A la vista del espectáculo que estamos padeciendo, es ya un lugar común sostener que vivimos una reforma constitucional encubierta. Los círculos oficiales incluso asumen esta idea y las pruebas de ello son la naturalidad con la que aceptan la «plurinacionalidad» de España, que contradice groseramente el artículo 2 de la Constitución, y la declaración reciente del presidente del Gobierno: «La negociación bilateral con Cataluña supone un paso en la federalización del sistema autonómico». Una afirmación sorprendente: primero, porque una negociación bilateral es justo lo contrario de aquello que es propio de los sistemas federales en los que el todo y todas las partes actúan de consuno; segundo, porque ¿quién le ha dado atribuciones al presidente Sánchez para avanzar en esa «federalización»?
Se puede defender -y muchos lo hemos hecho- la oportunidad de que nuestro Estado de las Autonomías acabe alojando en su seno todos los componentes del Estado federal, pero hacer realidad este deseo lleva unos trámites que deben partir de la discusión en los foros pertinentes y culminar en los imprescindibles acuerdos legales. En modo alguno se puede admitir que esta evolución del sistema descentralizado que habita en la Constitución sea la consecuencia de una ocurrencia del presidente del Gobierno vertida en un mitin o en una entrevista con un periodista complaciente.
De manera que todo parece indicar que es el propio Gobierno el que está implicado en un escamoteo constitucional por sus necesidades de supervivencia. Si esto es así, y los testimonios son palmarios, entonces el ciudadano reflexivo debe estremecerse al pensar en la frivolidad con la que se está caminando hacia la plurinacionalidad o la federalización, hilvanadas ambas con andrajos argumentales. Sin una partitura fiable.
Parece mentira tener que explicarlo a estos gobernantes: los sistemas políticos, a lo largo de la historia, se han construido como consecuencia de procesos históricos complejos que siempre han ido acompañados de las reflexiones de gentes con caletre, no de presidentes ni ministros aficionados, doctores en el enredo y la trapaza.
Así, el sistema que se empieza a edificar a partir de las Cortes de Cádiz libó en las páginas escritas o en los discursos pronunciados por Jovellanos, Martínez Marina, Muñoz Torrero, Agustín Argüelles, el conde de Toreno et alii. Son ellos los que instalan las vigas maestras fabricando los conceptos básicos de los que penden todos los demás: la nación, la soberanía, los poderes del Rey, la emergencia del gobierno representativo, la independencia judicial, los municipios, las provincias...
Cuando España se libra del maleficio de Fernando VII, el ansia por beneficiarse del ingenio de los mejores españoles llevó a la inauguración del Ateneo de Madrid (diciembre de 1835), donde el duque de Rivas, su presidente, proclamará que «para pensar es indispensable ser libres». Pues bien, en ese Ateneo fueron dictadas importantes lecciones sobre el naciente derecho constitucional por personajes de la talla de Antonio Alcalá Galiano, Juan Donoso Cortés y Joaquín Francisco Pacheco, desde el moderantismo; y por Joaquín María López, en otro Ateneo paralelo, por el lado del progresismo.
Es en esas tribunas donde se debatió acerca de la soberanía compartida, los derechos fundamentales, el sufragio, las dobles cámaras parlamentarias; es decir, sobre todos aquellos elementos que insuflaron vida a las instituciones políticas de los textos constitucionales de la época (1837, 1845 y sus reformas posteriores, hasta las finiseculares). Siempre precedidos o escoltados por los trabajos de los estudiosos citados, quienes, a su vez, se habían alimentado de las obras de Montesquieu, de Rousseau, de Benjamin Constant, de Jeremías Bentham, etc.
Al impulsarse las novedades administrativas de la década moderada y posteriores, son nombres como los de Javier de Burgos, Alejandro Oliván o José Posada Herrera, curtidos en los secos saberes jurídicos, los ocupados de iluminar al poder afianzando las doctrinas que han de servir de brújula: sobre la burocracia, la jurisdicción contencioso-administrativa, la Guardia Civil o la reforma tributaria.
