El clima está cambiando. Es una realidad que todos percibimos con creciente preocupación, lo que, de por sí, representa un avance, pero del todo insuficiente. La Humanidad debe actuar con rapidez y decisión, porque, de lo contrario, el aumento de la temperatura y la elevación del nivel de los mares puede llevarnos a un escenario desconocido de imprevisibles consecuencias.
Los gases de efecto invernadero han contribuido al calentamiento global y ello es, en buena medida, producto de la actividad del hombre. El desarrollo económico mundial ha llevado aparejado, de manera casi inexorable, la utilización masiva de combustibles fósiles y la deforestación. Hoy vivimos en una sociedad adicta al petróleo y el principal problema radica en que las consecuencias del cambio climático no pueden precisarse con antelación. No podemos determinar ni el calendario, ni los daños concretos que puede provocar la acumulación en la atmósfera de un determinado nivel de gases de efecto invernadero. Sólo sabemos que las consecuencias pueden ser dramáticas y que, por tanto, no podemos asumir el riesgo, de manera que ha llegado el momento de actuar, aunque sea sobre la base de una información imprecisa.
El cambio climático es, sin duda, el gran desafío global. Las emisiones de CO2 no respetan las fronteras y el coste medioambiental que producen nos afecta a todos. A diferencia de otros problemas propios de la globalización, el cambio climático incide tanto en los países desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Por ello, sólo puede tener éxito una respuesta mundial. La comunidad internacional debe actuar de forma concertada, sin fisuras, y aplicar las regulaciones necesarias para garantizar una gestión eficiente y justa de ese bien común, que es nuestro planeta.
Esa respuesta colectiva requiere construir una profunda concienciación. Todos tenemos una responsabilidad, todos debemos aceptar que la emisión de gases de efecto invernadero provoca un daño irreversible al planeta. Revertir el calentamiento exige respuesta ciudadana, responsabilidad corporativa y consenso internacional. Los principales países del mundo, sin excepciones, deben asumir como propio un gran proyecto común: reducir las emisiones de CO2. El objetivo debe ser limitar la dependencia del petróleo y avanzar hacia una economía baja en emisiones de gases contamiantes.
Limitarlas requiere un amplio abanico de políticas y desarrollar urgentemente nuevas soluciones tecnológicas en el campo energético. La tecnología debe reducir el precio de las energías limpias y desarrollar fórmulas de consumo más eficiente. Penalizar las emisiones de CO2 exige imponerles un precio apropiado.
En teoría, resulta irrelevante que la fijación de un precio se instrumente a través de un impuesto o mediante el comercio de emisiones. Un impuesto sobre las emisiones puede reducir las dificultades en la asignación de objetivos y cuotas entre países. Además, en el diseño del sistema impositivo, podría resultar una alternativa más eficiente que gravar el ahorro o el trabajo. El sistema de compra de derechos tiene, sin embargo, dos grandes ventajas. Primero, que la comunidad internacional ha avanzado significativamente en su desarrollo. Segundo, que permite flexibilidad para alcanzar los objetivos de emisión de la forma más eficiente posible. En todo caso, cualquiera de las dos opciones puede ser válida. Lo importante es que exista un precio adecuado, global y sostenible en el tiempo, que apoye la transición hacia una economía baja en emisiones.
La cumbre de Río y el Protocolo de Kioto han constituido respuestas relevantes a la creciente conciencia política y social sobre el cambio climático. El acuerdo, aunque impone a los países desarrollados la obligación de reducir sus emisiones y establece un sistema de compra de derechos tiene, sin embargo, limitaciones. La más relevante: las excepciones. EEUU, un país responsable del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, no ha suscrito el protocolo. Y países como la India y China, que sí han ratificado el acuerdo, no están obligados a reducir sus niveles de emisión.
Hoy el marco de Kioto debe ser fortalecido actuando en varios frentes. En primer lugar, el esfuerzo debe ser global. EEUU no puede eludir su responsabilidad y tiene que contribuir activamente a la reducción de emisiones. Los países en vías de industrialización -responsables de aproximadamente el 40% de los gases contaminantes- también deberán aumentar sus compromisos en la lucha contra el calentamiento global. Los daños causados al planeta por los países ricos durante décadas no pueden servir de justificación para que las industrias de algunas economías en desarrollo provoquen daños medioambientales insostenibles. Y China y la India deben liderar este compromiso.
En EEUU, el escenario político ha cambiado. Las nuevas mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes, y el creciente compromiso medioambiental manifestado por la comunidad empresarial, deben permitir limitar las emisiones a nivel federal y desarrollar un mayor esfuerzo en el ámbito de la innovación. Es imprescindible que la sociedad estadounidense ponga a trabajar todas sus capacidades financieras y tecnológicas por el bien de la Humanidad.
En tercer lugar, debe ponerse un mayor acento en la lucha contra la deforestación. No tiene sentido incentivar la plantación de árboles si, al mismo tiempo, se permite la tala indiscriminada en determinados lugares que, unida a los incendios, están acabando con enormes superficies forestales en el planeta cada año. Sólo la tala de árboles en algunas áreas de Brasil o Indonesia neutralizará, por sí misma, buena parte de los efectos que se deriven de los esfuerzos de Kioto. En mi opinión, el mantenimiento de los pulmones del planeta y la renuncia a su explotación económica, deben tener un adecuado reconocimiento y apoyo internacional.
Finalmente, se debe impulsar de forma más decidida la cooperación destinada al desarrollo tecnológico. Aquí, el esfuerzo también debe ser global. Sólo de esta forma la innovación permitirá avanzar, con rapidez y de forma significativa, en la diversificación y la eficiencia energética. Un consumo eficiente puede constituir la mayor fuente de ahorro de emisiones en el sector de la energía. Por su parte, la captura y el almacenaje de CO2 debe permitir continuar con la utilización de combustibles fósiles sin provocar daños medioambientales.
En España, el Gobierno ha de asumir su responsabilidad. Primero, para contribuir a la construcción de consensos internacionales. Segundo, para reducir las barreras que frenan los necesarios cambios de comportamiento sociales. La información y la política educativa deben fomentar que los consumidores y las empresas sean plenamente conscientes del impacto de sus acciones y de las potenciales alternativas. Todos debemos incorporar las preocupaciones medioambientales en cada una de nuestras decisiones y rutinas.
En la agenda económica, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la calidad de vida deben convertirse en una verdadera prioridad y en el eje de toda acción de Gobierno. La economía española debe estar en condiciones de enfrentarse al cambio estructural más importante en décadas: la transición a una economía baja en emisiones. Para ello, España necesita una política de reformas estructurales ambiciosa. La experiencia demuestra que sólo las economías flexibles y dinámicas pueden superar profundas transformaciones con éxito.
Y las reformas deben venir acompañadas de nuevos marcos fiscales y de apoyo financiero creíbles y sostenibles en el tiempo. Hay que crear las condiciones adecuadas para que el conjunto de los agentes productivos se mueva hacia una economía baja en emisiones. Con una política adecuada, reducir las emisiones será la opción más eficiente en términos de coste-beneficio para garantizar un mayor crecimiento y una mejor calidad de vida en el futuro.
Luchar contra el cambio climático es la única estrategia de crecimiento posible.
Juan Costa Climent, presidente de Ernst & Young Abogados y ex ministro de Ciencia y Tecnología.