El domingo 27 de agosto, los guatemaltecos y quienes siguen de cerca los avances de la lucha contra la corrupción en Guatemala y América Latina se sorprendieron ante la decisión del presidente Jimmy Morales de declarar persona non grata al comisionado Iván Velásquez, cabeza de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de expulsarlo del país.
La decisión de Morales es un mecanismo de defensa por el antejuicio que el Ministerio Público presentó en su contra, a raíz de la investigación sobre el origen del dinero recibido durante su campaña electoral por el partido Frente de Convergencia Nacional que lo llevó al poder y del cual era secretario general.
Ahora, un fallo sin precedentes de la Corte de Constitucionalidad ha obligado al presidente a suspender de forma definitiva la expulsión del comisionado Velásquez. Esta decisión permite llevar aún más adelante la lucha anticorrupción en Guatemala. Pero los obstáculos a superar son formidables.
En el primer round Jimmy Morales y la corrupción fueron derrotados. Pero el enfrentamiento entre el presidente y el comisionado anticorrupción ha sacado a luz las enormes debilidades institucionales del país y también heridas profundas de un conflicto que lo atrapan en una lucha ideológica trasnochada. Los defensores del statu quo consideran a la CICIG un instrumento de la izquierda, que atenta contra la soberanía nacional y que intenta imponer nuevas reglas del juego; mientras las organizaciones defensoras de derechos humanos, que han denunciado los excesos cometidos por el ejército durante el conflicto armando en Guatemala, respaldan la labor de la comisión. Es momento de recordar que la lucha por un Estado de derecho no es cuestión de ideologías.
Ante esta situación es imposible no sentir un déjà vu que nos traslada a lo sucedido en 2015 cuando el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti renunciaron a sus cargos por actos de corrupción.
Es raro que un país marcado por la corrupción, la violencia y la impunidad logre exponer los abusos de sus gobernantes. Más raro aún es que los ciudadanos por medio de protestas pacíficas derroquen a un mandatario y lo lleven ante la justicia. Eso fue exactamente lo que sucedió en Guatemala hace dos años cuando el presidente Otto Pérez Molina perdió la inmunidad, dimitió ante el congreso y fue presentado ante los tribunales de justicia por cargos relacionados con actos de corrupción.
La coyuntura hoy es distinta. Muchas de las personas poderosas que se han visto afectadas por las investigaciones de la CICIG, se han unido para atacar su trabajo y para obstaculizar al Ministerio Público. Aun más grave es que el propio presidente busque desbaratar uno de los proyectos más eficientes de lucha contra la corrupción.
Cuando a inicios de 2016, el presidente Jimmy Morales asumió el poder, expresó su apoyo a la CICIG. Pero a partir de que su hijo y su hermano fueron vinculados a un caso de corrupción, su postura cambió radicalmente. Ahora, en un esfuerzo desesperado por evitar verse reflejado en el espejo de su antecesor, Morales quiso solicitar a la Organización de las Naciones Unidas la remoción del comisionado de la CICIG. Su intentó se vio frustrado ante el anuncio de la fiscala general, Thelma Aldana, de renunciar a su cargo si Velásquez era removido o expulsado del país; la población también salió en su defensa.
La CICIG investiga con independencia del poder político local. Esta fortaleza le permitió llevar a juicio, por tráfico de influencias y cohecho, al presidente del congreso Godofredo Rivera, quien fue condenado a trece años de prisión al comprobarse que utilizó su poder para manipular la elección de magistrados para la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones e incidir en una resolución judicial a favor del Partido Patriota y de la vicepresidenta Roxana Baldetti. Con el caso La Línea, la CICIG demostró que el gobierno de Pérez Molina se apropiaba de los impuestos de los contribuyentes. Las actuaciones de la CICIG han servido para desenmascarar la conexión entre la malversación de fondos del Estado, el financiamiento ilícito de campañas electorales y el crimen organizado en el sector de seguridad y justicia.
Aunque Guatemala ha abanderado esta lucha en Latinoamérica, el sistema que facilita la comisión de hechos ilícitos sigue intacto. Los casos que la CICIG ha destapado son tan numerosos que pareciera que toda la estructura de gestión pública y el marco legal han sido diseñados para facilitar el enriquecimiento ilícito y la impunidad. Una “corrupción sistémica” se ha apoderado de varios partidos y del propio Estado, dijo Velásquez recientemente ante la Organización de las Naciones Unidas.
Los logros de la CICIG están restringidos por el funcionamiento de un sistema de justicia débil, que necesita reformas estructurales. Los procesos que debieran ser ágiles y transparentes, se pierden en una serie de recursos frívolos, utilizados para retrasar la justicia. Existen serias dudas sobre la imparcialidad e independencia de los jueces, en especial en las cortes de apelaciones y la Corte Suprema de Justicia. Las últimas elecciones de magistrados pusieron en evidencia la influencia de los grupos de poder y el crimen organizado en las designaciones. En su momento, diversas organizaciones impugnaron ante la Corte de Constitucionalidad el proceso de elección de magistrados. Tres magistrados electos en la Corte Suprema y otros funcionarios judiciales enfrentan procesos por casos de corrupción.
La crisis generada por la amenaza contra Velásquez y la CICIG ha puesto a prueba la utilidad de las instituciones democráticas y la necesidad del equilibrio de poderes. Serán las cortes las que definan el futuro del país. Estas deben actuar con absoluta independencia y garantizar que sus resoluciones se fundamenten en la ley y no en presiones de ninguna clase.
De momento, el tribunal constitucional ha resuelto la expulsión del comisionado, pero el presidente Morales tiene una cita con la justicia. Además del antejuicio que el Ministerio Público presentó en su contra por los fondos ilegales que su partido recibió durante la campaña electoral, también debe responder por los delitos de obstrucción de la justicia, desobediencia, coacción y abuso de autoridad. A la Corte Suprema de Justicia le corresponde tramitar el antejuicio del presidente y trasladarlo al congreso, para que ahí se decida si levantar o no la inmunidad a Morales. Por el bien del país es necesario aclarar la situación jurídica del mandatario, con transparencia y objetividad.
El presidente, por su parte, está obligado a respetar las resoluciones judiciales y a garantizar sin excepción la seguridad de todos los funcionarios del sector de la justicia. Muchos de ellos, en especial los que conocen casos de corrupción, han sido amenazados por las mafias que por años han controlado las instituciones del Estado y se resisten a desaparecer.
En esta coyuntura los ciudadanos tienen la oportunidad de generar propuestas dirigidas a fortalecer las instituciones y a reformar el sistema político que ha permitido que la corrupción campee a sus anchas. La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES) propuso conformar una instancia de concertación ciudadana que sea dirigida por Jordán Rodas, procurador de Derechos Humanos de Guatemala, y Anabella Morfín, quien encabeza la Procuraduría General de la Nación. Ambos funcionarios aceptaron el reto. Este es un buen momento para encontrar puntos de encuentro entre los guatemaltecos. Los organismos internacionales podrían apoyar este esfuerzo, al mismo tiempo que continúan respaldando al comisionado Iván Velásquez y su labor al frente de la CICIG.
Claudia Escobar es jueza de carrera, exmagistrada de la Corte de Apelaciones de Guatemala. Actualmente, es investigadora del National Endowment for Democracy.