El crecimiento económico europeo sigue por debajo de las expectativas. Se esperaba que en 2014 casi todos los miembros de la Unión Europea publicaran cifras de actividad más altas, pero según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional, la tasa de crecimiento promedio de la eurozona apenas superará el 1%. Y aunque la economía británica muestra un fuerte impulso, apenas ahora su PIB sobrepasó la marca anterior a la crisis. Per cápita, la Unión Europea todavía es más pobre que hace siete años.
En este contexto, surgió un nuevo objetivo de políticas públicas: la inversión. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, actualmente a cargo de la presidencia rotativa de la Unión Europea, pidió más inversiones, al tiempo que Jean-Claude Juncker, presidente electo de la Comisión Europea, declaró que es su “primera prioridad”. El objetivo de Juncker para los próximos tres años es movilizar otros 100.000 millones de euros (134.000 millones de dólares) al año (0,75% del PIB) para inversiones públicas y privadas.
No hay duda de que el tema de las inversiones es políticamente atractivo. Es algo en lo que pueden estar de acuerdo los keynesianos y los defensores de las políticas orientadas a la oferta, los partidarios del gasto público y los de la empresa privada. Y el nivel históricamente bajo de los tipos de interés a largo plazo ofrece, sin duda, una oportunidad excepcional para financiar nuevos emprendimientos.
De esto no se deriva automáticamente que los gobiernos deban volcar dinero a proyectos de infraestructura pública o sumar incentivos a la inversión privada en un contexto de mercado que ya es muy favorable. En momentos de reducción de la renta privada, escasez de recursos públicos y alto endeudamiento, los planes de estímulo a la inversión merecen un análisis cuidadoso.
Incluso proyectos que parecen útiles pueden resultar seriamente contraproducentes: hace pocos años, el bienintencionado intento europeo de estimular el uso de energías renovables produjo una burbuja de proporciones macroeconómicas en el sector de la energía solar. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero es necesario, pero la generación actual de fuentes renovables es relativamente ineficiente y no debe ser sustituto al desarrollo de tecnologías más rentables.
Por eso, antes de cualquier intento de alentar la inversión, hay que preguntarse si el escaso crecimiento de Europa no será reflejo de una lentitud anormal en la formación de capital. Y los datos así lo sugieren: entre 2007 y 2013, la inversión se redujo un 18% en la Unión Europea, contra sólo el 6% en Estados Unidos. En el sur de Europa sufrió un auténtico derrumbe; incluso en Alemania, este será el primer año en que se recupere a los niveles anteriores a la crisis.
Pero esta observación no basta, ya que el exceso de inversión inmobiliaria de antes de la crisis hacía inevitable un ajuste abrupto: la alocada construcción de condominios sin compradores y aeropuertos sin pasajeros debía detenerse. Más en general, la inversión tiende a seguir el crecimiento económico: las empresas agregan capacidad solamente si hay demanda para sus productos. Las recesiones implican casi siempre una caída desproporcionada de la inversión.
Por eso, determinar la dirección de la causalidad entre la falta de inversión y la lentitud del crecimiento no es tan fácil como parece. Teniendo en cuenta los diversos factores implicados, el instituto alemán de investigaciones económicas DIW advierte que el faltante de inversiones es real y calcula que para la eurozona equivale a alrededor del 2% del PIB, o sea 200.000 millones de euros. Es una cifra importante que da motivos para la intervención pública.
Surge entonces la segunda pregunta: ¿qué obstáculos hay a la inversión y qué se puede hacer para eliminarlos? En parte, la respuesta es regulatoria. Por ejemplo, en el campo de la producción eficiente de energía y su conservación, el freno a la inversión es la gran incertidumbre respecto de las políticas climáticas del futuro. Un acuerdo europeo sobre el modo de estabilizar el precio del carbono ayudaría a catalizar proyectos privados. En el nivel nacional, también sería útil contar con esquemas bien diseñados y estables para mejorar la eficiencia de la calefacción doméstica. Más en general, la inversión privada necesita normas claras y predecibles.
Pero en parte, la respuesta también es financiera. El auge de la inversión inmobiliaria en Europa antes de la crisis se basó en un flujo irresponsable de crédito del norte al sur del continente. A esto le siguió el racionamiento, cuando los bancos comenzaron a reducir la sobrecarga en los estados financieros y se vieron motivados a no tomar riesgos. Además, el flujo de dinero entre el norte de Europa y los países de la periferia en problemas se invirtió. El resultado fue que no hay crédito barato ni abundante para, por ejemplo, las pequeñas empresas españolas.
Esto demanda una acción inmediata. Muchos han propuesto paquetizar las carteras de préstamos existentes y ofrecerlas a inversores no bancarios; es una idea recomendable. Más allá de correcciones de corto plazo, la prioridad central debe ser alentar la reanudación del flujo de ahorro a través de Europa; pero esta vez como capital, no como depósitos bancarios y préstamos. Para ello, Europa necesita un marco normativo e impositivo adecuado. Además, sería útil que las instituciones oficiales puedan participar de algún modo. Extrañamente, el Banco Europeo de Inversiones (brazo financiero de la Unión Europea) está autorizado a otorgar préstamos y garantías, pero no a invertir en capital; es preciso hallar sustitutos.
Finalmente, hay unos pocos ámbitos para la acción directa de los gobiernos nacionales. Uno de ellos es la infraestructura, siempre que el interés actual en los proyectos de inversión no sea excusa para revivir la afición europea a los elefantes blancos.
¿Será suficiente? Difícil es saberlo. La Unión Europea se enfrenta a un delicado acto de equilibrio entre la necesidad de alentar la inversión y la necesidad de mantener la cautela, especialmente con el uso del dinero público. Juncker, por su parte, tendrá que exhibir dos rasgos simultáneos: determinación y prudencia.
Jean Pisani-Ferry is a professor at the Hertie School of Governance in Berlin, and currently serves as the French government's Commissioner-General for Policy Planning. He is a former director of Bruegel, the Brussels-based economic think tank. Traducción: Esteban Flamini.