¿Puede el Vaticano rescatar a Venezuela del borde del abismo?

“Estábamos al borde del abismo”, dice un conocido chiste venezolano. “Pero ahora hemos dado un gran paso adelante”.

Hasta el mes pasado, Venezuela contaba con una vía constitucional clara para resolver la profunda crisis política, económica y social que ha azotado a esta nación de 30 millones de habitantes prácticamente desde la llegada al poder del presidente Nicolás Maduro en 2013: un referendo revocatorio que allanaría el camino para la celebración de nuevas elecciones.

La oposición había obtenido permiso para llevar a cabo una campaña de recolección de firmas a finales de octubre para convocar el referendo. Pero el 20 de octubre, el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el Gobierno, suspendió el proceso. El dudoso pretexto fue un conjunto de fallos emitidos simultáneamente por varios tribunales penales regionales que alegaban fraude durante una etapa anterior del proceso. Aparentemente fue una victoria para el ala dura del Gobierno, impresión que fue reforzada por el hecho de que los fallos de los tribunales no fueron anunciados por los jueces que supuestamente los emitieron, sino por un grupo de gobernadores estatales vinculados con el ala más intransigente del partido gobernante.

Esta jugada dejó a los venezolanos al borde del abismo. La suspensión del referendo debilitó a las voces moderadas de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), agravó las tensiones internas de su liderazgo multipartidista e incrementó el riesgo de un desenlace violento, a medida que el Gobierno se preparaba para reprimir las protestas que probablemente se vuelvan cada vez más agresivas.

La misión de rescate del Vaticano

Un rayo de esperanza surgió cuando el Vaticano intervino para reforzar una frágil iniciativa de mediación – denominada “facilitación” por sus organizadores y “acompañamiento” por la Iglesia – que había sido liderada por el ex primer ministro español José Luis Rodríguez Zapatero. En respuesta a las solicitudes formales de ambas partes emitidas en septiembre, y con un nuevo sentido de urgencia tras la suspensión del proceso de referendo, el Vaticano mandó un enviado especial – Monseñor Emil Paul Tscherrig, Nuncio Apostólico en Argentina – quien anunció que ambas partes se reunirían el 30 de octubre para “el inicio de un diálogo”.

Tscherrig era un substituto temporal, nombrado en el último momento, del mediador designado, Monseñor Claudio Maria Celli, quien entonces se encontraba en China. Los eventos se desarrollaron tan rápidamente que, en una inusual desviación del protocolo, el Papa Francisco aceptó conceder una audiencia de media hora organizada a toda prisa al presidente Maduro, quien había estado de gira por Oriente Medio. Durante la reunión, parece ser que el Papa resaltó la necesidad de una solución electoral en Venezuela y la liberación de los presos políticos. La cita en Roma coincidió con el anuncio de Monseñor Tscherrig el 24 de octubre del inicio del proceso de diálogo.

Una señal de lo tenso que está el ambiente en el país es que, a pesar de haber presionado repetidamente por la mediación del Vaticano, la delegación de la MUD solo haya alcanzado un acuerdo interno para asistir a las negociaciones media hora antes de que comenzaran el 30 de octubre después de lidiar con duros desacuerdos internos. De los miembros del llamado G4 (los cuatro partidos principales de la MUD, que dominan la alianza), solo tres se sentaron a la mesa. Voluntad Popular (VP) dijo que solo se uniría a cambio de mayores concesiones del Gobierno, mientras que los otros tres se comprometieron a abandonar la mesa si no lograban obtenerlas.

El día después de las negociaciones, el Ejecutivo hizo un primer gesto de buena voluntad al liberar a cinco presos políticos, el primer gesto de este tipo desde la liberación de un solo preso el 9 de septiembre. La reacción inmediata de la oposición fue que, si bien este había sido un paso importante, no era suficiente. Según la coalición opositora, más de 100 disidentes permanecen encarcelados o bajo arresto domiciliario a la vez que miles de venezolanos sufren diversos tipos de restricciones como no poder salir del país. Todos los liberados habían sido detenidos en los últimos meses y ninguno de ellos estaba entre las figuras más emblemáticas entre rejas.

Mucho dependerá del Vaticano y de los otros tres facilitadores que trabajarán bajo los auspicios de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR). Sus esfuerzos han recibido el respaldo de Washington entre otros, que inmediatamente envió a su Subsecretario Thomas Shannon a Caracas para participar en una ronda de reuniones. Pero si no se logran avances sustantivos rápidamente, el proceso de negociación podría venirse abajo y revivirlo podría suponer una tarea muy complicada. De fracasar, el Vaticano ha indicado que podría retirarse por completo. La fractura de la MUD, que es otra posibilidad, sin duda deleitaría al Gobierno aunque complicaría aún más una posible solución negociada.

