable de Europa, también hay una posibilidad aceptable de que la conducta cuasidictatorial de Johnson provoque una pronta reacción parlamentaria que ponga fin a su carrera política.
Anatole Kaletsky is Chief Economist and Co-Chairman of Gavekal Dragonomics. A former columnist at the Times of London, the International New York Times and the Financial Times, he is the author of Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis, which anticipated many of the post-crisis transformations of the global economy. His 1985 book, Costs of Default, became an influential primer for Latin American and Asian governments negotiating debt defaults and restructurings with banks and the IMF. Traducción: Esteban Flamini.