Pueblo en vilo

Por Porfirio Muñoz Ledo, diplomático mexicano (EL PAÍS, 30/01/07):

Hace cuatro décadas, el historiador mexicano Luis González y González conmovió con la publicación de un libro que narra los avatares del acontecer nacional vividos desde un pequeño poblado, San José de Gracia. Por ese afamado trabajo, llamado Pueblo en vilo, se le conoce como el fundador de la “microhistoria”.

El título de esa obra refleja fielmente la situación en la que México se encuentra tras veinte años de políticas erráticas, la deserción de Vicente Fox y la insolente manipulación del proceso electoral de 2006. Se trata, literalmente, de un pueblo en vilo, esto es, “suspendido, sin el fundamento o apoyo necesario; sin estabilidad”; o bien, “con indecisión, inquietud y zozobra”, según el diccionario de la Real Academia.

México está lejos de haber vuelto a la normalidad democrática. De poco valen las condenas de los intelectuales orgánicos de la derecha contra los inconformes y las prédicas de los moderados en favor de una institucionalidad maltrecha. La verdad es que se han roto los pactos políticos que hicieron posible el inicio de la transición y la alternancia pacífica en el Gobierno. Enfrentamos un problema de legitimidad del poder presidencial y una frustrante sensación de engaño por parte de la población.

Analistas imparciales han descrito el escenario como el de un mandatario sin mandato. Un gobernante “que se abre camino entre gritos, protestas y reclamos”, sin ninguna movilización pública que lo respalde y con todos los manifestantes en su contra. Una “transmisión truculenta del poder que la televisión ignora y los conductores insisten en maquillar”. Una crisis que la comunidad internacional “ha preferido minimizar, en vez de reconocer”. Pero lo que es peor: un país donde el 42% no cree en la legalidad de las elecciones y el 66% ve a México estancado o en retroceso.

Al margen de cualquier ideología, hay que analizar los datos con rigor. La empresa GEA-ISA sostiene que mientras en enero del año pasado el 55% de los encuestados se declaraba insatisfecho con el funcionamiento de la democracia en el país, en agosto el porcentaje había subido al 72%. A la pregunta “¿Cree usted que México es realmente una democracia?”, el 47% respondía a principios de 2006 por la negativa, y tras las elecciones, el 59%.

Lo que resulta más preocupante es el 13% de ciudadanos que, según Consulta Mitofsky, proponía en septiembre un levantamiento armado contra el Gobierno. En encuesta reciente, la empresa De la Riba descubre que más de 8 millones personas estiman que los problemas del país sólo encontrarán solución mediante métodos radicales; en tanto que cerca de 10 millones estarían dispuestas a evitarlo a cualquier precio. Hay un alto porcentaje de mexicanos que desafían, en uno u otro extremo, la institucionalidad prevaleciente.

Semejantes núcleos duros acusan una polarización vecina a la de Chile en tiempos de Allende. Qué razón tenía Vidal-Beneyto cuando afirmaba que López Obrador funge más como rienda que como espuela de la rebelión y que su presidencia simbólica es prenda inequívoca de pacifismo. Cabe recordar que, desde los acuerdos de apertura que el antiguo régimen convino con la oposición, a fines de los setenta, la izquierda partidaria y social ha practicado invariablemente la no violencia, a pesar de las numerosas víctimas que ha padecido.

La Convención Nacional Democrática de septiembre anterior refrendó esa línea de conducta, no obstante que está en juego la posibilidad misma de acceder al poder por la vía electoral. En vez de alentar tentaciones golpistas, difirió sus demandas para un plazo más largo mediante la conformación del Frente Amplio Progresista, al que concurren los partidos de la Coalición y organizaciones civiles y sindicales independientes. Promueve además un amplio movimiento popular con el objetivo explícito de modificar el sistema constitucional; de instaurar una nueva República.

Una eventual reconciliación nacional pasa necesariamente por el reencuentro de la legitimidad extraviada. Por la decisión de retomar el hilo de la transición y restablecer las reglas del juego democrático. Por el reconocimiento de los excesos incurridos y la derogación de un pasado autoritario. También por la reversión de políticas económicas neoliberales que han agudizado la dependencia externa y conducido a elevaciones insólitas de los precios, comenzando por la leche y la tortilla. Por la construcción de consensos básicos en torno a la situación del país y su futuro. Lo que algunos insisten en denominar “la Moncloa mexicana”.

Por desgracia, Felipe Calderón arrastra el fardo de sus deudas políticas con el pasado inmediato y con los actores económicos que forzaron su llegada al poder. Lo he llamado “el cachorro enjaulado”, porque asume sus ataduras como inevitables y se sostiene en ellas. En vez de ensayar un Gobierno de coalición, armó uno de colusión, con los monopolios de la comunicación, las oligarquías gremiales y los dueños del dinero, que subraya la dramática sumisión del Estado frente a los poderes fácticos.

La política de “mano dura” no es sino una compensación sicológica y mediática respecto a la fragilidad congénita del Gobierno. En Oaxaca violenta con sistemática crueldad los derechos humanos a fin de pagar facturas de complicidad electoral a un sátrapa vernáculo. En Michoacán, Guerrero y Tijuana combina todas las disponibilidades armadas y policíacas del Estado para acorralar al narcotráfico. En todos los casos, el resultado es dudoso y costoso. Incurre en el añejo pecado latinoamericano de politizar el empleo de la fuerza pública.

Las extradiciones de conocidos narcotraficantes obsequiadas a Estados Unidos contravienen el derecho interno. No se ha aguardado la conclusión de los procesos, ni cumplido la garantía de audiencia, ni asegurado que las eventuales penas no sean superiores a las que la legislación permite. Se les expide sin miramientos a las formas legales ni consideración a sus derechos fundamentales. El Gobierno aporta así una cuota adicional a la migración irregular.

La sorpresiva unanimidad alcanzada en el Congreso al aprobar las leyes fiscales y el presupuesto abre vías de entendimiento. Sobre todo si se contrasta con la ferocidad que días antes llevó a los legisladores a la toma de la tribuna del Congreso. La oposición hizo gala de su fuerza negociadora y el Ejecutivo ajustó sus propuestas para evitar la confrontación. A diferencia del sexenio anterior, en que los diputados fueron rehenes del presidente,ahora éste cede de entrada espacios al legislativo. Tendencia que apunta hacia la parlamentarización del sistema.

Simultáneamente, los senadores presentaron una iniciativa de ley para la Reforma del Estado, por la que se convocaría a todos los actores relevantes a participar en un proceso conducente a “concluir la etapa pendiente de la transición mexicana y presentar al Congreso las modificaciones necesarias a la Constitución del país”. El proyecto tiene la virtud de admitir que la última elección fue “profundamente inequitativa” y que “el dictamen del Tribunal electoral generó un déficit de legitimidad” en la investidura presidencial. Lo anima un espíritu de refundación.

¿Una suerte de convención constitucional a la europea? Es muy pronto para decirlo, pero sí sabemos que el empeño requiere niveles más altos de conciencia histórica y de voluntad política que los exhibidos hasta ahora.