El Gobierno y la oposición tienen previsto reunirse de nuevo el 11 de noviembre. Mientras tanto, cuatro grupos de trabajo – cada uno presidido por un facilitador externo – abordarán algunas de las cuestiones más apremiantes. Zapatero se encargará de los puntos de la agenda relacionados con el Estado de derecho; el representante papal Claudio Maria Celli de temas de verdad, justicia y reparación; el expresidente de la República Dominicana Leonel Fernández de la crisis socioeconómica; y Martín Torrijos, expresidente de Panamá, del fomento de la confianza y las elecciones. Pero varios líderes destacados de la oposición han dicho que la MUD abandonará el proceso si no se cumplen sus condiciones antes de la próxima reunión. Estas incluyen un cronograma claro para la celebración de elecciones anticipadas y la liberación de presos, la eliminación de restricciones al Parlamento y una autoridad electoral neutral.

Aún si tienen éxito, las negociaciones no resultarán en un cambio inmediato de gobierno, como exige el ala más combativa de la MUD. Lo máximo que podría esperar la oposición es que se acuerde un mecanismo para adelantar las elecciones presidenciales (previstas, según la Constitución, para diciembre de 2018); el reemplazo de miembros de la junta del CNE por figuras más neutrales; un Parlamento que funcione; la liberación de todos – o casi todos – los presos políticos; y un acuerdo para permitir el ingreso de ayuda alimentaria y médica para aliviar el sufrimiento inmediato de la población.

Calentar las calles

La iniciativa del Vaticano no fue universalmente bienvenida. Desconcertó a la oposición, ya que algunos de sus miembros solo esperaban conversaciones preliminares, y protestaron que la declaración del nuncio apostólico fuese tan prematura. El ala dura de la oposición insistió que era absurdo sentarse a negociar formalmente en el clima actual y sin ninguna indicación por parte del Gobierno de que está preparado para reconsiderar la cuestión del referendo o hacer concesiones significativas.

Inicialmente, la oposición había respondido a la suspensión del proceso de referendo el 20 de octubre con una triple estrategia.

Primero, comenzó a presionar al Gobierno mediante lo que en el lenguaje popular se conoce como “calentar la calle”.

Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional, liderada por la MUD, comenzó a debatir la destitución del presidente por haber violado la Constitución, por supuesto “abandono del cargo” o incluso por poseer nacionalidad colombiana, y por tanto ser constitucionalmente no apto para el cargo. El problema es que, dado que el poder ejecutivo controla las demás instituciones del Estado, en cualquier caso el proceso probablemente iba a terminar siendo meramente declamatorio.

El tercer elemento del plan de la MUD era internacional. Pretendía reiterar la exigencia de que la Organización de Estados Americanos (OEA) aplicara su Carta Democrática Interamericana, lo que podría llevar a la suspensión de Venezuela de la organización. Asimismo, amenazó con tomar medidas contra el Tribunal Supremo y el CNE ante la Corte Penal Internacional, una propuesta que incluso los expertos en derecho internacional que simpatizaban con la MUD consideraron desacertada.

En medio de la confusión que rodeó la suspensión del referendo y el anuncio de la iniciativa del Vaticano, la MUD organizó una mega protesta nacional el 26 de octubre. En más de una docena de ciudades provinciales, los manifestantes fueron dispersados por escuadrones antidisturbios de la policía y la Guardia Nacional, a menudo acompañados por matones civiles armados. Observadores de derechos humanos denunciaron 140 arrestos y docenas de heridos que incluían lesiones de bala. En Caracas, decenas de miles obstruyeron la principal autopista que atraviesa la ciudad.

Si bien la protesta en Caracas transcurrió en relativa paz, hubo llamados a marchar de inmediato al palacio Miraflores, sede de la presidencia. Con dificultad, los líderes opositores insistieron en posponer la marcha hasta el 3 de noviembre, y posteriormente – a instancias del Vaticano – la suspendieron. La oposición también aplazó su debate fundamentalmente simbólico en el Parlamento para determinar la responsabilidad política del presidente por la crisis.

