A principios de junio, durante la reunión del G7 en Reino Unido, los líderes de las siete naciones miembro se comprometieron a defender un impulso global para conservar al menos 30% de la tierra y el agua del planeta para 2030. Este esfuerzo, que en los círculos ambientalistas conocemos simplemente como 30X30 (o el 30 para el 2030) no es un cálculo arbitrario. Es un objetivo claro, respaldado por la ciencia y crucial para abordar tres crisis importantes: el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y el acceso desigual a la naturaleza.
El panorama actual no es alentador. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), solo alrededor de 7% del océano se encuentra actualmente en un área marina protegida (AMP), pero muchas de esas supuestas protecciones son insuficientes, ya que en muchas todavía se permite la pesca industrial o bien se aplican de manera poco enérgica. De hecho, según las cifras más recientes recopiladas en el Atlas de Protección Marina, la porción del océano que está “fuertemente” protegida es de apenas 2.7%.
Asegurar que nuestra tierra y océano estén “fuertemente” protegidos es algo que requiere no solo de voluntad política, sino de la aprobación de leyes a nivel nacional e internacional, no solo para proteger 30% de nuestros recursos naturales, sino para proteger el 30% adecuado para el año 2030. Esto significa que las protecciones deben implementarse de manera equitativa, dando prioridad a la justicia ambiental, impulsando los esfuerzos de conservación de las comunidades locales y priorizando el liderazgo de los pueblos indígenas.
¿Imposible? No lo es. La buena noticia para quienes trabajamos en conservación marina es que son cada vez más los países que están liderando el cambio y haciendo un compromiso serio para proteger su tierra y océano. Eso incluye a varias naciones de América Latina, lideradas por Chile, Panamá y Costa Rica.
Chile, por ejemplo, tiene ya más de 43% de sus aguas bajo el estatus de AMP, pero decidió ir todavía más allá. A principios de junio, el gobierno propuso la creación de una AMP en alta mar, en las cordilleras de Salas y Gómez y Nazca, dos cadenas montañosas submarinas que se extienden por 2,900 kilómetros a través del Pacífico y albergan parte de la mayor biodiversidad del océano.
A pocos días del comunicado chileno sobre la protección de cordilleras submarinas, Panamá anunció una reserva pacífica de más de 67,000 kilómetros cuadrados, casi el tamaño del país, elevando a 30% la protección de sus áreas marinas y convirtiéndose en la segunda nación latinoamericana en lograrlo en el marco de la Iniciativa 30X30 de la ONU. Tras el anuncio, Chile y Panamá se colocaron rápidamente como dos países líderes en la región en la protección de al menos 30% de su tierra y océano.
Sin embargo, los gobiernos municipales, locales, estatales y federales deben ir más allá de escribir y aprobar leyes de protección marina. Hay que hacerlas cumplir. Y es que incluso algunas de nuestras joyas marinas latinoamericanas, zonas supuestamente protegidas como Cabo Pulmo en Baja California, México, o las Islas Galápagos en Ecuador, sufren ya los embates del exceso de turismo, la sobrepesca ilegal, la erosión y el cambio climático.
No es una sorpresa que nuestra cultura colectiva latinoamericana dedique tanta atención y energía a resaltar nuestra relación con el océano. Como latinoamericanos, tenemos una larga y profunda tradición de amor por el océano, algo que se refleja en nuestra música, poesía y literatura. Lo que hace falta es tomar acción. Azul, la organización que fundé hace 10 años, está poniendo su granito de arena invitando a todas las personas a sumarse a nuestra campaña para proteger el 30 para el 2030, sin importar dónde viven o dónde trabajan. El mar es de todos y a todos nos toca ayudar a protegerlo.
Hay una falsa narrativa de que la conservación de nuestros recursos naturales está peleada con la economía, pero los estudios muestran que la protección marina y la acuicultura restaurativa de hecho benefician tanto a la naturaleza como a las personas. Las áreas marinas protegidas sirven como una especie de cuenta de ahorros para proteger lugares vulnerables y de importancia ecológica, y ayudan a reconstruir las poblaciones fuera del área protegida, un resultado que beneficia a los pescadores, las comunidades costeras y los animales del océano por igual.
Es hora de que activistas, legisladores, jefes de Estado y comunidades locales hagamos un compromiso que vaya más allá de la buena voluntad en papel. Los principales reportes científicos, incluyendo el Informe especial sobre el océano y la criosfera del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, nos han demostrado no solo el devastador precio que el cambio climático ha tenido en el océano, sino también el increíble papel que este juega como fuente de soluciones climáticas. Gracias a la ciencia y a la investigación, sabemos ahora que el océano tiene el potencial de proporcionar una quinta parte de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero necesarias a nivel mundial para limitar el aumento de temperatura a 1.5 °C.
Abracemos el objetivo de proteger el precioso recurso del mar, que cubre 70% de nuestro planeta y produce más de 50% del oxígeno que respiramos. De no hacerlo, veremos más acidificación, menos oxígeno y aguas más cálidas a nivel global. Hagamos que el océano permanezca protegido y disponible para beneficio de toda la humanidad.
Marce Gutiérrez-Graudiņš es fundadora y directora ejecutiva de Azul, una organización sin fines de lucro que trabaja en la protección de las costas y océano.