Desde hace unas semanas, el proceso de paz de Euskadi parece paralizado y, según la última encuesta del Gobierno vasco, el desánimo ha cundido entre los ciudadanos: un 67% cree que el proceso está estancado o retrocediendo. Las declaraciones de algunos dirigentes de la izquierda aberzale también apuntan en el mismo sentido. Así, Juan Mari Olano, portavoz de Askatasuna (organización de apoyo a los presos de ETA), ha señalado, en presencia de los principales dirigentes de Batasuna, que "todas las luces rojas están encendidas" y que el proceso "está a punto de hundirse". También se ha mostrado pesimista Txema Montero, exeurodiputado de HB actualmente vinculado a la Fundación Sabino Arana, que ha vaticinado que, si no se desencalla la crisis en 10 o 15 días, ETA pondrá fin al alto el fuego para ver cómo reacciona el Gobierno y decidir si vuelve a las acciones armadas. Paralelamente, la multiplicación de los actos de kale borroka y el robo de pistolas en Francia también contribuyen a extender el pesimismo.
Ciertamente,una inadecuada administración del tiempo está pasando factura a un proceso que, erróneamente, muchos creían fácil y rápido. No será así y hay que prever los tropiezos y hacerse a la idea de que lograr la paz es un trayecto largo, difícil y lleno de obstá- culos. Ahora bien, tampoco hay que perder de vista los factores que han propiciado el proceso: la voluntad de Rodríguez Zapatero --y de todos los partidos salvo el PP-- de hallar una salida definitiva al conflicto vasco; el convencimiento de Batasuna (expresado en Ano- eta en noviembre del 2004) y del sector mayoritario de ETA de que hay que optar por las vías políticas, porque la lucha armada no tiene futuro --ni base social-- en la Europa democrática del siglo XXI, sobre todo tras el 11-S y el 11-M; el apoyo internacional que ha recibido el proceso y la implicación de instituciones (incluida la Iglesia vasca) y de mediadores en el mismo. Todo ello lo hace irreversible, de ahí la irresponsabilidad de una ruptura que no haría más que retrasar unos años el final, al trágico precio de incrementar las víctimas de ETA.
La actual crisis requiere un esfuerzo de reflexión que tome como base las premisas que se acaban de apuntar. Si realmente se quiere encontrar una salida definitiva al conflicto hay que prever el coste y controlar el escenario en el que se desarrolla el proceso. Por sí solas, las palabras no tienen un efecto taumatúrgico y, por lo tanto, no es suficiente con verbalizar la voluntad de iniciar un proceso de paz sin contar con la predisposición del poder judicial --o con la posibilidad de adaptarlo a nuevas circunstancias--, sobre todo cuando el principal partido de la oposición está dispuesto a poner todas las trabas posibles, incluida la manipulación de las víctimas del terrorismo.
También hay que saber qué precio se está dispuesto a pagar de acuerdo con la legalidad vigente y tener el coraje de explicarlo a la opinión pública. Hay medidas de confianza que forman parte de este precio, como acercar a Euskadi a una parte de los 507 presos de ETA que cumplen condena en 52 cárceles españolas (8 en 3 cárceles vascas) y su posible reinserción futura. Y, en último término, habrá que encontrar una fórmula constitucional que deje la puerta abierta a la posibilidad de decidir más adelante el encaje territorial y político de Euskadi (los casos de Quebec e Irlanda del Norte pueden ser una referencia).
El mismo esfuerzo de reflexión hay que exigir también a la izquierda aberzale y a ETA. Tampoco en este caso son suficientes las palabras y también hay un precio a pagar. La opción política implica el cese de todo tipo de violencia (incluida la kale borroka y la tutela del proceso con el chantaje de las armas), exige un desarme efectivo y sin condiciones y la aceptación del marco legal en su totalidad --incluidas las decisiones judiciales. Eso quiere decir que los objetivos políticos de la izquierda aberzale (territorialidad y autodeterminación) tienen la fuerza de sus votos, pero no más.
Batasuna debería, pues, ofrecer también medidas de confianza: condena sin paliativos del recurso a la violencia en el futuro y disposición a aceptar el marco legal y democrático facilitando su legalización, aunque sea a través de una ley poco consensuada y que muchos siguen considerando, con razón, desafortunada, poco ajustada a derecho y a los valores democráticos. Sin embargo, hay que tener presente --y esto afecta también al Gobierno-- que será imposible consolidar el proceso sin la legalización de Batasuna. Pero esta tampoco debería olvidar que una ruptura del mismo y el retorno a la violencia solo será responsabilidad de los que han matado y están dispuestos a seguir haciéndolo.
En definitiva, como apunta Javier Balza, consejero de Interior vasco, hay que tener esperanza en que se superará la actual crisis. Para ello es necesario abrir algunas puertas que hoy parecen cerradas y evitar el ruido mediático, que polariza las posiciones y dificulta la mediación, lo cual, dado el poco sentido de Estado del PP, parece difícil. De momento, el presidente del Gobierno sigue contando con el apoyo de la mayoría de ciudadanos que apuestan por la paz para llevar a buen puerto dicho proceso, lo que, como recordó ayer de manera realista en la sesión de control del Congreso, "exige tiempo, temple y tenacidad".
Antoni Segura, catedrático de Historia Contemporánea y director del Centro de Estudios Históricos Internacionales de la UB.