Divisiones en la oposición

Tras el anuncio inicial de que la MUD aceptaba las negociaciones mediadas por el Vaticano, su secretario general Jesús “Chúo” Torrealba insistió en que el diálogo y las protestas eran aspectos complementarios de la estrategia de la oposición. De hecho, ambas partes afirman estar comprometidas a bajar la temperatura política. Pero los moderados de la oposición están bajo enorme presión del ala dura para demostrar que vale la pena buscar el diálogo.

La MUD, al igual que el Gobierno, está dividida. Algunos de sus partidos miembros, en especial VP, tienen divisiones internas y las facciones partidarias del diálogo a menudo son tachadas de traidoras en airados intercambios en las redes sociales. El actual enfrentamiento está agravando estas divisiones.

No obstante, ahora que está involucrado el Vaticano será difícil para la MUD abandonar las negociaciones, incluso si el nuevo proceso ofrece escasos beneficios inmediatamente tangibles. El otro precio fundamental que ha pagado la oposición por aceptar las negociaciones es que el tercer aspecto de su plan, el elemento internacional, tendrá que ser aplazado por ahora. Como fue evidente en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cartagena, Colombia, a finales de octubre, la promesa de negociaciones alivia la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Todos tienen en mente la experiencia de 2003-2004, cuando las negociaciones con mediación internacional llevaron a un acuerdo para celebrar un referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez. El gobierno logró posponer el referendo hasta que sus programas sociales, financiados por el alza en los precios del petróleo, mejoraron su imagen en las encuestas y le permitieron evitar ser revocado. El temor de algunos miembros de la oposición es que Washington, el Vaticano y otros Estados extranjeros favorezcan la estabilidad sobre el cambio de régimen si se los obliga a elegir, y que su campaña para destituir a Maduro pierda impulso si aceptan las negociaciones.

Una amenaza existencial

El énfasis del Gobierno en conservar el poder en el corto plazo no significa que se sienta seguro. Podría haber usado su control del Tribunal Supremo y el CNE para bloquear el referendo meses atrás. Ya ha aplazado las elecciones regionales programadas para diciembre. Pero era consciente del riesgo que implicaba cerrar la válvula de escape electoral, y por ello había preferido emplear tácticas para retrasar el proceso. Aparentemente convencido del apoyo de los militares, ahora ha optado por enfrentar el malestar social y el oprobio internacional en vez del veredicto de las urnas. Esto se debe a que cualquier posibilidad de transición política representa una amenaza existencial para el ala dura del Gobierno.

El Ejecutivo bien podría seguir apuntando a patear la pelota hasta el 10 de enero, cuando Maduro comenzaría los últimos dos años de su presidencia. Después de esa fecha, la partida de Maduro no resultaría en un cambio de gobierno, ya que la Constitución permite que sea reemplazado por un vicepresidente designado. Si esa es su intención, el Gobierno se declarará ganador. Pero ninguno de los problemas subyacentes habrá sido resuelto y las perspectivas para Venezuela serán extremadamente inciertas.

La crisis continuará, no solo para los venezolanos comunes, sino también para el Gobierno, que a pesar de su aparente fortaleza se enfrenta a una grave escasez de fondos, un público hostil y divisiones internas que bien podrían profundizarse una vez pase la amenaza inmediata. A lo largo del próximo año, Venezuela está obligada a desembolsar, tan solo en pagos de deuda, un monto mayor que sus actuales reservas internacionales. Si el ala dura decidida a cerrar las puertas a cualquier posibilidad de transición política o espacios institucionales para sus detractores gana la lucha por el poder, es muy probable que en una disputa similar dentro de la oposición también salgan victoriosos los elementos más radicales.

Si fracasa, la intervención del Vaticano para reiniciar el diálogo será recordada como otra oportunidad perdida en el camino a un conflicto aún mayor. Sin embargo, la autoridad moral del Papa es tal, especialmente en un país católico como Venezuela, que abandonar la mediación del Vaticano podría resultar demasiado costoso para ambas partes, y a la larga podría alcanzarse un acuerdo. En ese caso, los moderados ganarían fuerza, y la mediación podría sentar las bases de una transición negociada. Para muchos venezolanos, la probabilidad de que eso suceda está en manos de un poder superior, y en ese sentido el Papa Francisco cuenta con los mejores contactos. En respuesta a la pregunta de si había algún factor oculto que hiciera que el Vaticano fuera más optimista que muchos simples mortales, una fuente eclesiástica hizo una mueca. “¿Algo oculto?” dijo. “Creemos en los milagros”.

Phil Gunson, Senior Analyst, Andes.

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