En los albores del siglo XX, de nuevo, nos encontramos con unos pensadores reformistas empeñados en enmendar los yerros que estaban agostando la vida de las instituciones. El enfado de las mejores cabezas con una monarquía -la de Alfonso XIII- que no acertaba a auscultar los latidos de la España que se desperezaba los llevó a escribir, participar en banquetes, hablar y descorchar el champán de las ideas. Con las burbujas de la crítica, que son las mejor sazonadas.
Es la época de los regeneracionistas, entre ellos, el de pluma más inflexible, el aragonés Joaquín Costa, o los leoneses Francisco Giner de los Ríos y Gumersindo de Azcárate. En el tintero de todos ellos es donde moja su pluma uno de los profesores más prolíficos e influyentes, el asturiano Adolfo Posada, que colaboró en la reforma de la legislación social con Eduardo Dato y en la del régimen local con Antonio Maura. Lo mejor de la obra legislativa del gallego José Calvo Sotelo procede de las lecturas de estos ensayistas, esperanzas civiles de un tiempo desesperanzado.
Hasta en las instituciones de la dictadura del general Franco dejaron su huella -o fueron directamente ingeniadas por ellos- algunos catedráticos que dieron forma a las pintorescas invenciones de la época. Pensemos, entre otros, en Javier Conde, estudioso de Carl Schmitt, o en Jesús Fuey. O en López Rodó, numen de atinadas novedades administrativas.
Y, en fin, ya en nuestros días, con la recuperación de la democracia, son muchas las plumas que influyen de manera clara en las hechuras de nuestra convivencia: permítaseme evocar a la primera generación de magistrados constitucionales o a personalidades como Enrique Fuentes Quintana o Eduardo García de Enterría. Pero es que además, en aquella época, en los cuadros dirigentes de la UCD, del PSOE y del PCE hubo cabezas lúcidas y plumas brillantes sin las que nada o poco se hubiera podido avanzar. El pensamiento de todos ellos sirvió para liberar de barrotes a la rudimentaria herencia de la dictadura.
La pregunta ahora es: ¿quiénes son las cabezas pensantes que están dando cuerpo y rigor a la «plurinacionalidad» y a la «federalización»? ¡Queremos nombres y currículos para tranquilizarnos! Aun a sabiendas de que lo de la plurinacionalidad es una melonada, ya que, según he escrito varias veces, España no es un Estado plurinacional; pero, si lo fuera, es mejor no decírselo a nadie porque todos los Estados plurinacionales han acabado como el rosario de la aurora. Y respecto del federalismo, queremos enterarnos de cuáles son los ingredientes de los modelos americano o alemán que está dispuesto a asumir el PSOE en el diseño de la «federalización» aireado por el presidente del Gobierno. Sin recurrir a generalidades granadinas o cántabras sino aquilatando conceptos y perfilando instrumentos. ¡Letra pequeña, señoras y caballeros del PSOE! Cuando se manda en un país, se está obligado a pulir y pulir los detalles.
¿Hay alguien en ello? ¿En los laboratorios de ideas del PSOE? ¿Entre los miembros de su dirigencia? ¿Entre los diputados/as y senadores/as? ¿Entre los militantes? Las plumas laboriosas y de prestigio que, con ocasión de asuntos concretos, salen en defensa de las tesis gubernamentales, mucho me malicio que dirían lo contrario si otras fueran las obediencias de los protagonistas.
De momento, como escribiría Quevedo, en todo ese mundo predominan las «lenguas condenadas a perpetua cárcel y poseídas del silencio». Y quienes no hablan es sencillamente porque no tienen nada que decir.
Por ello, el peligro que aflige a la España constitucional es la inconsistencia del Partido Socialista Obrero Español. Su exasperante levedad. La destreza de volatinero que, con impudicia, exhibe a diario quien es el secretario general y presidente del Gobierno no es más que su reflejo. ¡Pintan bastos!
Francisco Sosa Wagner es catedrático universitario y autor, junto a Mercedes Fuertes, de 'Clásicos del Derecho Público. Biblioteca básica para estudiosos y curiosos (Tomo I)' (Marcial Pons 2023)